29/06/2016
Un año desmontando el sistema educativo en Valencia
La semana que viene Vicent Marzà cumple un año al frente de la Conselleria de Educación. Ha llovido desde entonces. Sirve un ejemplo. Poco después de su toma de posesión se reunió con los representantes de los colegios concertados, y la valoración fue más que positiva. Las palabras «diálogo» y «acuerdos» trufaron las declaraciones a la prensa. En privado incluso se mostraban sorprendidos por el talante del conseller y de su mano derecha, Miguel Soler. Tras un curso de cambios, de derribar el modelo heredado para construir el que se desprende de su proyecto político, los mismos representantes patronales le han organizado varias protestas multitudinarias contra las decisiones de la administración, con peticiones de dimisión incluidas.
El tratamiento de la red concertada es uno de los muchos ejemplos del nuevo rumbo en las políticas educativas. Además, se ha producido un cambio de roles. La postura crítica con la administración, copada durante décadas por las organizaciones representativas del sistema público, ha pasado a manos de la iniciativa privada, desde las guarderías hasta las universidades. Síntoma claro de la nueva realidad que se vive en la Comunitat.
El volumen de trabajo normativo desarrollado en estos meses ha sido ingente, lo que unido a las novedades que afectan a la tramitación de los expedientes ha hecho que varias de las medidas se hayan conocido al final del curso, lo que le ha valido al conseller las críticas de los docentes. La creación de los bancos de libros es el mejor ejemplo.
El calendario escolar vuelve a lo tradicional
1 La primera medida educativa consistió en modificar el calendario escolar, adelantado al 3 de septiembre por el PP para todas las etapas. Este curso se retrasó al día 10 (11 en Secundaria), lo que supuso perder cuatro días lectivos, y para el siguiente se empezará el 8 en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. Con la vuelta a la segunda semana de septiembre la Comunitat se alinea de nuevo con el resto de autonomías.
Ni distrito único ni puntos del centro
2 Lo que ya anunciaron Marzà y Soler en entrevistas y declaraciones públicas se plasmó en abril en la nueva normativa de admisión, que ha acabado con el distrito único ideado por el PP, por lo que se vuelve a primar la proximidad del domicilio a efectos de escolarización. También han desaparecido los puntos que daban los centros y la condición de antiguo alumno. Sin olvidar que con el nuevo sistema la elección de centro en la primera opción ya no facilita el acceso.
La Comunitat se queda sin Bachillerato de Excelencia
3 Con María José Català se creó el primer Bachillerato de Excelencia en Cheste, ideado para alumnos con especial motivación para los estudios y con la aspiración de crear más centros de referencia. No es el modelo que defiende el gobierno del Botánico, que ya ha anunciado que desaparecerá el próximo curso, una vez los alumnos que promocionan a 2º hagan la Selectividad (o la reválida). Su alternativa pasa por organizar extraescolares para este perfil de estudiantes, incluyendo también otras etapas, en diferentes centros. Eso sí, los excelentes ya no convivirán en horario lectivo.
Bajan las ratios, pero de manera progresiva
4 Ha sido la medida que más unanimidad ha cosechado entre la comunidad educativa. A partir de septiembre los cursos de 1º de Infantil, 1º de la ESO y 1º de Bachillerato tendrán menos alumnos por aula, pues el máximo pasa de 30 a 25, de 36 a 30 y de 42 a 35. Para el resto de clases habrá que esperar a que promocionen las diferentes generaciones, un proceso progresivo que se culminará dentro de nueve ejercicios. Es decir, cuando lleguen a 6º de Primaria los que el próximo curso empiecen en Infantil.
Adiós a las medidas de refuerzo populares
5 Marzà ha eliminado de cara al próximo curso los contratos programa, la principal medida popular para reducir las tasas de fracaso escolar y abandono prematuro de los estudios. Se sustituye por el Plan de Actuación para la Mejora (PAM), y la principal diferencia es que estos serán de obligado cumplimiento para todos los centros. Desde el sector concertado, tras conocer el borrador que lo regulará, se denunció que dificultaba la obtención de profesores adicionales para atender al alumnado. Educación también desarrollará programas en 4º de la ESO y aulas compartidas, un modelo que encamina al alumno más desmotivado hacia la FP Básica, un itinerario derivado de la Lomce.
Una brecha en el modelo de Infantil
6 Mientras el PP apostó por un modelo de escuelas infantiles privadas con ayudas económicas universales, el PSPV y Compromís han abogado por abrir aulas de dos años en centros públicos. El sector privado, ya consolidado, se ha mostrado muy crítico con esta iniciativa, pues a su juicio supone duplicar recursos pese a existir una red cualificada que integra a los niños de cero a tres años en las mismas instalaciones. Tampoco ha gustado la nueva distribución de las ayudas en función de la renta. Se considera que debería mantenerse la universalidad del bono infantil, que cofinancia el puesto escolar, aumentando las cuantías para las rentas bajas, de manera que puedan beneficiarse de la gratuidad aunque opten por centros privados.
Cambios en la elección de los directores
7 Desde este curso la elección o renovación de los directores de los centros públicos es distinta. En el segundo caso, el visto bueno del consejo escolar es determinante para mantenerse en el cargo. En el primero, su informe sobre los candidatos también puede ser definitivo. Además, se ha dado más peso a los representantes de la comunidad educativa en la comisión de selección. Con el PP, los miembros dependientes de la administración tenían una mayor representatividad.
El contrato del transporte, paralizado in extremis
8 Con María José Català se dejó encima de la mesa una propuesta de adjudicación del servicio de transporte escolar, uno de los contratos más importantes de la conselleria. Con Marzà se decidió declarar desiertos dos de los lotes y desistir del tercero para volver a impulsar otro concurso. El cambio de criterio ha provocado que dos de las Utes afectadas por la paralización hayan recurrido a los tribunales.
El acceso de los interinos, por antigüedad
9 La conselleria ha vuelto a aplicar el sistema de acceso a las vacantes en los centros públicos que funcionó hasta que en 2013 el PP obligó a que los interinos tuvieran la oposición aprobada para mantenerse en los puestos de salida de las bolsas de trabajo. Pese a que una sentencia anuló el nuevo modelo, el equipo de Marzà retiró el recurso de casación presentado por el de Català. Con el sistema vigente se prima la experiencia para acceder a vacantes, independientemente de haber superado un proceso selectivo.
Educación reinterpreta la nueva ley educativa
10La aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) también ha sido distinta. La primera medida del equipo de Marzà fue eliminar la obligación de dar al menos dos asignaturas en castellano en todas las líneas en valenciano, y la segunda, idear una alternativa a las evaluaciones finales de Primaria. El conseller defiende que se ha interpretado la Lomce con una opción menos traumática para los alumnos. El ministerio, en cambio, considera que se ha vulnerado la ley, por lo que acudirá a los tribunales.
Sin pruebas diagnósticas para los centros
11Este curso ya no se han aplicado las evaluaciones diagnósticas de 4º de Primaria y 2º de la ESO, implantadas a nivel autonómico para medir fortalezas y debilidades. Sin efectos académicos, se valoraban las competencias lingüísticas y matemáticas de los alumnos con la idea de establecer planes de mejora en los centros. Se sustituirán por pruebas muestrales, o lo que es lo mismo, basadas en una selección de escuelas. No hay más concreción.
Un nuevo plan para construir colegios
12El escándalo de Ciegsa ha llevado a Educación a asumir directamente la construcción de los nuevos colegios, sin empresas públicas de por medio, al considerar que la inversión es más eficiente. El objetivo es acabar la legislatura sin barracones. Por otro lado, también se ha renunciado a construir colegios concertados en suelo público, un plan del PP para aumentar la red en localidades con falta de oferta.
Desaparecen las consultas lingüísticas
13Educación ha derogado la consulta que debían hacer los centros a los padres a la hora de aplicar los nuevos programas lingüísticos o para pedir cambios, por ejemplo, de castellano a valenciano. Aunque la idea era darles continuidad en próximos cursos, sólo se organizó una.
Exclusión de las prácticas sanitarias
14Los alumnos de las universidades privadas que estudien grados de Ciencias de la Salud ya no tendrán la posibilidad de hacer sus prácticas obligatorias en los centros públicos valencianos. El Consell alega que así se cumple la ley, una interpretación contraria a la que hacen las universidades afectadas o el Ministerio de Educación.
Sin créditos para los estudios universitarios
15Ha desaparecido la opción de solicitar créditos con condiciones ventajosas para sufragar estudios universitarios, con los que los beneficiados contaban con el aval de la administración. La medida popular se materializó en convenios con diferentes entidades bancarias.
Nuevas ayudas para la formación docente
16Son muchos los aspectos pendientes en relación al nuevo modelo de formación docente. Sí se han concretado, al menos en fase de borrador, las ayudas que se facilitarán a los profesores que quieran mejorar su formación académica o continua, implantadas y eliminadas por el PP durante la crisis. Eso sí, ya no habrán subvenciones para financiar grados universitarios (sólo postgrados) ni se incluirá a los profesionales de los concertados.
Otro mapa de titulaciones universitarias
17El mapa de titulaciones del PP, aún vigente, tiene los días contados. Marzà ha anunciado una nueva reordenación de la oferta, aunque sin concretar. En las universidades privadas, atendiendo a los antecedentes, se teme que los recortes vayan en una única dirección.
las provincias
El tratamiento de la red concertada es uno de los muchos ejemplos del nuevo rumbo en las políticas educativas. Además, se ha producido un cambio de roles. La postura crítica con la administración, copada durante décadas por las organizaciones representativas del sistema público, ha pasado a manos de la iniciativa privada, desde las guarderías hasta las universidades. Síntoma claro de la nueva realidad que se vive en la Comunitat.
El volumen de trabajo normativo desarrollado en estos meses ha sido ingente, lo que unido a las novedades que afectan a la tramitación de los expedientes ha hecho que varias de las medidas se hayan conocido al final del curso, lo que le ha valido al conseller las críticas de los docentes. La creación de los bancos de libros es el mejor ejemplo.
El calendario escolar vuelve a lo tradicional
1 La primera medida educativa consistió en modificar el calendario escolar, adelantado al 3 de septiembre por el PP para todas las etapas. Este curso se retrasó al día 10 (11 en Secundaria), lo que supuso perder cuatro días lectivos, y para el siguiente se empezará el 8 en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. Con la vuelta a la segunda semana de septiembre la Comunitat se alinea de nuevo con el resto de autonomías.
Ni distrito único ni puntos del centro
2 Lo que ya anunciaron Marzà y Soler en entrevistas y declaraciones públicas se plasmó en abril en la nueva normativa de admisión, que ha acabado con el distrito único ideado por el PP, por lo que se vuelve a primar la proximidad del domicilio a efectos de escolarización. También han desaparecido los puntos que daban los centros y la condición de antiguo alumno. Sin olvidar que con el nuevo sistema la elección de centro en la primera opción ya no facilita el acceso.
La Comunitat se queda sin Bachillerato de Excelencia
3 Con María José Català se creó el primer Bachillerato de Excelencia en Cheste, ideado para alumnos con especial motivación para los estudios y con la aspiración de crear más centros de referencia. No es el modelo que defiende el gobierno del Botánico, que ya ha anunciado que desaparecerá el próximo curso, una vez los alumnos que promocionan a 2º hagan la Selectividad (o la reválida). Su alternativa pasa por organizar extraescolares para este perfil de estudiantes, incluyendo también otras etapas, en diferentes centros. Eso sí, los excelentes ya no convivirán en horario lectivo.
Bajan las ratios, pero de manera progresiva
4 Ha sido la medida que más unanimidad ha cosechado entre la comunidad educativa. A partir de septiembre los cursos de 1º de Infantil, 1º de la ESO y 1º de Bachillerato tendrán menos alumnos por aula, pues el máximo pasa de 30 a 25, de 36 a 30 y de 42 a 35. Para el resto de clases habrá que esperar a que promocionen las diferentes generaciones, un proceso progresivo que se culminará dentro de nueve ejercicios. Es decir, cuando lleguen a 6º de Primaria los que el próximo curso empiecen en Infantil.
Adiós a las medidas de refuerzo populares
5 Marzà ha eliminado de cara al próximo curso los contratos programa, la principal medida popular para reducir las tasas de fracaso escolar y abandono prematuro de los estudios. Se sustituye por el Plan de Actuación para la Mejora (PAM), y la principal diferencia es que estos serán de obligado cumplimiento para todos los centros. Desde el sector concertado, tras conocer el borrador que lo regulará, se denunció que dificultaba la obtención de profesores adicionales para atender al alumnado. Educación también desarrollará programas en 4º de la ESO y aulas compartidas, un modelo que encamina al alumno más desmotivado hacia la FP Básica, un itinerario derivado de la Lomce.
Una brecha en el modelo de Infantil
6 Mientras el PP apostó por un modelo de escuelas infantiles privadas con ayudas económicas universales, el PSPV y Compromís han abogado por abrir aulas de dos años en centros públicos. El sector privado, ya consolidado, se ha mostrado muy crítico con esta iniciativa, pues a su juicio supone duplicar recursos pese a existir una red cualificada que integra a los niños de cero a tres años en las mismas instalaciones. Tampoco ha gustado la nueva distribución de las ayudas en función de la renta. Se considera que debería mantenerse la universalidad del bono infantil, que cofinancia el puesto escolar, aumentando las cuantías para las rentas bajas, de manera que puedan beneficiarse de la gratuidad aunque opten por centros privados.
Cambios en la elección de los directores
7 Desde este curso la elección o renovación de los directores de los centros públicos es distinta. En el segundo caso, el visto bueno del consejo escolar es determinante para mantenerse en el cargo. En el primero, su informe sobre los candidatos también puede ser definitivo. Además, se ha dado más peso a los representantes de la comunidad educativa en la comisión de selección. Con el PP, los miembros dependientes de la administración tenían una mayor representatividad.
El contrato del transporte, paralizado in extremis
8 Con María José Català se dejó encima de la mesa una propuesta de adjudicación del servicio de transporte escolar, uno de los contratos más importantes de la conselleria. Con Marzà se decidió declarar desiertos dos de los lotes y desistir del tercero para volver a impulsar otro concurso. El cambio de criterio ha provocado que dos de las Utes afectadas por la paralización hayan recurrido a los tribunales.
El acceso de los interinos, por antigüedad
9 La conselleria ha vuelto a aplicar el sistema de acceso a las vacantes en los centros públicos que funcionó hasta que en 2013 el PP obligó a que los interinos tuvieran la oposición aprobada para mantenerse en los puestos de salida de las bolsas de trabajo. Pese a que una sentencia anuló el nuevo modelo, el equipo de Marzà retiró el recurso de casación presentado por el de Català. Con el sistema vigente se prima la experiencia para acceder a vacantes, independientemente de haber superado un proceso selectivo.
Educación reinterpreta la nueva ley educativa
10La aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) también ha sido distinta. La primera medida del equipo de Marzà fue eliminar la obligación de dar al menos dos asignaturas en castellano en todas las líneas en valenciano, y la segunda, idear una alternativa a las evaluaciones finales de Primaria. El conseller defiende que se ha interpretado la Lomce con una opción menos traumática para los alumnos. El ministerio, en cambio, considera que se ha vulnerado la ley, por lo que acudirá a los tribunales.
Sin pruebas diagnósticas para los centros
11Este curso ya no se han aplicado las evaluaciones diagnósticas de 4º de Primaria y 2º de la ESO, implantadas a nivel autonómico para medir fortalezas y debilidades. Sin efectos académicos, se valoraban las competencias lingüísticas y matemáticas de los alumnos con la idea de establecer planes de mejora en los centros. Se sustituirán por pruebas muestrales, o lo que es lo mismo, basadas en una selección de escuelas. No hay más concreción.
Un nuevo plan para construir colegios
12El escándalo de Ciegsa ha llevado a Educación a asumir directamente la construcción de los nuevos colegios, sin empresas públicas de por medio, al considerar que la inversión es más eficiente. El objetivo es acabar la legislatura sin barracones. Por otro lado, también se ha renunciado a construir colegios concertados en suelo público, un plan del PP para aumentar la red en localidades con falta de oferta.
Desaparecen las consultas lingüísticas
13Educación ha derogado la consulta que debían hacer los centros a los padres a la hora de aplicar los nuevos programas lingüísticos o para pedir cambios, por ejemplo, de castellano a valenciano. Aunque la idea era darles continuidad en próximos cursos, sólo se organizó una.
Exclusión de las prácticas sanitarias
14Los alumnos de las universidades privadas que estudien grados de Ciencias de la Salud ya no tendrán la posibilidad de hacer sus prácticas obligatorias en los centros públicos valencianos. El Consell alega que así se cumple la ley, una interpretación contraria a la que hacen las universidades afectadas o el Ministerio de Educación.
Sin créditos para los estudios universitarios
15Ha desaparecido la opción de solicitar créditos con condiciones ventajosas para sufragar estudios universitarios, con los que los beneficiados contaban con el aval de la administración. La medida popular se materializó en convenios con diferentes entidades bancarias.
Nuevas ayudas para la formación docente
16Son muchos los aspectos pendientes en relación al nuevo modelo de formación docente. Sí se han concretado, al menos en fase de borrador, las ayudas que se facilitarán a los profesores que quieran mejorar su formación académica o continua, implantadas y eliminadas por el PP durante la crisis. Eso sí, ya no habrán subvenciones para financiar grados universitarios (sólo postgrados) ni se incluirá a los profesionales de los concertados.
Otro mapa de titulaciones universitarias
17El mapa de titulaciones del PP, aún vigente, tiene los días contados. Marzà ha anunciado una nueva reordenación de la oferta, aunque sin concretar. En las universidades privadas, atendiendo a los antecedentes, se teme que los recortes vayan en una única dirección.
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