19/09/2016
Rus traspasó su Ferrari a su hija justo cuando estalló el caso Imelsa
Quien presumiera de ser rico antes de llegar a la política traspasó a su hija ese 20 de abril su Ferrari F360 Modena, de color rojo matador, marca de la casa. Así consta en la relación de bienes confeccionada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los principales imputados en el caso.
Once días después de transferirle el Ferrari a su hija, el 1 de mayo, se emitió por primera vez una grabación que le persigue: «Mil, dos mil...». Al día siguiente fue suspendido de militancia en el PP y un año y medio después, esta pasada semana, acudió a los juzgados aparentemente tranquilo, como si no tuviese nada que perder. De hecho, literalmente, no tiene nada, ni pisos, ni garajes ni suelo ni coche ni moto. Cinco años antes, en aquel mitin de Ribarroja, aseguró que «nunca» había escondido su patrimonio.
Rus transfirió el deportivo 11 días antes de que apareciese en una grabación contando billetes
Máximo Caturla también vendió en junio del año pasado una gran vivienda en Dénia y varios vehículos
La UCO ha inventariado las posesiones de los principales investigados en el caso Imelsa, donde se investiga delitos de prevaricación administrativa, de malversación de caudales públicos, de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. En el sumario aparecen los bienes y participaciones en actividades económicas de empresarios investigados así como de dirigentes políticos como el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus; su jefe de Gabinete Emilio Llopis; el vicepresidente de la institución provincial, Juan José Medina; el exsecretario autonómico y exgerente de Ciegsa, Máximo Caturla; el exdirector de la Fundación Jaume II El Just Antonio Burgos; la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón, así como el propio Marcos Benavent, ese que fuera un 'yonki del dinero' y que ahora sólo declara una vivienda y una moto.
Paradójicamente, es precisamente Rus sobre el que la Guardia Civil localiza menos bienes a su nombre. Ni coches (al Ferrari dijo adiós a las puertas de que el caso dinamitase su propia trayectoria política), ni fincas, pisos, garajes, almacenes, suelo agrario, industrial... nada de nada.
Entre el resto de los demás políticos implicados en la investigación suman una quincena de viviendas (alguna de ellas en fincas de varios miles de metros cuadrados), una decena de almacenes y garajes, ocho vehículos, tres motos, una decena de parcelas comerciales, industriales o agrarias. La moderada ansia de posesiones que se desprende de algunas declaraciones queda en evidencia en los listados de sus parejas e hijos, algunos de los cuales se han convertido en empresarios de éxito, al igual que sus compañeras sentimentales, como es el caso de Rus.
Llopis, Medina y Caturla son los que cuentan con mayor número de bienes a su nombre. En el caso del exvicepresidente de la Diputación, participa en la posesión de media docena de viviendas, mientras que Máximo Caturla cuenta con suelo industrial y agrario, coches, motos, garajes y viviendas, si bien su familia directa aún dispone de capitales más importantes. Y eso que Caturla, prácticamente en las mismas fechas que Rus, concretamente el 1 de junio de 2015, vendió una residencia en Dènia de 1.300 metros cuadrados a una pareja de extranjeros. También durante el año pasado, el que fuera responsable de Ciegsa y uno de los principales protagonistas en las conversaciones grabadas con Benavent se desprendió de vehículos antiguos, motocicletas y otros bienes, según señala la Guardia Civil, que realiza un inventario bastante completo de las propiedades de las parejas, los hijos y en algún caso los padres, hermanos y hasta un yerno.
En las cajas fuertes de uno de los empresarios investigados se contabilizaron decenas de billetes de 500 euros, así como miles de dólares. El juez instructor de las causas relacionadas con Benavent, Imelsa y los presuntas comisiones calcula que son decenas de millones de euros los que se han desviado, en unos caso cobrados en negro y en otros supuestamente blanqueados a través de una trama de empresas, tal es el caso de Rus, imputado desde el viernes en una nueva causa por el instructor, que persigue el rastro de operaciones simuladas por un valor superior al millón de euros.
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