15/01/2016
La galería comercial del hotel Gandia Palace sufre destrozos y robos de un millón de euros
La Policía Local certifica que las puertas de acceso a las instalaciones municipales no estaban forzadas y descarta un acto vandálico
La galería comercial de cuatro plantas del hotel Gandia Palace de la playa, que permanecía cerrada desde septiembre de 2014, parece ser el escenario de una batalla campal. El parqué arrancado; la instalación eléctrica suelta; cables cortados; trozos de techo de las salas de cines por los suelos; pantallas rasgadas. Asimismo, han desaparecido luces de emergencia, mobiliario y equipos de sonido y de proyección cinematográfica de alto valor.
Este desolador panorama fue el que el presidente del Consell d'Administració de la empresa pública IPG de Gandia, Vicent Mascarell, se encontró el martes cuando fue a visitar las instalaciones, cuya titularidad es del Ayuntamiento. Desde el gobierno local calculan que los daños y el material robado podrían ascender a un millón de euros.
El representante de Iniciatives Públiques acudió con un notario para que levantara acta sobre cómo se encontraba el inmueble de más de 5.000 metros cuadrados. Tras verificar los múltiples desperfectos, el gerente de IPG, Joan Antoni Juárez, acudió ayer a la comisaría de la Policía Nacional de Gandia para tramitar la pertinente denuncia.
Los escombros se amontonan por los rincones del recinto que hace unos años se llenaba de gente para ver una película, jugar a los bolos, cenar o realizar compras. Está todo desmantelado. Nada queda del parque de bolas infantiles. El restaurante está irreconocible, ya que ni siquiera permanecen las barras, y el espacio destinado a las oficinas está destrozado.
El objetivo ahora es que se realice una investigación para averiguar quiénes han sido los culpables del saqueo. Las puertas de acceso no estaban forzadas, por lo que la Policía Local, en principio, descarta que se trate de un acto vandálico. Desde los servicios jurídicos del gobierno se estudian las posibles medidas legales que van a tomar en función de las pesquisas policiales.
Por otra parte, un documento hallado por miembros de IPG, y fechado el 5 de noviembre de 2014, revela que el exalcalde Arturo Torró constata que recibió de los anteriores inquilinos y gestores de los cines y boleras (empresa Ozone) las instalaciones en perfectas condiciones, «por lo que desde entonces hasta la fecha puede haberse ido robando y expoliando todo», lamentaron desde el ejecutivo local. El PP atribuye el desmantelamiento al abandono de las instalaciones por parte del consistorio, las cuales carecían de vigilancia. «Después de siete meses sin preocuparse de la galería comercial, se cercioran de que hay desperfectos. Si no se dan prisa, acabará pasando lo mismo en el auditorio Baladre, el Centro de Alzheimer o en el trinquete», comentó Torró.
Operación Aplauso
Este episodio suma otro escándalo a la fallida operación Aplauso. Recientemente, un Juzgado de lo Mercantil dio como válido el contrato a través del cual IPG compró las siete salas de cines y las boleras a Vipei, por lo que la empresa pública, como propietaria, le deberá pagar 5,3 millones de euros.
Esta sentencia se hizo pública a mediados de diciembre, días después de que un juzgado de Gandia abriera una investigación sobre el caso al hallar indicios de prevaricación. Torró y el exvicepresidente de IPG Javier Reig acudieron a declarar ante el juez como investigados hace un par de semanas. Para Torró, la negociación fue un «chollo», ya que con la compra se cobraría la deuda de 1,3 millones en concepto de IBI que Vipei tenía con el consistorio, se obtenía patrimonio y se dinamizaba la playa.
La intención era que los locales se fueran pagando gracias al alquiler por su explotación. Sin embargo, todo cayó en saco roto. Ozone no abonó al consistorio ninguna mensualidad y acabó abandonando la actividad. Mientras, la empresa pública sigue debiendo a Vipei los cinco millones de euros por su compra.
las provincias
Este desolador panorama fue el que el presidente del Consell d'Administració de la empresa pública IPG de Gandia, Vicent Mascarell, se encontró el martes cuando fue a visitar las instalaciones, cuya titularidad es del Ayuntamiento. Desde el gobierno local calculan que los daños y el material robado podrían ascender a un millón de euros.
El representante de Iniciatives Públiques acudió con un notario para que levantara acta sobre cómo se encontraba el inmueble de más de 5.000 metros cuadrados. Tras verificar los múltiples desperfectos, el gerente de IPG, Joan Antoni Juárez, acudió ayer a la comisaría de la Policía Nacional de Gandia para tramitar la pertinente denuncia.
Los escombros se amontonan por los rincones del recinto que hace unos años se llenaba de gente para ver una película, jugar a los bolos, cenar o realizar compras. Está todo desmantelado. Nada queda del parque de bolas infantiles. El restaurante está irreconocible, ya que ni siquiera permanecen las barras, y el espacio destinado a las oficinas está destrozado.
El objetivo ahora es que se realice una investigación para averiguar quiénes han sido los culpables del saqueo. Las puertas de acceso no estaban forzadas, por lo que la Policía Local, en principio, descarta que se trate de un acto vandálico. Desde los servicios jurídicos del gobierno se estudian las posibles medidas legales que van a tomar en función de las pesquisas policiales.
Por otra parte, un documento hallado por miembros de IPG, y fechado el 5 de noviembre de 2014, revela que el exalcalde Arturo Torró constata que recibió de los anteriores inquilinos y gestores de los cines y boleras (empresa Ozone) las instalaciones en perfectas condiciones, «por lo que desde entonces hasta la fecha puede haberse ido robando y expoliando todo», lamentaron desde el ejecutivo local. El PP atribuye el desmantelamiento al abandono de las instalaciones por parte del consistorio, las cuales carecían de vigilancia. «Después de siete meses sin preocuparse de la galería comercial, se cercioran de que hay desperfectos. Si no se dan prisa, acabará pasando lo mismo en el auditorio Baladre, el Centro de Alzheimer o en el trinquete», comentó Torró.
Operación Aplauso
Este episodio suma otro escándalo a la fallida operación Aplauso. Recientemente, un Juzgado de lo Mercantil dio como válido el contrato a través del cual IPG compró las siete salas de cines y las boleras a Vipei, por lo que la empresa pública, como propietaria, le deberá pagar 5,3 millones de euros.
Esta sentencia se hizo pública a mediados de diciembre, días después de que un juzgado de Gandia abriera una investigación sobre el caso al hallar indicios de prevaricación. Torró y el exvicepresidente de IPG Javier Reig acudieron a declarar ante el juez como investigados hace un par de semanas. Para Torró, la negociación fue un «chollo», ya que con la compra se cobraría la deuda de 1,3 millones en concepto de IBI que Vipei tenía con el consistorio, se obtenía patrimonio y se dinamizaba la playa.
La intención era que los locales se fueran pagando gracias al alquiler por su explotación. Sin embargo, todo cayó en saco roto. Ozone no abonó al consistorio ninguna mensualidad y acabó abandonando la actividad. Mientras, la empresa pública sigue debiendo a Vipei los cinco millones de euros por su compra.
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