31/01/2019
La economía valenciana, entre las más perjudicadas por la subida del salario mínimo
Una subida generalizada del salario mínimo interprofesional (SMI) puede resultar «desmesurada o, como mínimo, arriesgada» porque puede dañar a los colectivos a los que pretende ayudar. Así lo advierte el profesor del IE Business School Daniel Fernández Kranz en el último número de Cuadernos de Información Económica, que edita Funcas, el centro de estudios de las antiguas cajas de ahorro. Por contra, plantea subidas más graduales que permitan estudiar su impacto sobre el empleo de los grupos afectados.
Para el autor, el efecto podría ser importante para determinados grupos poblacionales, como los jóvenes que acceden al primer empleo, y para algunas comunidades autónomas, donde el incremento de la tasa de cobertura podría desplazar del mercado de trabajo a personas que ya se encuentran en riesgo de exclusión, como la Comunitat Valenciana, la quinta con prácticamente un 14% de trabajadores cubiertos por el salario mínimo.
La subida hasta los 900 euros que ha aprobado el Gobierno para 2019 hará que España pase de ser uno de los países con menor SMI a situarse entre aquellos con un nivel más elevado. Los efectos de la subida del 22,3% en términos de empleo distan de ser unánimes y dependen en gran medida del plazo temporal al que se refieren, según Fernández Kranz.
Más expuesta que la valenciana al efecto perverso de la medida están Canarias, Extremadura, Murcia y Andalucía, aunque la Comunitat prácticamente triplica la cobertura de las mejor situadas: País Vasco o Navarra, donde la población con salario mínimo ronda el 5%.
Fernández Kranz considera que la subida del SMI está en parte justificada por el desacoplamiento que se ha producido en los últimos años entre el crecimiento de los salarios y la productividad, aunque depende de los sectores y los segmentos poblacionales.
Esta medida, incluida en el marco de la negociación presupuestaria, proviene del reciente pacto entre PSOE y Podemos y fija una trayectoria del SMI que podría llevarlo a 1.000 euros en 2020. El pacto supone aplicar el mayor incremento y el mayor valor en términos reales desde 1977 y representa una desviación al alza del SMI de un 17,6% en 2020, respecto a lo pactado por el Gobierno del PP y los sindicatos en diciembre de 2017, condicionado en su día a crecer en términos de PIB a más del 2,5% anual y crear 450.000 empleos al año, cosas que no se cumplen.
las provincias
Para el autor, el efecto podría ser importante para determinados grupos poblacionales, como los jóvenes que acceden al primer empleo, y para algunas comunidades autónomas, donde el incremento de la tasa de cobertura podría desplazar del mercado de trabajo a personas que ya se encuentran en riesgo de exclusión, como la Comunitat Valenciana, la quinta con prácticamente un 14% de trabajadores cubiertos por el salario mínimo.
La subida hasta los 900 euros que ha aprobado el Gobierno para 2019 hará que España pase de ser uno de los países con menor SMI a situarse entre aquellos con un nivel más elevado. Los efectos de la subida del 22,3% en términos de empleo distan de ser unánimes y dependen en gran medida del plazo temporal al que se refieren, según Fernández Kranz.
Más expuesta que la valenciana al efecto perverso de la medida están Canarias, Extremadura, Murcia y Andalucía, aunque la Comunitat prácticamente triplica la cobertura de las mejor situadas: País Vasco o Navarra, donde la población con salario mínimo ronda el 5%.
Fernández Kranz considera que la subida del SMI está en parte justificada por el desacoplamiento que se ha producido en los últimos años entre el crecimiento de los salarios y la productividad, aunque depende de los sectores y los segmentos poblacionales.
Esta medida, incluida en el marco de la negociación presupuestaria, proviene del reciente pacto entre PSOE y Podemos y fija una trayectoria del SMI que podría llevarlo a 1.000 euros en 2020. El pacto supone aplicar el mayor incremento y el mayor valor en términos reales desde 1977 y representa una desviación al alza del SMI de un 17,6% en 2020, respecto a lo pactado por el Gobierno del PP y los sindicatos en diciembre de 2017, condicionado en su día a crecer en términos de PIB a más del 2,5% anual y crear 450.000 empleos al año, cosas que no se cumplen.
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