24/06/2016
Cataluña se niega a devolver la parte valenciana del Archivo de Salamanca
Los responsables del Gobierno catalán mantienen el veto a reintegrar los más de 2.000 documentos de la Comunitat
Bloqueo total. La Generalitat de Cataluña volvió a trasladar ayer su negativa tajante a devolver al Archivo de Salamanca toda la relación de documentos que han sido remitidos a Barcelona y que pertenecen a otras comunidades autónomas, como la valenciana. No sólo eso. Los representantes de la administración catalana plantearon que el Archivo de Salamanca «debe desaparecer».
El director general de Archivos, Bibliotecas, Museos y Patrimonio, Jusèp Boya; el del Arxiu Nacional de Catalunya, Francesc Balada; y Àngels Bernal, responsable de los Fondos de la Administración del Arxiu Nacional alegaron «identidad común» de los papeles catalanes y los valencianos ante los representantes de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca. El encuentro, que se prolongó ayer durante varias horas, sirvió para comprobar que la administración que dirige Carles Puigdemont no piensa dar su brazo a torcer. Se estima que unos «2.000 documentos valencianos acreditados, de entidades, administración o familias valencianas» están en manos de la Generalitat de Cataluña.
El origen de la polémica arranca de la decisión del Gobierno central, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, de aceptar la reclamación de ERC de devolver a Cataluña los papeles con origen en esa región del Archivo General de la Guerra Civil, ubicado en Salamanca. El 15 de septiembre de 2005 el Congreso de los Diputados aprobó la ley para devolver a la Generalidad de Cataluña los documentos aprehendidos durante y tras la Guerra Civil y depositados en el Archivo de Salamanca. Los sucesivos traslados de documentación -hasta siete- durante los siguientes años se hicieron sin el rigor y control que hubiera merecido una decisión de este tipo. La consecuencia de esa impericia fue que a Cataluña llegaron papeles catalanes, sí, pero también de otras muchas CC AA.
Cumplir la ley
El presidente de Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez, y su delegado en Cataluña, Eduardo García, se reunieron ayer con los responsables catalanes con la intención de exigir el cumplimiento de la legislación. De un lado, la sentencia del Tribunal Constitucional que señala que los documentos sin propietario, una vez concluido el plazo para su restitución en enero de 2013, debían ser devueltos al archivo estatal con sede en Salamanca. De otro, el fraude de Ley que supone la documentación entregada a quien no es su legítimo propietario. La respuesta de los representantes catalanes a ambos supuestos fue el silencio.
En tercer lugar, la devolución de la documentación indebidamente trasladada a Cataluña. Sánchez aportó diversas referencias de personas cuya documentación está en manos de la administración catalana. Como la de Alejandro Mas Nicolás, nacido en Valencia el 31 de octubre de 1920, con familia de Algemesí y Albaida, y fallecido en 2001. Y otros muchos casos.
La respuesta del director general y los demás representantes de la administración catalana fue la de remitirse a la Comisión Mixta Gobierno Central-Generalitat de Cataluña para tratar esos casos. Sánchez ofreció la retirada de la demanda judicial presentada por este caso a cambio de acabar con el sufrimiento de esas familias, que tenían depositadas sus esperanzas en esta reunión. Y recordó que la ley establece que la parte demandada y la demandante pueden en cualquier momento llegar a un acuerdo, y que así se lo ofrecía, en bien de las familias. Pero ni por esas. La respuesta catalana provocó que los representantes de Salvar el Archivo de Salamanca mantengan el procedimiento judicial en marcha y lleven el caso de las familias afectadas «por el expolio ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo».
las provincias
El director general de Archivos, Bibliotecas, Museos y Patrimonio, Jusèp Boya; el del Arxiu Nacional de Catalunya, Francesc Balada; y Àngels Bernal, responsable de los Fondos de la Administración del Arxiu Nacional alegaron «identidad común» de los papeles catalanes y los valencianos ante los representantes de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca. El encuentro, que se prolongó ayer durante varias horas, sirvió para comprobar que la administración que dirige Carles Puigdemont no piensa dar su brazo a torcer. Se estima que unos «2.000 documentos valencianos acreditados, de entidades, administración o familias valencianas» están en manos de la Generalitat de Cataluña.
El origen de la polémica arranca de la decisión del Gobierno central, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, de aceptar la reclamación de ERC de devolver a Cataluña los papeles con origen en esa región del Archivo General de la Guerra Civil, ubicado en Salamanca. El 15 de septiembre de 2005 el Congreso de los Diputados aprobó la ley para devolver a la Generalidad de Cataluña los documentos aprehendidos durante y tras la Guerra Civil y depositados en el Archivo de Salamanca. Los sucesivos traslados de documentación -hasta siete- durante los siguientes años se hicieron sin el rigor y control que hubiera merecido una decisión de este tipo. La consecuencia de esa impericia fue que a Cataluña llegaron papeles catalanes, sí, pero también de otras muchas CC AA.
Cumplir la ley
El presidente de Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez, y su delegado en Cataluña, Eduardo García, se reunieron ayer con los responsables catalanes con la intención de exigir el cumplimiento de la legislación. De un lado, la sentencia del Tribunal Constitucional que señala que los documentos sin propietario, una vez concluido el plazo para su restitución en enero de 2013, debían ser devueltos al archivo estatal con sede en Salamanca. De otro, el fraude de Ley que supone la documentación entregada a quien no es su legítimo propietario. La respuesta de los representantes catalanes a ambos supuestos fue el silencio.
En tercer lugar, la devolución de la documentación indebidamente trasladada a Cataluña. Sánchez aportó diversas referencias de personas cuya documentación está en manos de la administración catalana. Como la de Alejandro Mas Nicolás, nacido en Valencia el 31 de octubre de 1920, con familia de Algemesí y Albaida, y fallecido en 2001. Y otros muchos casos.
La respuesta del director general y los demás representantes de la administración catalana fue la de remitirse a la Comisión Mixta Gobierno Central-Generalitat de Cataluña para tratar esos casos. Sánchez ofreció la retirada de la demanda judicial presentada por este caso a cambio de acabar con el sufrimiento de esas familias, que tenían depositadas sus esperanzas en esta reunión. Y recordó que la ley establece que la parte demandada y la demandante pueden en cualquier momento llegar a un acuerdo, y que así se lo ofrecía, en bien de las familias. Pero ni por esas. La respuesta catalana provocó que los representantes de Salvar el Archivo de Salamanca mantengan el procedimiento judicial en marcha y lleven el caso de las familias afectadas «por el expolio ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo».
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