Fuente: Consuelo Císcar, en primer plano, ayer, minutos antes de comenzar el pleno del Consell Valencià de Cultura. :: irene marsilla
No hay líneas rojas en el Consell Valencià de Cultura (CVC). Tampoco la institución consultiva va a dar ejemplo con los miembros investigados judicialmente. Sólo se tomó una medida que no cambia nada -en el más puro estilo gatopardista- y se aprobó por la mínima. Todo sucedió en una reunión plenaria, celebrada ayer, a la que asistieron los dos miembros imputados: Vicent Farnós, encausado por la adjudicación de contratos vinculados a la trama Gürtel, y Consuelo Císcar, cuya gestión al frente del IVAM está en el juzgado de instrucción número 21 de Valencia que investiga los presuntos delitos de malversación, falsedad documental y prevaricación.
El órgano estatutario no se rige por ningún código ético sino por una legislación (ley y reglamento) que no recoge la investigación judicial como causa para expulsar a algún miembro, sólo la condena en sentencia firme (artículo 11 de la ley 12/1985). Después del pleno de ayer el CVC continuará sin código ético y tampoco expulsará a los miembros investigados judicialmente porque el organismo no solicitará a la Generalitat que introduzca ninguna modificación en la actual legislación, es decir, el CVC no tomará ninguna medida eficaz para velar por la imagen de la institución más allá de instar a los consejeros imputados a «renunciar voluntariamente y de manera cautelar de sus funciones» y a «abstenerse de participar en estudios y trabajos de la institución relacionados con actividades de organismos en los que haya ocupado u ocupe algún cargo de responsabilidad». Este compromiso fue bautizado con el nombre de acuerdo sobre transparencia institucional.
Santiago Grisolía «limitará su agenda pública» como presidente de la institución
Aprobar estos dos supuestos no vinculantes -el CVC sólo invita a sus integrantes a «asumir un compromiso»- tampoco fue por unanimidad. De los 18 consejeros presentes, diez votaron a favor, cuatro en contra y el resto en blanco. José María Lozano se abstuvo de votar porque, a su juicio, la propuesta «no es constitucional» dado que los miembros son elegidos por les Corts, tildó la iniciativa de «disparate sin pies ni cabeza» y presentó un voto particular a la votación.
Lozano, que reclamó un informe jurídico para abordar esta cuestión, llegó a cuestionar a Santiago Grisolía por llevar al pleno el acuerdo de transparencia institucional que obliga a los consejeros a «pronunciarse sobre un tema personal de sus compañeros». Agregó: «No sé quién es el que aconseja o asesora a usted en este asunto. Me coloca en una posición dificilísima y me crea un problema organizativo, también me ha creado alguno más íntimo».
Glòria Marcos defendió la medida, aunque se mostró partidaria de que el CVC solicitara la modificación del reglamento, una medida que no adoptó el Consell de Cultura, es decir, no la aprobó la comisión jurídica y no se trasladó a la comisión de gobierno. Sólo si la institución insta a la Generalitat a cambiar la legislación, el ente consultivo puede tener margen par cesar a miembros investigados en sede judicial.
Mientras se debatió la aprobación del acuerdo sobre transparencia institucional, Consuelo Císcar guardó silencio, aunque Lozano defendió la gestión de su «admirada» exdirectora: «Durante el tiempo en el que estuve en el consejo rector del IVAM no ha habido irregularidad alguna ni mucho menos contrataciones inadecuadas, sobrecostes de obras y tantos disparates que aparecen en el sumario en el que se persigue a la exdirectora».
Císcar no tomó la palabra, pero sí lo hizo Vicent Farnós, quien Cultura apartó de la subdirección de Castellón Cultural el pasado enero. Farnós, elegido a propuesta del PP como Císcar y Lozano, se guiará estrictamente por la ley del Consell Valencià de Cultura, es decir, no renunciará voluntariamente ni asumirá el acuerdo de sobre transparencia institucional. Farnós afeó el proceder de la institución consultiva: «Creo en la presunción de inocencia, que es un valor que recoge la Constitución Española y la Declaración Universal de Derechos Humanos y que nosotros deberíamos tener la obligación de defender y no poner en la picota a compañeros desde el primer día a denigrarlos».
Tras el pleno de ayer, los miembros investigados judicialmente continuarán ejerciendo sus funciones si así lo deciden ellos. Como hasta ahora. La aprobación del acuerdo sobre transparencia institucional sirvió para evidenciar la disparidad de criterios de los consejeros y para demostrar que el CVC no tiene líneas rojas ni trabaja para tenerlas.
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