13/08/2018
Las críticas del tripartito chocan con la realidad
La realidad no siempre se debe a la «voluntad política» de una sola Administración. El tripartito se ha ido dando cuenta a lo largo de esta legislatura. Esta semana ha recibido un nuevo ejemplo, doloroso, porque ha supuesto ver arder más de 3.000 hectáreas de monte, el incendio más importante en años, concretamente, desde que en 2012 ardiesen en Andilla 23.000 hectáreas. Entonces, los ahora máximos dirigentes de la Generalitat estaban en la oposición y achacaban la situación directamente a los recortes en prevención. Así lo expresó durante aquellos días en redes sociales la ahora vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, o el propio Ximo Puig, actualmente jefe del Consell.
Un año más tarde, en marzo de 2013, el PSPV, con motivo del incendio registrado en Barx lanzó también otro mensaje en redes sociales dirigido al Consell: «No han aprendido nada de los incendios de este verano (el de 2012), de nuevo el fuego en nuestra tierra».
Tres meses después, otro incendio, y otra vez desde la cuenta de Joves Socialistes: «Incendi forestal en Bocairent. Basta de recortes en prevención y extinción».
Mensajes similares se repitieron en el caso del incendio del Montgó o en el del Parque Natural del Turia. El de Llutxent de esta semana coincidió con un enojoso anuncio para la Generalitat. CCOO y UGT han convocado a los bomberos a una huelga indefinida para protestar por el «incumplimiento» por parte del actual Ministerio de Hacienda, socialista, del acuerdo que incluye una subida salarial. La realidad es compleja. Los recursos son limitados, la prevención no siempre es suficiente. A día de hoy, más del 85% de los municipios de la Comunitat (la mayoría gobernados por el tripartito desde 2015) carecen de un plan de prevención de incendios. La supuesta maldad o falta de voluntad del PP no explican todos los problemas que sufre la Comunitat y que continúan sobre la mesa a la espera de solución.
Desahucios
En el primer trimestre de 2016 se registraron en la Comunitat 2.658 desahucios, 29 cada día. El Consell estaba en pleno rodaje inicial. La sangría que se ha ralentizado pero no se ha detenido. En el primer trimestre de 2018, con el Ejecutivo valenciano ya más que rodado, se produjeron 2.116 desahucios, que fueron uno de los caballos de batalla más potentes en 2015 para la pujanza de Podemos, una de las tres patas del tripartito firmante del Pacto del Botánico. Los morados valencianos solicitaron esta pasada semana una reunión urgente con la Consellería de Vivienda para abordar el drama de los desahucios.
«Maravillas y su família serán desahuciados el 10 de septiembre sin alternativa a instancias de Vivienda» denunció el viernes César Jiménez, diputado de Podemos en Les Corts: «Vamos a pedir que la consellería desista en la denuncia». La formación morada quiere que se anule la referencia temporal que establece el desalojo de las familias que ocupen una vivienda del parque público tras la llegada del Botánico. «Diferentes sentencias establecen que no hay ningún motivo para fijar esta referencia temporal. La ocupación de una vivienda no debe ser una causa de exclusión de la solicitud de vivienda social. La ocupación se ha producido por necesidad» apuntó César Jiménez, quien criticó la orden establecida desde la consellería que dirige la socialista María José Salvador. En febrero de 2015, la portavoz de Vivienda del PSPV era Salvador, quien, a tres meses de elecciones, consideró «indignante e insuficiente que el presidente (Fabra) se limite a pedir perdón a los afectados por los impagos de las ayudas del Consell a la vivienda cuando, en lugar de solucionar el problema, siguió concediendo más ayudas».
«El Consell debe ser más humilde y reconocer que la mera entrada de un nuevo gobierno no implica un cambio sustancial en el acceso a la vivienda a las familias en situación de exclusión social» señaló Jiménez el viernes. El paso del tiempo no ha impedido que cada día, de media, se registren más de 23 desahucios.
Barracones
Sistemáticamente, en todos los grandes mítines de Podemos en la Comunitat durante las pasadas elecciones autonómicas y nacionales, los líderes morados, a la hora de hablar de los valencianos recordaban el problema de los barracones escolares. Tres años más tarde, más de un centenar de colegios cuentan total o parcialmente con sus aulas ubicadas en barracones. A los seis meses de llegar a la Generalitat, Educación presentó su primer plan: obras de eliminación de barracones (en 160 centros) y nuevas construcciones, ampliaciones y rehabilitaciones (80). En el acto participaron Ximo Puig y Vicent Marzà. Todas las obras relacionadas con los barracones estarían terminadas o en marcha antes de que terminara la legislatura. En septiembre del año pasado, el Consell abdicó. No tenía capacidad para tramitar un volumen de intervenciones de ese calibre. Se anunció el Plan Edificant, por el cual son los ayuntamientos los que tramitan y la Generalitat la que paga. De los centros que están íntegramente en barracones (25), 13 están terminados o en ejecución y en los otros 12 las obras empezarán en 2019 «si todo va bien». De los 71 colegios públicos que tienen tres o más barracones, se han finalizado o están en obras otros diez, y en otros 56 casos los trabajos arrancarán también en 2019, si todo va bien.
El 4 de diciembre de 2014, Ximo Puig, en una entrevista en 'TV Mediterráneo', señaló: «Es urgente acabar con los barracones». En uno de los mítines de cierre de la campaña electoral de 2015, insistíó: «Vamos a acabar con los barracones».
Esa misma urgencia ya la mentaba Jorge Alarte en 2011. La burocracia es un tremendo sedante de la voluntad política expresada primero en los mítines electorales y luego en los meses del inicio de la legislatura. Habrá que armarse de paciencia y olvidarse de las urgencias.
Financiación
Julio de 2015, un mes muy intenso. Desde el primer día de la puesta en marcha del nuevo Consell, ya se apuntó que la reclamación al Gobierno central de una mejor financiación para la Comunitat sería la punta de lanza del nuevo Gobierno. A finales de ese primer mes, el presidente Puig aseguró que las elecciones generales que se celebrarían en diciembre no podrían ser «en ningún caso un obstáculo» para hablar de la «prioridad» que es el cambio del modelo. «No podemos aplazar 'in eternum' la cuestión», advirtió entonces Puig. Han pasado tres años. No es una eternidad, pero... el conseller de Hacienda, Vicent Soler se estrenó en el cargo asegurando que su mayor prioridad era «pedir de manera contundente un nuevo sistema de financiación. Clama al cielo y será un objetivo primordial». Tres años más tarde, la situación no avanza. El Consell ha sido reivindicativo, aunque la llegada del socialista Pedro Sánchez a la Moncloa ha provocado que desde los populares valencianos se le reproche una rebaja en el tono. Una crítica recurrente. En 2012, la actual vicepresidenta de Les Corts, Carmen Martínez, señalaba en las redes sociales que el «PPCV renuncia a defender (una) mejor financiación ante (el Gobierno de) Rajoy». En abril de 2014, con motivo de unas reuniones que Puig iba a celebrar en Andalucía y Cataluña, el socialista lamentaba que los populares valencianos «han renunciado» a pedir una mejor financiación. Era, según la percepción del ahora presidente de la Generalitat, de una cuestión de «voluntad política», de insistir, y el PSPV atizaba a Fabra por su supuesta tibieza ante Rajoy. Puig lleva tres años en ello, en insistir. El jueves pasado viajó a Murcia para sumar fuerzas y apremiar a Sánchez, que se estrenó en la Moncloa asegurando que no podría solucionar el problema de la financiación en la actual legislatura. Posteriormente, esa renuncia se ha matizado, disculpado, modulado, rectificado y, finalmente desviado hacia las autonomías. «Si las comunidades autónomas están dispuestas a llegar a un acuerdo, el Gobierno no será el que diga que no a ese acuerdo», señaló el lunes el presidente del Ejecutivo central, ante lo cual, ayer, Puig señaló que «no contemplamos que el Gobierno abdique de liderar el cambio de financiación». En esas estamos.
Corts
El calendario de actividad de Les Corts fue un agrio motivo de debate durante la pasada legislatura. La aplastante mayoría absoluta del PP suponía, según la oposición, censuraba el debate. En febrero de 2014, Puig se mostró indignado: «Les Corts están amordazadas por el PP, silenciarlas es silenciar la democracia». No se celebraron plenos en enero. Este año, la primera sesión plenaria ordinaria se celebró el 24 de enero.
Para arrancar el periodo preelectoral y tras de las vacaciones de 2014, Puig señaló en las redes sociales: «El PP ha obligado a los niños a ir a clase la primera semana de septiembre a 34 grados pero mantienen cerradas Les Corts hasta final mes».
Proponía que el Debate de Política General debía celebrarse el 10 y 11 de septiembre. Este año, el debate se celebrará del 11 al 13 de septiembre. En 2017, los días 13 y 14... en aquel 2014, el debate se inició el 22 de septiembre. La diferencia oscila entre 11 y 9 días. El tripartito rechazo celebrar la diputación permanente este pasado mes de julio, que se cerró con un pleno el día 18 con tan baja asistencia que el PP le ganó una votación al tripartito. El próximo debate de política general será el primero en el que se verán limitadas las propuestas de resolución a una docena por partido. En septiembre de 2012, el PSPV presentó 350. El recorte obedece, según el tripartito, al modo abusivo en el que el PP utiliza el recurso de las propuestas. No hay término medio. Algo parecido pasa con las comisiones de investigación. Antes no había y ahora se han puesto en marcha tantas que, en mayo, los síndics de Compromís y PSPV admitieron que se puede estar «sobrecargando» a los diputados y que eso «acabe suponiendo una merma» de un trabajo que requiere «reflexión, conocimiento y estudio» y esto es algo que ahora no se hace, porque, según el socialista Mata, prima la intención de «quedar bien» ante la sociedad.
Tasa turística
La tasa turística se convirtió en los últimos meses de 2017 en un tema capital. En septiembre, durante el Debate de Política General, Compromís apoyó la propuesta de Podemos. Es un asunto que planea desde el inicio de la legislatura. Clara Ferrando, número dos de la Conselleria de Hacienda a propuesta de Compromís, aseguró en sede parlamentaria poco después de llegar al cargo (octubre de 2015) que «cuestionaremos en el próximo ejercicio fiscal (2017) poner un impuesto de pernoctaciones turísticas», porque era un modo de incrementar los ingresos de una Comunitat infrafinanciada. Sin embargo, el responsable de Turismo, el socialista Francesc Colomer, se ha cerrado en banda. Llegó diciembre de 2017, y durante la negogiación de los presupuestos autonómicos Compromís terminó por considerar «responsable» contar con «la opinión de todos los elementos de ese sector estratégico». O sea, los empresarios. Uno de los portavoces de Compromís advirtió de que sería necesario «buscar elementos para entendernos un día de estos». El día no ha llegado. Ni el año. Ni siquiera la legislatura. En el mes de mayo, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, entendió que ya se podía «abrir la puerta a hablar en un futuro de la tasa turística» porque el turismo genera gastos y molestias «que han de verse compensados». Este pasado martes, preguntado sobre si el asunto de la tasa turística está ya «zanjado», el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, reiteró que no «se dan las condiciones» en este momento para una tasa de carácter autonómico y que, por lo tanto, «no es la prioridad de la gestión de las ciudades». O sea, que esta legislatura, no.
las provincias
Un año más tarde, en marzo de 2013, el PSPV, con motivo del incendio registrado en Barx lanzó también otro mensaje en redes sociales dirigido al Consell: «No han aprendido nada de los incendios de este verano (el de 2012), de nuevo el fuego en nuestra tierra».
Tres meses después, otro incendio, y otra vez desde la cuenta de Joves Socialistes: «Incendi forestal en Bocairent. Basta de recortes en prevención y extinción».
Mensajes similares se repitieron en el caso del incendio del Montgó o en el del Parque Natural del Turia. El de Llutxent de esta semana coincidió con un enojoso anuncio para la Generalitat. CCOO y UGT han convocado a los bomberos a una huelga indefinida para protestar por el «incumplimiento» por parte del actual Ministerio de Hacienda, socialista, del acuerdo que incluye una subida salarial. La realidad es compleja. Los recursos son limitados, la prevención no siempre es suficiente. A día de hoy, más del 85% de los municipios de la Comunitat (la mayoría gobernados por el tripartito desde 2015) carecen de un plan de prevención de incendios. La supuesta maldad o falta de voluntad del PP no explican todos los problemas que sufre la Comunitat y que continúan sobre la mesa a la espera de solución.
Desahucios
En el primer trimestre de 2016 se registraron en la Comunitat 2.658 desahucios, 29 cada día. El Consell estaba en pleno rodaje inicial. La sangría que se ha ralentizado pero no se ha detenido. En el primer trimestre de 2018, con el Ejecutivo valenciano ya más que rodado, se produjeron 2.116 desahucios, que fueron uno de los caballos de batalla más potentes en 2015 para la pujanza de Podemos, una de las tres patas del tripartito firmante del Pacto del Botánico. Los morados valencianos solicitaron esta pasada semana una reunión urgente con la Consellería de Vivienda para abordar el drama de los desahucios.
«Maravillas y su família serán desahuciados el 10 de septiembre sin alternativa a instancias de Vivienda» denunció el viernes César Jiménez, diputado de Podemos en Les Corts: «Vamos a pedir que la consellería desista en la denuncia». La formación morada quiere que se anule la referencia temporal que establece el desalojo de las familias que ocupen una vivienda del parque público tras la llegada del Botánico. «Diferentes sentencias establecen que no hay ningún motivo para fijar esta referencia temporal. La ocupación de una vivienda no debe ser una causa de exclusión de la solicitud de vivienda social. La ocupación se ha producido por necesidad» apuntó César Jiménez, quien criticó la orden establecida desde la consellería que dirige la socialista María José Salvador. En febrero de 2015, la portavoz de Vivienda del PSPV era Salvador, quien, a tres meses de elecciones, consideró «indignante e insuficiente que el presidente (Fabra) se limite a pedir perdón a los afectados por los impagos de las ayudas del Consell a la vivienda cuando, en lugar de solucionar el problema, siguió concediendo más ayudas».
«El Consell debe ser más humilde y reconocer que la mera entrada de un nuevo gobierno no implica un cambio sustancial en el acceso a la vivienda a las familias en situación de exclusión social» señaló Jiménez el viernes. El paso del tiempo no ha impedido que cada día, de media, se registren más de 23 desahucios.
Barracones
Sistemáticamente, en todos los grandes mítines de Podemos en la Comunitat durante las pasadas elecciones autonómicas y nacionales, los líderes morados, a la hora de hablar de los valencianos recordaban el problema de los barracones escolares. Tres años más tarde, más de un centenar de colegios cuentan total o parcialmente con sus aulas ubicadas en barracones. A los seis meses de llegar a la Generalitat, Educación presentó su primer plan: obras de eliminación de barracones (en 160 centros) y nuevas construcciones, ampliaciones y rehabilitaciones (80). En el acto participaron Ximo Puig y Vicent Marzà. Todas las obras relacionadas con los barracones estarían terminadas o en marcha antes de que terminara la legislatura. En septiembre del año pasado, el Consell abdicó. No tenía capacidad para tramitar un volumen de intervenciones de ese calibre. Se anunció el Plan Edificant, por el cual son los ayuntamientos los que tramitan y la Generalitat la que paga. De los centros que están íntegramente en barracones (25), 13 están terminados o en ejecución y en los otros 12 las obras empezarán en 2019 «si todo va bien». De los 71 colegios públicos que tienen tres o más barracones, se han finalizado o están en obras otros diez, y en otros 56 casos los trabajos arrancarán también en 2019, si todo va bien.
El 4 de diciembre de 2014, Ximo Puig, en una entrevista en 'TV Mediterráneo', señaló: «Es urgente acabar con los barracones». En uno de los mítines de cierre de la campaña electoral de 2015, insistíó: «Vamos a acabar con los barracones».
Esa misma urgencia ya la mentaba Jorge Alarte en 2011. La burocracia es un tremendo sedante de la voluntad política expresada primero en los mítines electorales y luego en los meses del inicio de la legislatura. Habrá que armarse de paciencia y olvidarse de las urgencias.
Financiación
Julio de 2015, un mes muy intenso. Desde el primer día de la puesta en marcha del nuevo Consell, ya se apuntó que la reclamación al Gobierno central de una mejor financiación para la Comunitat sería la punta de lanza del nuevo Gobierno. A finales de ese primer mes, el presidente Puig aseguró que las elecciones generales que se celebrarían en diciembre no podrían ser «en ningún caso un obstáculo» para hablar de la «prioridad» que es el cambio del modelo. «No podemos aplazar 'in eternum' la cuestión», advirtió entonces Puig. Han pasado tres años. No es una eternidad, pero... el conseller de Hacienda, Vicent Soler se estrenó en el cargo asegurando que su mayor prioridad era «pedir de manera contundente un nuevo sistema de financiación. Clama al cielo y será un objetivo primordial». Tres años más tarde, la situación no avanza. El Consell ha sido reivindicativo, aunque la llegada del socialista Pedro Sánchez a la Moncloa ha provocado que desde los populares valencianos se le reproche una rebaja en el tono. Una crítica recurrente. En 2012, la actual vicepresidenta de Les Corts, Carmen Martínez, señalaba en las redes sociales que el «PPCV renuncia a defender (una) mejor financiación ante (el Gobierno de) Rajoy». En abril de 2014, con motivo de unas reuniones que Puig iba a celebrar en Andalucía y Cataluña, el socialista lamentaba que los populares valencianos «han renunciado» a pedir una mejor financiación. Era, según la percepción del ahora presidente de la Generalitat, de una cuestión de «voluntad política», de insistir, y el PSPV atizaba a Fabra por su supuesta tibieza ante Rajoy. Puig lleva tres años en ello, en insistir. El jueves pasado viajó a Murcia para sumar fuerzas y apremiar a Sánchez, que se estrenó en la Moncloa asegurando que no podría solucionar el problema de la financiación en la actual legislatura. Posteriormente, esa renuncia se ha matizado, disculpado, modulado, rectificado y, finalmente desviado hacia las autonomías. «Si las comunidades autónomas están dispuestas a llegar a un acuerdo, el Gobierno no será el que diga que no a ese acuerdo», señaló el lunes el presidente del Ejecutivo central, ante lo cual, ayer, Puig señaló que «no contemplamos que el Gobierno abdique de liderar el cambio de financiación». En esas estamos.
Corts
El calendario de actividad de Les Corts fue un agrio motivo de debate durante la pasada legislatura. La aplastante mayoría absoluta del PP suponía, según la oposición, censuraba el debate. En febrero de 2014, Puig se mostró indignado: «Les Corts están amordazadas por el PP, silenciarlas es silenciar la democracia». No se celebraron plenos en enero. Este año, la primera sesión plenaria ordinaria se celebró el 24 de enero.
Para arrancar el periodo preelectoral y tras de las vacaciones de 2014, Puig señaló en las redes sociales: «El PP ha obligado a los niños a ir a clase la primera semana de septiembre a 34 grados pero mantienen cerradas Les Corts hasta final mes».
Proponía que el Debate de Política General debía celebrarse el 10 y 11 de septiembre. Este año, el debate se celebrará del 11 al 13 de septiembre. En 2017, los días 13 y 14... en aquel 2014, el debate se inició el 22 de septiembre. La diferencia oscila entre 11 y 9 días. El tripartito rechazo celebrar la diputación permanente este pasado mes de julio, que se cerró con un pleno el día 18 con tan baja asistencia que el PP le ganó una votación al tripartito. El próximo debate de política general será el primero en el que se verán limitadas las propuestas de resolución a una docena por partido. En septiembre de 2012, el PSPV presentó 350. El recorte obedece, según el tripartito, al modo abusivo en el que el PP utiliza el recurso de las propuestas. No hay término medio. Algo parecido pasa con las comisiones de investigación. Antes no había y ahora se han puesto en marcha tantas que, en mayo, los síndics de Compromís y PSPV admitieron que se puede estar «sobrecargando» a los diputados y que eso «acabe suponiendo una merma» de un trabajo que requiere «reflexión, conocimiento y estudio» y esto es algo que ahora no se hace, porque, según el socialista Mata, prima la intención de «quedar bien» ante la sociedad.
Tasa turística
La tasa turística se convirtió en los últimos meses de 2017 en un tema capital. En septiembre, durante el Debate de Política General, Compromís apoyó la propuesta de Podemos. Es un asunto que planea desde el inicio de la legislatura. Clara Ferrando, número dos de la Conselleria de Hacienda a propuesta de Compromís, aseguró en sede parlamentaria poco después de llegar al cargo (octubre de 2015) que «cuestionaremos en el próximo ejercicio fiscal (2017) poner un impuesto de pernoctaciones turísticas», porque era un modo de incrementar los ingresos de una Comunitat infrafinanciada. Sin embargo, el responsable de Turismo, el socialista Francesc Colomer, se ha cerrado en banda. Llegó diciembre de 2017, y durante la negogiación de los presupuestos autonómicos Compromís terminó por considerar «responsable» contar con «la opinión de todos los elementos de ese sector estratégico». O sea, los empresarios. Uno de los portavoces de Compromís advirtió de que sería necesario «buscar elementos para entendernos un día de estos». El día no ha llegado. Ni el año. Ni siquiera la legislatura. En el mes de mayo, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, entendió que ya se podía «abrir la puerta a hablar en un futuro de la tasa turística» porque el turismo genera gastos y molestias «que han de verse compensados». Este pasado martes, preguntado sobre si el asunto de la tasa turística está ya «zanjado», el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, reiteró que no «se dan las condiciones» en este momento para una tasa de carácter autonómico y que, por lo tanto, «no es la prioridad de la gestión de las ciudades». O sea, que esta legislatura, no.
las provincias
