07/04/2016
Ribó justifica los pagos a la fundación para fomentar el chavismo en España
Primero el qué y luego el quién. Esa es la máxima reiterada por las fuerzas emergentes, protagonistas del 'Pacto del Botánico' y de los autodenominados 'Ayuntamientos del cambio'. Es decir, que aseguran estar menos pendientes de los cargos que del programa de actuación. Sin embargo, respecto a la Fundación CEPS, una institución a la que pertenecen destacados políticos de la izquierda valenciana que actualmente ocupan puestos de responsabilidad, lo importante ya no es el qué (hacía) ni el por qué sino que sus cuentas están auditadas. A esos controles a CEPS (fundación en la que militaron o militan hasta media docena de diputados nacionales y autonómicos de Podemos y Compromís) se remiten los dirigentes podemistas en la Comunitat para evitar explicar por qué la fundación se dedicaba a fomentar el chavismo en España, según los documentos conocidos esta semana procedentes del Gobierno de Venezuela.
La entidad, que cuenta con 350 miembros, permaneció en un discreto segundo plano durante años (se fundó como asociación en 1993 y se constituyó en fundación a finales de 2000). Sin embargo, tras emerger Podemos se comprobó que sus principales dirigentes a nivel nacional (Iglesias, Errejón y, antes, Monedero) han estado vinculados a CEPS. Igualmente, la fundación germen del partido morado cuenta entre sus miembros en la Comunitat al alcalde de Valencia, Joan Ribó, los diputados nacionales de Podemos Ángela Ballester, Rubén Martinez y Txema Guijarro, los diputados autonómicos de Podemos Antonio Montiel y Fabiola Meco, y de Compromís Isaura Navarro, así como el excandidato de Esquerra Unida Ignacio Blanco.
Los informes del Ejecutivo caribeño daban cuenta al fallecido presidente Hugo Chávez de los convenios firmados con CEPS, a la que sufragó entre 2003 y 2011 con más de siete millones de euros para (en el caso de un convenio firmado en 2008) «estrechar lazos y compromisos con reconocidos representantes de las escuelas de pensamiento de izquierdas, fundamentalmente anticapitalistas, que en España puedan crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún más afines al gobierno boliviariano». ¿Y por qué tanta afinidad al chavismo por parte de CEPS? Destacados miembros de la fundación eludieron ayer explicar la razón de ese ejercicio de proselitismo del chavismo. Se remitieron a que las cuentas de la institución con sede en Valencia están auditadas y que todo es legal.
El que más tiñó de normalidad el vínculo millonario entre una fundación con una modesta sede en la calle Carniceros de Valencia y el afán de bolivalizar el mundo del Ejecutivo que lideró Hugo Chávez fue, ayer, el alcalde de Valencia, Joan Ribó. «Yo trabajo en muchas organizaciones. CEPS ha estado trabajando en Sudamérica, ha habido asesorías de determinados gobiernos de Sudamérica e imagino que se les habrá pagado. Había asesorías del gobierno de Chávez como de otros gobiernos, no sé si de Ecuador también, por ejemplo. Pero es una práctica normal que en determinados trabajos paguen», explicó Ribó, quien en cualquier caso quiso resaltar «una casualidad temporal, mañana (por hoy) se reúnen por primera vez los tres grupos (PSOE, Podemos y Ciudadanos) y aparece una información que viene del Ministerio del Interior. Significativo». En esa línea de apuntar hacia un contubernio contra los podemistas y la relación económica entre CEPS y los bolivarianos se pronunció el síndic de Podemos, Antonio Montiel.
«CEPS es una fundación constituida legalmente» que «se creó en el año 2000, mucho antes de la existencia de Podemos» y que por ella «han pasado numerosos intelectuales, profesores universitarios y expertos que han realizado trabajos académicos y de asesoría tanto en España como en el extranjero y una parte de las actividades se realizaron en Venezuela», señaló el portavoz de la formación morada, quien destacó que se trata de una fundación «que ha realizado todas sus declaraciones tributarias y todos sus actos han estado respaldados por el Protectorado de fundaciones del Ministerio de Cultura». «No creo que haya que intentar buscar ningún tipo de ocultamiento porque tanto sus actividades como sus cuentas han sido siempre públicas».
Preguntado (hasta en tres ocasiones, al menos, durante la mañana de ayer) por si el objetivo de las aportaciones venezolanas era promover en España partidos que fueran favorables a las políticas bolivarianas, Montiel aseguró que «nunca ha habido donaciones», sino que «la fundación ha realizado trabajos académicos y de investigación que han sido compensados porque ha habido que desplazar personal y costear las asesorías. Todos los convenios han sido declarados en la Agencia Tributaria y son perfectamente legales». En este mismo sentido, sostuvo que CEPS «presentaba sus cuentas. Es una fundación legal. Esto no son los papeles de Panamá».
La diputada de Podemos y tesorera de CEPS, Fabiola Meco, preguntada por esos documentos que hizo público el ABC donde se refleja el acuerdo entre Venezuela y la fundación para fomentar el chavismo a cambio de varios millones de euros, aseguró que era la primera vez que los veía y tenía noticia de ellos. Meco subrayó que la actividad de la fundación no se limitó a Venezuela, sino que también colaboró con otros gobiernos latinoamericanos, si bien no precisó si con ellos también se convenió fomentar su ideología entre los colectivos sociales españoles.
El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, descartó ayer abrir cualquier tipo de investigación sobre el asunto por considerar que este tipo de actividades no son de su competencia, según explicó a LAS PROVINCIAS.
las provincias
La entidad, que cuenta con 350 miembros, permaneció en un discreto segundo plano durante años (se fundó como asociación en 1993 y se constituyó en fundación a finales de 2000). Sin embargo, tras emerger Podemos se comprobó que sus principales dirigentes a nivel nacional (Iglesias, Errejón y, antes, Monedero) han estado vinculados a CEPS. Igualmente, la fundación germen del partido morado cuenta entre sus miembros en la Comunitat al alcalde de Valencia, Joan Ribó, los diputados nacionales de Podemos Ángela Ballester, Rubén Martinez y Txema Guijarro, los diputados autonómicos de Podemos Antonio Montiel y Fabiola Meco, y de Compromís Isaura Navarro, así como el excandidato de Esquerra Unida Ignacio Blanco.
Los informes del Ejecutivo caribeño daban cuenta al fallecido presidente Hugo Chávez de los convenios firmados con CEPS, a la que sufragó entre 2003 y 2011 con más de siete millones de euros para (en el caso de un convenio firmado en 2008) «estrechar lazos y compromisos con reconocidos representantes de las escuelas de pensamiento de izquierdas, fundamentalmente anticapitalistas, que en España puedan crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún más afines al gobierno boliviariano». ¿Y por qué tanta afinidad al chavismo por parte de CEPS? Destacados miembros de la fundación eludieron ayer explicar la razón de ese ejercicio de proselitismo del chavismo. Se remitieron a que las cuentas de la institución con sede en Valencia están auditadas y que todo es legal.
El que más tiñó de normalidad el vínculo millonario entre una fundación con una modesta sede en la calle Carniceros de Valencia y el afán de bolivalizar el mundo del Ejecutivo que lideró Hugo Chávez fue, ayer, el alcalde de Valencia, Joan Ribó. «Yo trabajo en muchas organizaciones. CEPS ha estado trabajando en Sudamérica, ha habido asesorías de determinados gobiernos de Sudamérica e imagino que se les habrá pagado. Había asesorías del gobierno de Chávez como de otros gobiernos, no sé si de Ecuador también, por ejemplo. Pero es una práctica normal que en determinados trabajos paguen», explicó Ribó, quien en cualquier caso quiso resaltar «una casualidad temporal, mañana (por hoy) se reúnen por primera vez los tres grupos (PSOE, Podemos y Ciudadanos) y aparece una información que viene del Ministerio del Interior. Significativo». En esa línea de apuntar hacia un contubernio contra los podemistas y la relación económica entre CEPS y los bolivarianos se pronunció el síndic de Podemos, Antonio Montiel.
«CEPS es una fundación constituida legalmente» que «se creó en el año 2000, mucho antes de la existencia de Podemos» y que por ella «han pasado numerosos intelectuales, profesores universitarios y expertos que han realizado trabajos académicos y de asesoría tanto en España como en el extranjero y una parte de las actividades se realizaron en Venezuela», señaló el portavoz de la formación morada, quien destacó que se trata de una fundación «que ha realizado todas sus declaraciones tributarias y todos sus actos han estado respaldados por el Protectorado de fundaciones del Ministerio de Cultura». «No creo que haya que intentar buscar ningún tipo de ocultamiento porque tanto sus actividades como sus cuentas han sido siempre públicas».
Preguntado (hasta en tres ocasiones, al menos, durante la mañana de ayer) por si el objetivo de las aportaciones venezolanas era promover en España partidos que fueran favorables a las políticas bolivarianas, Montiel aseguró que «nunca ha habido donaciones», sino que «la fundación ha realizado trabajos académicos y de investigación que han sido compensados porque ha habido que desplazar personal y costear las asesorías. Todos los convenios han sido declarados en la Agencia Tributaria y son perfectamente legales». En este mismo sentido, sostuvo que CEPS «presentaba sus cuentas. Es una fundación legal. Esto no son los papeles de Panamá».
La diputada de Podemos y tesorera de CEPS, Fabiola Meco, preguntada por esos documentos que hizo público el ABC donde se refleja el acuerdo entre Venezuela y la fundación para fomentar el chavismo a cambio de varios millones de euros, aseguró que era la primera vez que los veía y tenía noticia de ellos. Meco subrayó que la actividad de la fundación no se limitó a Venezuela, sino que también colaboró con otros gobiernos latinoamericanos, si bien no precisó si con ellos también se convenió fomentar su ideología entre los colectivos sociales españoles.
El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, descartó ayer abrir cualquier tipo de investigación sobre el asunto por considerar que este tipo de actividades no son de su competencia, según explicó a LAS PROVINCIAS.
las provincias
