2.000 empleos pendientes de la reversión

La puerta para la reversión de los hospitales públicos de gestión privada está abierta desde que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunciara hace unos días que no se va a prorrogar el contrato con Ribera Salud para la gestión del Hospital de Alzira, centro sanitario que inauguró en España la colaboración público-privada bajo el conocido como modelo Alzira.

Tras el anuncio de Puig, que comportaba la comunicación a la empresa de que no se renovará la concesión a partir de marzo de 2018, poco más se ha sabido. La incertidumbre se ha instalado entre los 2.100 profesionales que trabajan en el departamento de salud de La Ribera, adscrito al Hospital de Alzira. De ellos, 1.800 son personal laboral y 300, empleados públicos (estatutarios). Todos, pendientes de conocer el plan de acción que defina la situación laboral que les aguarda el futuro.

Con su pronunciamiento en Les Corts, el jefe del Consell puso en marcha lo que se auguraba que iba a ocurrir desde que la consellera de Sanidad, Carmen Montón, llegó al despacho de Micer Mascó. Avanzó el día de su toma de posesión, en julio de 2015, la voluntad de devolver la asistencia sanitaria a la gestión pública: un mandato del Pacto del Botánico.

Empieza así un proceso «complejísimo» en cuya resolución hay muchas partes implicadas. Los interrogantes son numerosos y las respuestas que se ofrecen diversas. Unos se inclinan por el lado de convertirse en personal estatutario. Otros entienden que esa fórmula no es viable porque implica un proceso de oposiciones, una oferta pública de empleo, frente a lo que abogan por ser personal laboral. Pero no acaban ahí las opciones, pues hay criterios que apuntan hacia personal laboral interino, mientras no faltan quienes apuestan por el laboral fijo.

¿Empresa pública o fundación? También esta pregunta planea en el escenario de la reversión. El primero que habló de estas figuras jurídicas, junto con la de consorcio, como fórmula plausible para que la Conselleria de Sanidad asumiera la gestión del Hospital de la Ribera, fue el comisionado del departamento autonómico en el hospital.

El pasado enero adelantó que se debía buscar un modelo nuevo: un consorcio, una fundación o una empresa pública. Puntualizó que era una cuestión a estudiar por Sanidad. Ahora se sigue hablando de ello, pero son los sindicatos quienes lo hacen. No descartan la fundación o la empresa pública, y expertos consultados por LAS PROVINCIAS señalan que esos caminos podrían reducir las complicaciones, aunque sin decir que vaya a ser fácil.

En medio de esta diversidad de criterios, se descubre un punto de confluencia. Todos coinciden en que es la Administración la que tiene que ofrecer las claves, responder a las preguntas. Y en este escenario, ¿qué dice la Conselleria de Sanidad?

El departamento que dirige Carmen Montón explica que en estos momentos se está trabajando para determinar «la planificación e ir siguiendo el curso del proceso» hasta describir cómo acometer «la transición». Entre los asuntos a resolver se encuentra determinar la fórmula para asumir al personal. «Hay que ir paso a paso». De ahí que «se lleva mucho tiempo hablando con los sindicatos», aseguran.

Días atrás Sanidad ya dijo que una vez notificada la intención de no prorrogar el contrato se celebrarán nuevos encuentros entre la conselleria, comité de empresa, junta de personal, mesa sectorial y la empresa como parte de la planificación. A la intención de celebrar esas reuniones se suma «la creación de una comisión» para redactar las normas que regirán la recepción de todos los elementos materiales.

De hecho, el contrato, publicado por la Generalitat en su portal de Transparencia, al referir la cláusula de reversión señala que un año antes de la finalización, la Administración dispondrá las normas encaminadas a la recepción del hospital y ordena constituir una comisión mixta de seguimiento.

El departamento de Montón destaca que se ha adelantado «seis meses» a esa exigencia temporal para empezar a diseñar el mapa a recorrer en un proceso que un experto en economía consultado por LAS PROVINCIAS define como «una situación complejísima». Este especialista parte de considerar que «lo normal es que se asuman los trabajadores». Si se tratara de un concurso entre empresas se afrontaría «una subrogación» sin grandes complicaciones. Pero la intervención de la Administración determina «una serie de limitaciones presupuestarias y otras relacionadas con la oferta pública de empleo». Ante esta circunstancia llama la atención en el hecho de que asumir el personal comportará que ese apartado «pase al capítulo 1 del presupuesto, de gastos de personal» en un contexto económico «complicado».

En su análisis destaca que la posibilidad de que los profesionales se conviertan en personal estatutario, empleados públicos, pasaría por convocar oposiciones. A esta posibilidad añade la alternativa de que se mantenga una relación laboral interina y que más adelante llegue una «relación de puestos de trabajo y luego un proceso de oposición».

Sea cual sea el camino que se tome, el experto consultado por LAS PROVINCIAS insiste en que «jurídicamente es complicadísimo». A su juicio la creación de una empresa pública o una fundación, sin que deje de ser complicado, «podría resultar más sencillo».

La voz de los trabajadores a través de los representantes sindicales empezó a escucharse días atrás y sus declaraciones trasladan la inquietud del personal dando a conocer las distintas apuestas, si bien algunas formaciones se inclinan por guardar silencio hasta que Sanidad desvele las claves de su plan.

Arturo León, secretario general de sanidad de CC.OO, parte de considerar que «la conselleria tiene que decir qué quiere hacer». Ello no le aparta de poner el acento en que «los trabajadores se tienen que quedar, tienen derecho a la subrogación» y a su juicio deben hacerlo «en las mismas condiciones que en su convenio colectivo». Se pronuncia con claridad, pero reitera que la fórmula «la dirá la Administración».

León, al igual que el experto consultado, reconoce que «no es fácil. Hay que conjugar la empresa privada con el ámbito público, y lo que haya que hacer tiene que estar muy medido». La fórmula para que la Generalitat asuma a los trabajadores es convertirlos «en personal laboral» y descarta la posibilidad de «personal estatutario porque no es posible». Hace hincapié en que aunque el traspaso no sea entre empresas privadas «la subrogación es posible».

Pero entre los representantes de los trabajadores hay otros puntos de vista. El presidente de Csif-Sanidad, Rafael Cantó, parte de que «todo tiene que definirse» todavía y manifiesta que su formación «quiere que el personal sea estatutario, empleados públicos». No sólo adelanta su objetivo, desvela también las «líneas rojas» del Csif: «¿Qué atención se va a dar al ciudadano? ¿Dispondrá el hospital de más especialidades que un centro sanitario comarcal? ¿Cuánto va costar este proceso?».

Otra de las voces que se pronuncian es la del secretario general del sindicato médico Cesm, Andrés Cánovas. Dice que corresponde a la conselleria dar el primer paso, pero adelanta que a los profesionales «los tendrá que asumir íntegramente la Administración». Es partidario de la fórmula de «personal laboral. Para ser funcionarios habría que convocar oposiciones» y considera factible que la Generalitat opte por la empresa pública o la fundación.

Pedro Durán, representante del Simap en el comité de empresa, en los últimos días ha manifestado que están trasladando tranquilidad a los trabajadores. Confía en el entendimiento con la conselleria: «Hay buenas vibraciones». La alternativa de ser personal laboral fijo de la Administración es la de este sindicato, que no descarta que en el futuro se alcance la meta de convertirse en trabajadores estatutarios.

También forma parte del comité UGT, que se inclina por esperar «a ver qué propone la conselleria». Lola Oltra, delegada sindical, no oculta que están «completamente de acuerdo con la reversión», pero el hecho de que falten casi dos años para llegar a puerto, la lleva a afirmar que pronunciarse supone «aventurarse mucho».

El deseo de que Sanidad despeje las incógnitas en torno al futuro de los trabajadores, no sólo lo manifiestan sus representantes y el experto consultado. También la empresa que gestiona el Hospital de Alzira, Ribera Salud, reclama al departamento autonómico que «concrete» el proceso para cerrar una etapa de «inquietud e incertidumbre» que mantiene en vilo al personal del centro. Insisten en «el respeto» a la posición adoptada por la Generalitat, pero lamentan que es una «decisión política que no está teniendo en cuenta a los profesionales y a los ciudadanos».

Desde la concesionaria suman al debate otros «riesgos» que a su juicio puede desencadenar la reversión y que resumen en un cambio de modelo que pueda conducir a la «pérdida de una sanidad de cercanía» en el departamento de La Ribera, que atiende en torno a 250.000 personas. Ello sucederá si hay «pérdida de especialidades, si el hospital deja de ser general». Y recuerdan que tienen «dos meses de demora menos que en centros de gestión directa».

Las inversiones que en virtud del contrato tenía la obligación de materializar la empresa aseguran que están «cumplidas al 96%, con una media de entre dos y tres millones de inversión anual», cantidad ante la que comenta Ribera Salud que «pocos hospitales invierten tanto de forma estable porque te obliga un contrato». De ahí que adviertan de la conveniencia de prestar atención a si «hay inversiones que se quedarán pendientes».


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