14/12/2015
El director de Aido pidió que le falsificaran un título para participar en un proyecto
El material decomisado al responsable revela que la oferta para comprar el instituto incluía que se mantuviera a la mujer del exconseller Diego Such
Los correos electrónicos que la UDEF intervino en el registro policial de la sede del Instituto Tecnológico de la Óptica, Color e Imagen (Aido) han proporcionado numerosos indicios a los investigadores acerca de las presuntas irregularidades que se permitían los directivos para captar subvenciones públicas. La inmensa mayoría de los fondos procedían de la Unión Europea.
Un intercambio de mails entre el director, Emilio Pérez, y el responsable de I+D, Santiago Simón, revela hasta qué punto los objetivos eran prioritarios frente al respeto de la legalidad. Emilio recibe un correo en el que le informan que han cambiado el personal investigador en un proyecto en Colombia. Les reclaman la titulación académica para participar en ese trabajo. Pero, al parecer, Emilio no la encuentra o no la tiene, según recoge un informe policial. Supuestamente se trata de una diploma MBA Executive. Para solucionar este contratiempo le pide a Simón que falsifique su título y le ponga su nombre. «Si tienes el tuyo, cógelo y lo montamos con mi nombre», propone. Este, lejos de negarse, llega a responderle: «Voy a ver si es posible hacer el cambio con limpieza. La trama del fondo no ayuda».
La trama de obtención de subvenciones funcionaba con el pago a empresas por informes inexistentes o de escaso valor -estas mercantiles también eran luego clientes del propio instituto- o por el falso cómputo de horas invertidas en los proyectos de investigación. Además, personal directivo de Aido figuraba en las citadas firmas, tal y como adelantó LAS PROVINCIAS. Más de 32 millones de euros están bajo sospecha. El propio director, según testigos, encargó a trabajadores del centro que revisaran todos los expedientes desde 2005 y eliminaran las facturas sospechosas. Los directivos sabían que estaban siendo investigados. De hecho, fue el IVACE, órgano de control de la Generalitat, el que comunicó las incidencias a la fiscalía.
A raíz de esta denuncia -son varios los correos en los que se habla de alguna maniobra para apartar a Anticorrupción del asunto- se desata un escándalo. Emilio Pérez no duda en aconsejar al presidente de Aido, que también ha terminado investigado, una especie de argumentario para capear el temporal y tratar de reconducir la situación.
Además, en un exhaustivo ejercicio por controlar todos los acontecimientos, elabora unas actas sobre diferentes reuniones que se celebran a mediados de este mismo año. En estos escritos, que se han aportado a un informa policial, se recoge un encuentro entre cuatro responsables -incluido el propio director del IVACE- en el que se acuerda realizar una oferta de compra por el instituto Aidico, dedicado a la construcción. Según esta documentación, se pacta una oferta monetaria y dos trabajadores que se deben mantener. Se trata del gerente de Aidico y de Lucía Iruste. Esta sería la mujer del exconseller de Industria de la Generalitat Diego Such quien también fue diputado nacional y alcalde de La Nucia, según recoge el informe de la UDEF donde se califican estos encuentros de «sorprendentes». No hay que olvidar que en esas fechas ya había comenzado una investigación. Finalmente, terminan ofreciendo 81.000 euros por Aidico y 21 trabajadores. Esta cantidad le pareció insuficiente al administrador concursal que quería 170.000 euroscon sus honorarios incluidos.
las provincias
Un intercambio de mails entre el director, Emilio Pérez, y el responsable de I+D, Santiago Simón, revela hasta qué punto los objetivos eran prioritarios frente al respeto de la legalidad. Emilio recibe un correo en el que le informan que han cambiado el personal investigador en un proyecto en Colombia. Les reclaman la titulación académica para participar en ese trabajo. Pero, al parecer, Emilio no la encuentra o no la tiene, según recoge un informe policial. Supuestamente se trata de una diploma MBA Executive. Para solucionar este contratiempo le pide a Simón que falsifique su título y le ponga su nombre. «Si tienes el tuyo, cógelo y lo montamos con mi nombre», propone. Este, lejos de negarse, llega a responderle: «Voy a ver si es posible hacer el cambio con limpieza. La trama del fondo no ayuda».
La trama de obtención de subvenciones funcionaba con el pago a empresas por informes inexistentes o de escaso valor -estas mercantiles también eran luego clientes del propio instituto- o por el falso cómputo de horas invertidas en los proyectos de investigación. Además, personal directivo de Aido figuraba en las citadas firmas, tal y como adelantó LAS PROVINCIAS. Más de 32 millones de euros están bajo sospecha. El propio director, según testigos, encargó a trabajadores del centro que revisaran todos los expedientes desde 2005 y eliminaran las facturas sospechosas. Los directivos sabían que estaban siendo investigados. De hecho, fue el IVACE, órgano de control de la Generalitat, el que comunicó las incidencias a la fiscalía.
A raíz de esta denuncia -son varios los correos en los que se habla de alguna maniobra para apartar a Anticorrupción del asunto- se desata un escándalo. Emilio Pérez no duda en aconsejar al presidente de Aido, que también ha terminado investigado, una especie de argumentario para capear el temporal y tratar de reconducir la situación.
Además, en un exhaustivo ejercicio por controlar todos los acontecimientos, elabora unas actas sobre diferentes reuniones que se celebran a mediados de este mismo año. En estos escritos, que se han aportado a un informa policial, se recoge un encuentro entre cuatro responsables -incluido el propio director del IVACE- en el que se acuerda realizar una oferta de compra por el instituto Aidico, dedicado a la construcción. Según esta documentación, se pacta una oferta monetaria y dos trabajadores que se deben mantener. Se trata del gerente de Aidico y de Lucía Iruste. Esta sería la mujer del exconseller de Industria de la Generalitat Diego Such quien también fue diputado nacional y alcalde de La Nucia, según recoge el informe de la UDEF donde se califican estos encuentros de «sorprendentes». No hay que olvidar que en esas fechas ya había comenzado una investigación. Finalmente, terminan ofreciendo 81.000 euros por Aidico y 21 trabajadores. Esta cantidad le pareció insuficiente al administrador concursal que quería 170.000 euroscon sus honorarios incluidos.
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