27/06/2016
Uno de cada tres funcionarios de Justicia se jubilará durante los próximos cinco años
Los empleados reclaman reforzar las plantillas de este «servicio esencial» y la conselleria achaca al Gobierno central que no haya planificación
El problema de la congelación de plantillas de funcionarios en la Administración de Justicia valenciana puede verse agravada en los próximos cinco años con las jubilaciones de profesionales previstas. Desde 2010, la Comunitat arrastra un número de empleados judiciales públicos que viene oscilando entre los 4.500 y 4.600, aproximadamente, pese a que la carga de los juzgados y tribunales no para de crecer. Además, y para agravar a esta situación, entre este ejercicio y 2021 estará en disposición de jubilarse alrededor del 35 por ciento de la plantilla actual sin que, por el momento, haya prevista una oferta pública de empleo suficiente para hacer frente a este descenso en el número de trabajadores, por lo que las alarmas se han encendido entre las plantillas.
A fecha 12 de abril de 2016, último dato proporcionado por la Conselleria de Justicia, la plantilla de los juzgados, tribunales y fiscalías valencianos asciende a 4.623 funcionarios, por lo que en los próximos años podrían jubilarse cerca de 1.600 empleados. Esto requeriría que, de media, se hiciese una oferta pública de empleo superior a las 300 plazas anuales.
Según advirtieron desde el sindicato CSI-F, mayoritario en el ámbito de la Administración de Justicia, durante los últimos cinco años ha habido una «escasísima» convocatoria de plazas, que se ha traducido en que únicamente se hayan cubierto una de cada diez jubilaciones; mientras que la cifra de funcionarios interinos se acerca ya al millar, destacaron.
Asimismo, precisaron desde la formación sindical, para el presente ejercicio «sólo se han convocado 200 plazas nuevas en oferta pública de empleo, cantidad que es muy escasa». «Es un servicio esencial para la ciudadanía, por lo que deberían reforzarse mucho más las plantillas», subrayaron.
En esta línea, desde el sindicato CSI-F aclararon que es el Ministerio de Justicia quien, a propuesta de las comunidades autónomas, «saca las plazas de empleo público», por lo que reclaman a la conselleria que solicite un número adecuado a las futuras necesidades de la Administración de Justicia valenciana.
Por su parte, desde la delegación que dirige Gabriela Bravo apuntaron que el número exacto de jubilaciones que se registrarán en los próximos años es muy difícil de calcular, que «en cada caso particular se abre una horquilla de entre tres y cuatro años para optar a la jubilación según los años cotizados». Pese a ello, concretaron que sí sería correcta la estimación del 35 de la plantilla actual.
Bajas temporales
Respecto al porcentaje de interinos añadieron que «es una cifra cambiante». «En estos momentos es de alrededor de un 21% de la plantilla», apuntaron. De ellos, el 13,4% son sustitutos temporales por bajas por enfermedad o maternidad, mientras que el resto son interinos que ocupan puestos vacantes, excedencias con reserva de plaza, servicios especiales o liberaciones sindicales, entre otros puestos.
«El porcentaje de interinidad respecto a la cobertura de bajas, maternidades, distintas situaciones administrativas con reserva de puesto no se puede rebajar dado que es necesario proceder a la cobertura de esas plazas. Para el resto, en efecto, la vía es la oferta pública de empleo», concretaron desde la conselleria.
Asimismo, insistieron en que en el caso de la Administración de Justicia, esta oferta es aprobada por el Ministerio de Justicia, «que es el que determina cuántas plazas le corresponden a cada comunidad autónoma». En 2015, recordaron, a la Comunitat le correspondieron 24 plazas de gestión, 74 de tramitación, 80 de auxilio judicial y 2 de médicos forenses. «La mitad de estas plazas fueron para promoción interna, por lo que no incrementaron el número de funcionarios de carrera», señalaron.
Sin embargo, desde este departamento de la Generalitat lamentaron que para 2016 «no hay todavía previsión, ya que el ministerio no ha querido hacerla dado que está en funciones».
Por tanto, las próximas Elecciones Generales del 26 de junio se antojan fundamentales para solventar esta problemática, puesto que los últimos seis meses de interinidad del Gobierno central han dejado en 'stand by' los refuerzos que necesita la Administración de Justicia valenciana.
las provincias
A fecha 12 de abril de 2016, último dato proporcionado por la Conselleria de Justicia, la plantilla de los juzgados, tribunales y fiscalías valencianos asciende a 4.623 funcionarios, por lo que en los próximos años podrían jubilarse cerca de 1.600 empleados. Esto requeriría que, de media, se hiciese una oferta pública de empleo superior a las 300 plazas anuales.
Según advirtieron desde el sindicato CSI-F, mayoritario en el ámbito de la Administración de Justicia, durante los últimos cinco años ha habido una «escasísima» convocatoria de plazas, que se ha traducido en que únicamente se hayan cubierto una de cada diez jubilaciones; mientras que la cifra de funcionarios interinos se acerca ya al millar, destacaron.
Asimismo, precisaron desde la formación sindical, para el presente ejercicio «sólo se han convocado 200 plazas nuevas en oferta pública de empleo, cantidad que es muy escasa». «Es un servicio esencial para la ciudadanía, por lo que deberían reforzarse mucho más las plantillas», subrayaron.
En esta línea, desde el sindicato CSI-F aclararon que es el Ministerio de Justicia quien, a propuesta de las comunidades autónomas, «saca las plazas de empleo público», por lo que reclaman a la conselleria que solicite un número adecuado a las futuras necesidades de la Administración de Justicia valenciana.
Por su parte, desde la delegación que dirige Gabriela Bravo apuntaron que el número exacto de jubilaciones que se registrarán en los próximos años es muy difícil de calcular, que «en cada caso particular se abre una horquilla de entre tres y cuatro años para optar a la jubilación según los años cotizados». Pese a ello, concretaron que sí sería correcta la estimación del 35 de la plantilla actual.
Bajas temporales
Respecto al porcentaje de interinos añadieron que «es una cifra cambiante». «En estos momentos es de alrededor de un 21% de la plantilla», apuntaron. De ellos, el 13,4% son sustitutos temporales por bajas por enfermedad o maternidad, mientras que el resto son interinos que ocupan puestos vacantes, excedencias con reserva de plaza, servicios especiales o liberaciones sindicales, entre otros puestos.
«El porcentaje de interinidad respecto a la cobertura de bajas, maternidades, distintas situaciones administrativas con reserva de puesto no se puede rebajar dado que es necesario proceder a la cobertura de esas plazas. Para el resto, en efecto, la vía es la oferta pública de empleo», concretaron desde la conselleria.
Asimismo, insistieron en que en el caso de la Administración de Justicia, esta oferta es aprobada por el Ministerio de Justicia, «que es el que determina cuántas plazas le corresponden a cada comunidad autónoma». En 2015, recordaron, a la Comunitat le correspondieron 24 plazas de gestión, 74 de tramitación, 80 de auxilio judicial y 2 de médicos forenses. «La mitad de estas plazas fueron para promoción interna, por lo que no incrementaron el número de funcionarios de carrera», señalaron.
Sin embargo, desde este departamento de la Generalitat lamentaron que para 2016 «no hay todavía previsión, ya que el ministerio no ha querido hacerla dado que está en funciones».
Por tanto, las próximas Elecciones Generales del 26 de junio se antojan fundamentales para solventar esta problemática, puesto que los últimos seis meses de interinidad del Gobierno central han dejado en 'stand by' los refuerzos que necesita la Administración de Justicia valenciana.
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