12/05/2016
El Consell recibió 16,5 millones de Fomento para ayudas a la vivienda que nunca pagó
Rebeca Torró afirma que el PP justificó los pagos con expedientes sin aprobar, por lo que los beneficiarios no recibieron el dinero
Nuevo capítulo en el culebrón de las ayudas impagadas a la vivienda de la Generalitat, en este caso a cuenta de las subvenciones enmarcadas en los planes estatales de los periodos 2005-2008 y 2009-2012 impulsados por el Ministerio de Fomento y con el que el Consell firmó convenio.
Según desveló ayer la directora general de Vivienda, Rebeca Torró, Fomento concedió 16,5 millones a la Generalitat para conceder ayudas a la vivienda que el anterior Consell -gobernado por el PP- nunca pagó a los beneficiarios correspondientes. Con el agravante de que esa cuantía se justificó -había que hacerlo una vez pagadas las ayudas- con expedientes de subvenciones que nunca se aprobaron y, por tanto, que no se ingresaron en las cuentas de las personas beneficiadas.
«Se estuvieron justificando indebidamente casi hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno valenciano; de hecho, la última reunión fue diez días antes de la toma de posesión del nuevo presidente», detalló ayer Torró, que estuvo acompañada en su comparecencia por el subsecretario de la conselleria, Francesc Signes.
Esos 16,5 millones proceden, por un lado, de las resoluciones 501, un modelo que reconocía el derecho a recibir una subvención pero condicionada a que hubiese presupuesto. Esta modalidad de ayuda fue reconocidas por la actual consellera, María José Salvador, al acceder el cargo. De aquí el anterior equipo gestor remitió al ministerio expedientes por valor de 7,8 millones.
Por otro lado, el resto, 8,7 millones, se justificaron con expedientes que los servicios territoriales de la conselleria dejaron de tramitar ante la instrucción de la anterior consellera, Isabel Bonig, de denegarlos, cualquiera que fuera la fase en que se encontraba la tramitación. Es decir, «se justificó con expedientes que no tenían resolución de concesión de ayuda y menos aún que estuvieran pagados», dijo Torró.
Remitido al interventor
«Lo más grave de todo es que las personas no han cobrado, pero su dinero si que lo transfirió el ministerio a la Generalitat. No sabemos qué se hizo con esa aportación estatal», afirmó. Por ello, la conselleria ha presentado la documentación que ha recopilado sobre esta incidencia a la Intervención General para que sea valorada y determine «las actuaciones que deban llevarse a cabo para la defensa de los intereses públicos, incluyendo, en su caso, la exigencia de responsabilidades por parte de quien haya podido ser responsable de cualquier actuación irregular perseguible».
La directora general también explicó que la información se ha trasladado al ministerio pero se está a la espera del informe del interventor para poder detallar «todo lo sucedido». A su juicio, «estamos ante un caso sangrante, producto de la caótica y negligente gestión del PP valenciano y que va a tener, seguramente también, consecuencias económicas muy graves para la castigada hacienda valenciana», ya que el ministerio podría reclamar la devolución de las cantidades apagadas y justificadas irregularmente.
las provincias
Según desveló ayer la directora general de Vivienda, Rebeca Torró, Fomento concedió 16,5 millones a la Generalitat para conceder ayudas a la vivienda que el anterior Consell -gobernado por el PP- nunca pagó a los beneficiarios correspondientes. Con el agravante de que esa cuantía se justificó -había que hacerlo una vez pagadas las ayudas- con expedientes de subvenciones que nunca se aprobaron y, por tanto, que no se ingresaron en las cuentas de las personas beneficiadas.
«Se estuvieron justificando indebidamente casi hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno valenciano; de hecho, la última reunión fue diez días antes de la toma de posesión del nuevo presidente», detalló ayer Torró, que estuvo acompañada en su comparecencia por el subsecretario de la conselleria, Francesc Signes.
Esos 16,5 millones proceden, por un lado, de las resoluciones 501, un modelo que reconocía el derecho a recibir una subvención pero condicionada a que hubiese presupuesto. Esta modalidad de ayuda fue reconocidas por la actual consellera, María José Salvador, al acceder el cargo. De aquí el anterior equipo gestor remitió al ministerio expedientes por valor de 7,8 millones.
Por otro lado, el resto, 8,7 millones, se justificaron con expedientes que los servicios territoriales de la conselleria dejaron de tramitar ante la instrucción de la anterior consellera, Isabel Bonig, de denegarlos, cualquiera que fuera la fase en que se encontraba la tramitación. Es decir, «se justificó con expedientes que no tenían resolución de concesión de ayuda y menos aún que estuvieran pagados», dijo Torró.
Remitido al interventor
«Lo más grave de todo es que las personas no han cobrado, pero su dinero si que lo transfirió el ministerio a la Generalitat. No sabemos qué se hizo con esa aportación estatal», afirmó. Por ello, la conselleria ha presentado la documentación que ha recopilado sobre esta incidencia a la Intervención General para que sea valorada y determine «las actuaciones que deban llevarse a cabo para la defensa de los intereses públicos, incluyendo, en su caso, la exigencia de responsabilidades por parte de quien haya podido ser responsable de cualquier actuación irregular perseguible».
La directora general también explicó que la información se ha trasladado al ministerio pero se está a la espera del informe del interventor para poder detallar «todo lo sucedido». A su juicio, «estamos ante un caso sangrante, producto de la caótica y negligente gestión del PP valenciano y que va a tener, seguramente también, consecuencias económicas muy graves para la castigada hacienda valenciana», ya que el ministerio podría reclamar la devolución de las cantidades apagadas y justificadas irregularmente.
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