26/08/2016
Gandia irá al juzgado contra los dueños de apartamentos de alquiler que generan ruido
Las sanciones por incivismo aumentan un 21% este verano y se reducen las llamadas de quejas vecinales a la Policía Local
Los propietarios que alquilan sus apartamentos a personas incívicas de manera reiterada podrían verse las caras con el Ayuntamiento en los tribunales. La concejala de Seguridad Ciudadana, Àngels Pérez, aseguró ayer que el gobierno está estudiando emprender medidas judiciales contra aquellos pisos que ocasionan molestias a los vecinos.
El ejecutivo ha tenido este verano «tolerancia cero» contra el ruido y los comportamientos que no acatan la normativa de la convivencia. Las sanciones relacionadas con el botellón, el escándalo, el vandalismo, el consumo de drogas o las malas conductas han aumentado un 21% desde el 1 de julio hasta el 20 de agosto con respecto al año anterior. De 3.848 denuncias se ha pasado a un total de 4.664.
Pero no porque haya sido un verano conflictivo, según el ejecutivo local, sino porque la seguridad ciudadana ha sido «una prioridad». No en vano ha habido mayor presencia policial y ha aumentado la plantilla de agentes. Por contra, las quejas vecinales efectuadas de manera telefónica a la Policía Local, se han visto reducidas «de manera notable».
Así lo apuntó la alcaldesa Diana Morant, quien aseveró: «Gandia ha dejado de ser una ciudad sin ley». De hecho, según comentó, «las personas que venían a maltratar la ciudad como destino turístico ya han entendido que no tienen cabida».
Asimismo, señaló que el sector empresarial ha trabajado mejor que otros años porque por lo general se ha cumplido la ordenanza en cuanto a terrazas y horas de cierre, lo que se ha traducido en una disminución de las multas.
«La hostelería ha comprendido que se ha de trabajar dentro de la normativa. La policía no ha tenido que desmontar ninguna terraza de ningún pub», agregó. Bien es cierto que el gobierno tiene muy localizados a aquellos establecimientos puntuales que generan molestias, como un par de chiringuitos, sobre los cuales se actuará «con contundencia», y un negocio de kebabs, que funciona sin licencia y que se clausurará. Resulta curioso que la mayoría de incumplimientos de horario se ha producido en la ciudad y no en la playa.
Con todo ello, el ejecutivo considera que ha avanzado a la hora de conseguir la desesada conciliación del derecho al ocio con el descanso. «Todavía hay mucho trabajo por hacer. Sabemos que hay focos problemáticos. Y ya anunciamos que seguiremos trabajando en este sentido con el fin de lanzar un mensaje claro: Gandia es un destino para el descanso y también para el ocio, pero no es un destino donde todo está permitido».
El jefe de la Policía Local, Marc Cuesta, habló sobre el equipo humano que ha formado parte del dispositivo de Gandia. En total ha sido una media de 20 personas en cada turno (mañana, tarde y noche) para atender todas las necesidades que pudieran surgir tanto en la ciudad como en la playa: 6 coches patrulla todas las mañanas, 5 vehículos en la noche durante la semana, pasando a 7 los fines de semana. Este dispositivo seguirá en marcha hasta el 4 de septiembre y después irá adaptándose de acuerdo con los datos de ocupación de la playa. Cuesta destacó especialmente que la venta ambulante prácticamente se ha erradicado. Se ha pasado de las 142 incautaciones 2015 a las 85 del 2016. La mayoría ha sido por venta de alimentos (fruta, quesos, etcétera), y productos falsificados.
El PP: «Siguen las quejas»
El PP no tiene la misma visión que el gobierno. El portavoz de los populares de Gandia, Víctor Soler, lamentó que Diana Morant viva en «una especie de realidad paralela, ajena y enfrentada al sector turístico».
Para este partido es incomprensible que la alcaldesa venda que Gandia es una ciudad segura y libre de ruidos, «mientras algún medio de comunicación nacional se ha fijado estos días en Gandia por haberse incrementado los ruidos y molestias por el botellón».
Los vecinos, según el PP, se siguen quejando «amargamente» de las molestias «en una playa que vuelve a ser invadida por la práctica del botellón, algo que choca con el modelo conciliador que impulsó el Partido Popular».
las provincias
El ejecutivo ha tenido este verano «tolerancia cero» contra el ruido y los comportamientos que no acatan la normativa de la convivencia. Las sanciones relacionadas con el botellón, el escándalo, el vandalismo, el consumo de drogas o las malas conductas han aumentado un 21% desde el 1 de julio hasta el 20 de agosto con respecto al año anterior. De 3.848 denuncias se ha pasado a un total de 4.664.
Pero no porque haya sido un verano conflictivo, según el ejecutivo local, sino porque la seguridad ciudadana ha sido «una prioridad». No en vano ha habido mayor presencia policial y ha aumentado la plantilla de agentes. Por contra, las quejas vecinales efectuadas de manera telefónica a la Policía Local, se han visto reducidas «de manera notable».
Así lo apuntó la alcaldesa Diana Morant, quien aseveró: «Gandia ha dejado de ser una ciudad sin ley». De hecho, según comentó, «las personas que venían a maltratar la ciudad como destino turístico ya han entendido que no tienen cabida».
Asimismo, señaló que el sector empresarial ha trabajado mejor que otros años porque por lo general se ha cumplido la ordenanza en cuanto a terrazas y horas de cierre, lo que se ha traducido en una disminución de las multas.
«La hostelería ha comprendido que se ha de trabajar dentro de la normativa. La policía no ha tenido que desmontar ninguna terraza de ningún pub», agregó. Bien es cierto que el gobierno tiene muy localizados a aquellos establecimientos puntuales que generan molestias, como un par de chiringuitos, sobre los cuales se actuará «con contundencia», y un negocio de kebabs, que funciona sin licencia y que se clausurará. Resulta curioso que la mayoría de incumplimientos de horario se ha producido en la ciudad y no en la playa.
Con todo ello, el ejecutivo considera que ha avanzado a la hora de conseguir la desesada conciliación del derecho al ocio con el descanso. «Todavía hay mucho trabajo por hacer. Sabemos que hay focos problemáticos. Y ya anunciamos que seguiremos trabajando en este sentido con el fin de lanzar un mensaje claro: Gandia es un destino para el descanso y también para el ocio, pero no es un destino donde todo está permitido».
El jefe de la Policía Local, Marc Cuesta, habló sobre el equipo humano que ha formado parte del dispositivo de Gandia. En total ha sido una media de 20 personas en cada turno (mañana, tarde y noche) para atender todas las necesidades que pudieran surgir tanto en la ciudad como en la playa: 6 coches patrulla todas las mañanas, 5 vehículos en la noche durante la semana, pasando a 7 los fines de semana. Este dispositivo seguirá en marcha hasta el 4 de septiembre y después irá adaptándose de acuerdo con los datos de ocupación de la playa. Cuesta destacó especialmente que la venta ambulante prácticamente se ha erradicado. Se ha pasado de las 142 incautaciones 2015 a las 85 del 2016. La mayoría ha sido por venta de alimentos (fruta, quesos, etcétera), y productos falsificados.
El PP: «Siguen las quejas»
El PP no tiene la misma visión que el gobierno. El portavoz de los populares de Gandia, Víctor Soler, lamentó que Diana Morant viva en «una especie de realidad paralela, ajena y enfrentada al sector turístico».
Para este partido es incomprensible que la alcaldesa venda que Gandia es una ciudad segura y libre de ruidos, «mientras algún medio de comunicación nacional se ha fijado estos días en Gandia por haberse incrementado los ruidos y molestias por el botellón».
Los vecinos, según el PP, se siguen quejando «amargamente» de las molestias «en una playa que vuelve a ser invadida por la práctica del botellón, algo que choca con el modelo conciliador que impulsó el Partido Popular».
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