28/01/2016
Imelsa cifra los contratos amañados en 100 millones
La Diputación, que trata de personarse en la causa para recuperar el dinero, elabora una auditoría y la entrega a los investigadores
Una auditoría sobre la gestión de Imelsa ordenada por el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, el pasado mes de agosto, a las pocas semanas de tomar posesión, ha desvelado que los contratos amañados por la trama de Imelsa ascendieron a unos 100 millones de euros, según desvelaron ayer fuentes oficiales de la Corporación provincial.
Los actuales gestores de la Diputación pusieron a disposición del juzgado que investiga la causa, el de instrucción número 18 de Valencia, de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) la denominada «auditoría forense».
Los actuales gestores de la Diputación se pusieron a disposición de los investigadores y ofrecieron toda la documentación física e informatizada que obraba en esos momentos en la empresa pública provincial Impulso Económico Local SA (Imelsa).
La auditoria forense, como la denominan en la adminstración provincial valenciana -no tiene que verr con la anunciada por Alfonso Rus cuando era presidente de la Diputación-, se encargó a una empresa especializada, radicada en Madrid, con el fin de determinar el alcance penal de todos los correos electrónicos y bases de datos contenidos en los archivos y en los servidores informáticos de esta compañía pública provincial, apuntaron fuentes de la Diputación.
Durante todo un fin de semana de agosto se mantuvo cerrada la sede de Imelsa para que los especialistas de la empresa auditora trabajaran sobre los archivos de Imelsa. Eso sí, siempre en presencia de un notario, apuntaron desde la Corporación provincial.
El resultado de esa auditoría especial encargada por la nueva Diputación fue entregado íntegramente a los investigadores. El resultado de la investigación interna, revela, de acuerdo con las fuentes consultadas, los 100 millones de euros en contratos amañados en Imelsa desde 2004 hasta 2015, el tiempo en el que no estarían prescritos los presuntos delitos, indicaron las mismas fuentes. No obstante, ese montante se circunscribe al periodo que va desde 2007 a 2015.
Según fuentes de la Diputación, esa investigación interna ha permitido ampliar las pesquisas judiciales y acelerar el proceso de esclarecimiento de los hechos.
Al margen de que el presidente de la administración provincial pusiera en marcha esa auditoría de peculiar nomenclatura, otra de las decisiones adoptadas por Jorge Rodríguez en las primeras semanas de su mandato fue facilitar a la Fiscalía Anticorrupción el acceso a las cintas de seguridad, que hasta ese momento habían impedido los responsables políticos de la anterior Corporación provincial, ahora detenidos, indicaron desde el entorno de Presidencia.
Rodríguez ya indicó en su toma de posesión que pondría todas las facilidades posibles a la investigación judicial, tanto a la Fiscalía Anticorrupción como a la UCO, para que pudieran acceder a la documentación de Imelsa o de la Diputación que precisaran.
La fiscalía y la Policía Judicial acudieron en septiembre y octubre, al menos en tres ocasiones diferentes, a la sede de Imelsa. La primera ocasión, el último día de septiembre, acudieron a la sede de la empresa pública para copiar archivos informáticos y cotejarlos con los aportados por Marcos Benavent, el exgerente arrepentido, a la investigación. El 1 de octubre continuaron con esa misma labor. Y a mediados de ese mes la UCO se llevó documentación de los contratos sobre los planes de campos de césped artificial, piscinas cubiertas y canchas de pádel.
Los responsables de la Diputación también han facilitado a los investigadores documentos sobre los planes de bombillas led y del área de carreteras, una de las que mayor inversión ha sostenido la Diputación y que también suscitó las denuncias de EU en la anterior legislatura.
Otro de los objetivos que se ha marcado el presidente Jorge Rodríguez es tratar de recuperar el dinero que pudo haberse esfumado en comisiones, a través de las empresas pantalla creadas por Marcos Benavent, gerente de Imelsa entre 2007 y diciembre de 2014. Por esa razón, el presidente de la Diputación ayer mismo ordenó a los servicios jurídicos de la entidad que busquen la fórmula para que la Diputación se persone en la causa.
Y para que no se vuelvan a repetir hechos de esta índole, la Diputación está implantando un sistema de organización llamado Corporate Complice, con un mecanismo de denuncias anónimas -para evitar posibles represalias- con el fin de evitar que se produzcan casos de corrupción.
las provincias
Los actuales gestores de la Diputación pusieron a disposición del juzgado que investiga la causa, el de instrucción número 18 de Valencia, de la Fiscalía Anticorrupción y de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) la denominada «auditoría forense».
Los actuales gestores de la Diputación se pusieron a disposición de los investigadores y ofrecieron toda la documentación física e informatizada que obraba en esos momentos en la empresa pública provincial Impulso Económico Local SA (Imelsa).
La auditoria forense, como la denominan en la adminstración provincial valenciana -no tiene que verr con la anunciada por Alfonso Rus cuando era presidente de la Diputación-, se encargó a una empresa especializada, radicada en Madrid, con el fin de determinar el alcance penal de todos los correos electrónicos y bases de datos contenidos en los archivos y en los servidores informáticos de esta compañía pública provincial, apuntaron fuentes de la Diputación.
Durante todo un fin de semana de agosto se mantuvo cerrada la sede de Imelsa para que los especialistas de la empresa auditora trabajaran sobre los archivos de Imelsa. Eso sí, siempre en presencia de un notario, apuntaron desde la Corporación provincial.
El resultado de esa auditoría especial encargada por la nueva Diputación fue entregado íntegramente a los investigadores. El resultado de la investigación interna, revela, de acuerdo con las fuentes consultadas, los 100 millones de euros en contratos amañados en Imelsa desde 2004 hasta 2015, el tiempo en el que no estarían prescritos los presuntos delitos, indicaron las mismas fuentes. No obstante, ese montante se circunscribe al periodo que va desde 2007 a 2015.
Según fuentes de la Diputación, esa investigación interna ha permitido ampliar las pesquisas judiciales y acelerar el proceso de esclarecimiento de los hechos.
Al margen de que el presidente de la administración provincial pusiera en marcha esa auditoría de peculiar nomenclatura, otra de las decisiones adoptadas por Jorge Rodríguez en las primeras semanas de su mandato fue facilitar a la Fiscalía Anticorrupción el acceso a las cintas de seguridad, que hasta ese momento habían impedido los responsables políticos de la anterior Corporación provincial, ahora detenidos, indicaron desde el entorno de Presidencia.
Rodríguez ya indicó en su toma de posesión que pondría todas las facilidades posibles a la investigación judicial, tanto a la Fiscalía Anticorrupción como a la UCO, para que pudieran acceder a la documentación de Imelsa o de la Diputación que precisaran.
La fiscalía y la Policía Judicial acudieron en septiembre y octubre, al menos en tres ocasiones diferentes, a la sede de Imelsa. La primera ocasión, el último día de septiembre, acudieron a la sede de la empresa pública para copiar archivos informáticos y cotejarlos con los aportados por Marcos Benavent, el exgerente arrepentido, a la investigación. El 1 de octubre continuaron con esa misma labor. Y a mediados de ese mes la UCO se llevó documentación de los contratos sobre los planes de campos de césped artificial, piscinas cubiertas y canchas de pádel.
Los responsables de la Diputación también han facilitado a los investigadores documentos sobre los planes de bombillas led y del área de carreteras, una de las que mayor inversión ha sostenido la Diputación y que también suscitó las denuncias de EU en la anterior legislatura.
Otro de los objetivos que se ha marcado el presidente Jorge Rodríguez es tratar de recuperar el dinero que pudo haberse esfumado en comisiones, a través de las empresas pantalla creadas por Marcos Benavent, gerente de Imelsa entre 2007 y diciembre de 2014. Por esa razón, el presidente de la Diputación ayer mismo ordenó a los servicios jurídicos de la entidad que busquen la fórmula para que la Diputación se persone en la causa.
Y para que no se vuelvan a repetir hechos de esta índole, la Diputación está implantando un sistema de organización llamado Corporate Complice, con un mecanismo de denuncias anónimas -para evitar posibles represalias- con el fin de evitar que se produzcan casos de corrupción.
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