06/10/2016
Los colegios concertados de la Comunitat perderían hasta 30.000 plazas con la supresión del Bachillerato y FP
La intención de la Conselleria de Educación de eliminar conciertos en Bachillerato y FP, comunicada el pasado martes a los representantes de los colegios católicos, implica trasladar a 172 centros una incertidumbre que durará meses. Al fin y al cabo, al no saberse qué escuelas se verán afectadas, cualquiera de las que actualmente ofrecen alguna de las etapas vía convenio con la administración podría verse afectada, lo que supondría un grave revés para sus proyectos educativos, pues para muchos sería imposible funcionar en régimen privado.
Sirve un dato. En el peor de los casos -que Educación cortara la concertación de raíz- la medida implicaría en los próximos años la pérdida de unas 30.000 plazas escolares, sin olvidar el perjuicio para las familias con niños ya escolarizados en cursos previos, pues muchas se verían abocadas a buscar otro centro en el momento en que terminaran 4º de la ESO (el que da acceso a Bachillerato o a los ciclos de grado medio) o 2º de Bachillerato (para entrar en los títulos superiores de FP).
Tampoco se puede olvidar a los matriculados en FP Básica que accedieran a grados medios. En este caso, al ser etapa obligatoria no se vería afectada por las intenciones de Educación, que por otro lado se conocen desde mediados de 2015, pues aparecen en el programa electoral de Compromís. Exactamente habla de una supresión progresiva.
Educación anuncia sanciones a los colegios que no han publicado los horarios docentes
Educación envió el 20 de septiembre un correo electrónico a numerosos colegios que ha generado malestar. En el escrito, remitido desde el departamento de centros concertados y privados, se alertaba de que la escuela no había incluido todavía en el programa Ítaca la relación de profesorado y su horario detallado. Más allá de la obligación de los titulares de facilitar los datos, recogida en el propio concierto, sentó mal el último párrafo, que decía que el incumplimiento «podría ser objeto de un expediente sancionador» y que «con el fin de que no se vean perjudicados los intereses de sus trabajadores y del centro» se deberá publicar la información de manera «inmediata».
Varias escuelas consultadas coincidieron en señalar que de la redacción se desprendía «cierto carácter amenazante» y vincularon la demora a los problemas de Ítaca o la imposibilidad de cerrar las plantillas en relación a determinados programas de compensación. También se elevaron quejas a la Dirección General de Centros Docentes, lo que derivó en otro correo aclaratorio más mesurado. Se decía que algunos colegios habían contactado con el servicio «agradeciendo su contenido porque no recordaban dicha cláusula», que otros manifestaron su inquietud «por si suponía la incoación de un expediente» y que se lamentaban las dificultades técnicas. «La pretensión no ha sido otra que disponer puntualmente de los datos de los horarios y resolver, en su caso, los problemas que los titulares hayan tenido al introducir los datos en Ítaca», se añadía.
El proceso es el siguiente. Los 172 colegios que ofrecen alguna de estas etapas tienen convenios vigentes hasta el 31 de agosto de 2017. En enero se solicitará a Educación la renovación por cuatro años, y la administración tendrá que decidir en los siguientes meses. En caso de no continuar, la extinción irá por fases. Aunque el martes no se entró en detalles, Vicent Marzà ha dicho en varias entrevistas que no se sacaría a los alumnos de sus escuelas. Siguiendo esta premisa, el curso que viene dejaría de funcionar 1º de Bachillerato o de FP y de cara al 2018-2019 desaparecería 2º. En otras palabras, coincidiría con el final de la legislatura. Al menos esta es la hipótesis que barajan los centros.
También hay que tener en cuenta que los proyectos políticos suelen chocar con la realidad a pie de calle. Y es que difícilmente podrían cancelarse en bloque los conciertos postobligatorios, pues se darían casos donde no se cubriría toda la demanda de escolarización.
Miguel Soler, el secretario autonómico, dijo las pasadas navidades que la concertación se mantendría allí donde no llegaran los centros públicos, lo que supone reivindicar el principio de subsidiariedad entre redes educativas. Eso sí, el programa electoral, al que remitieron Soler y Marzà en la reunión con la patronal católica para justificar la medida, simplifica la cuestión. La única concesión es la idea de actuar de manera progresiva. La clave estará en saber el espacio real disponible en los institutos públicos, lo que supondrá un complejo estudio de planificación. Lo que está claro es que, en la actualidad, hay más plazas libres que en los centros concertados.
Según los últimos datos aportados por la Conselleria de Educación, la ratio media de alumnos por aula en Bachillerato es de 25,96 en los primeros y de 28,15 en los segundos, lo que supone dos estudiantes más por unidad. En la provincia de Alicante la diferencia es más amplia: 25,98 por 30,32. En cuanto a FP, a nivel autonómico apenas hay diferencias. El promedio de matriculados por clase es de 20,63 y de 20,36 respectivamente.
Volviendo a las etapas postobligatorias, las Ampas de Alicante no descartan movilizaciones masivas como las impulsadas tras el último arreglo escolar, que implicó un cambio de tendencia al limitarse el crecimiento de la red concertada mientras se extendía la pública. La presidenta de Concapa en la provincia, Julia Llopis, destacó el miércoles que la intención es «diseñar una hoja de ruta» y que se quiere implicar a patronales y sindicatos en las protestas. «Si es necesario iremos un paso más allá. No nos limitaremos a hacer concentraciones», explicó.
A nivel oficial, la primera reacción llegó de la Mesa por la Educación en Libertad, que agrupa a patronales, asociaciones de padres, sindicatos y otras organizaciones. El portavoz Vicente Morro exigió a Marzà «respeto a los derechos y libertades», ya que si no se renuevan los conciertos se puede estar «amenazando el futuro de miles de niños y jóvenes que han elegido este modelo educativo». Para Morro, «los dirigentes valencianos han antepuesto el interés de sus partidos y programas al interés general de los ciudadanos, obviando los derechos adquiridos, la función social y educativa que ejercen y el buen trabajo que se realiza en los centros concertados en estas etapas». Por último, destacó que la supresión «sería una forma muy clara de dividir a las familias por su capacidad económica».
las provincias
Sirve un dato. En el peor de los casos -que Educación cortara la concertación de raíz- la medida implicaría en los próximos años la pérdida de unas 30.000 plazas escolares, sin olvidar el perjuicio para las familias con niños ya escolarizados en cursos previos, pues muchas se verían abocadas a buscar otro centro en el momento en que terminaran 4º de la ESO (el que da acceso a Bachillerato o a los ciclos de grado medio) o 2º de Bachillerato (para entrar en los títulos superiores de FP).
Tampoco se puede olvidar a los matriculados en FP Básica que accedieran a grados medios. En este caso, al ser etapa obligatoria no se vería afectada por las intenciones de Educación, que por otro lado se conocen desde mediados de 2015, pues aparecen en el programa electoral de Compromís. Exactamente habla de una supresión progresiva.
Educación anuncia sanciones a los colegios que no han publicado los horarios docentes
Educación envió el 20 de septiembre un correo electrónico a numerosos colegios que ha generado malestar. En el escrito, remitido desde el departamento de centros concertados y privados, se alertaba de que la escuela no había incluido todavía en el programa Ítaca la relación de profesorado y su horario detallado. Más allá de la obligación de los titulares de facilitar los datos, recogida en el propio concierto, sentó mal el último párrafo, que decía que el incumplimiento «podría ser objeto de un expediente sancionador» y que «con el fin de que no se vean perjudicados los intereses de sus trabajadores y del centro» se deberá publicar la información de manera «inmediata».
Varias escuelas consultadas coincidieron en señalar que de la redacción se desprendía «cierto carácter amenazante» y vincularon la demora a los problemas de Ítaca o la imposibilidad de cerrar las plantillas en relación a determinados programas de compensación. También se elevaron quejas a la Dirección General de Centros Docentes, lo que derivó en otro correo aclaratorio más mesurado. Se decía que algunos colegios habían contactado con el servicio «agradeciendo su contenido porque no recordaban dicha cláusula», que otros manifestaron su inquietud «por si suponía la incoación de un expediente» y que se lamentaban las dificultades técnicas. «La pretensión no ha sido otra que disponer puntualmente de los datos de los horarios y resolver, en su caso, los problemas que los titulares hayan tenido al introducir los datos en Ítaca», se añadía.
El proceso es el siguiente. Los 172 colegios que ofrecen alguna de estas etapas tienen convenios vigentes hasta el 31 de agosto de 2017. En enero se solicitará a Educación la renovación por cuatro años, y la administración tendrá que decidir en los siguientes meses. En caso de no continuar, la extinción irá por fases. Aunque el martes no se entró en detalles, Vicent Marzà ha dicho en varias entrevistas que no se sacaría a los alumnos de sus escuelas. Siguiendo esta premisa, el curso que viene dejaría de funcionar 1º de Bachillerato o de FP y de cara al 2018-2019 desaparecería 2º. En otras palabras, coincidiría con el final de la legislatura. Al menos esta es la hipótesis que barajan los centros.
También hay que tener en cuenta que los proyectos políticos suelen chocar con la realidad a pie de calle. Y es que difícilmente podrían cancelarse en bloque los conciertos postobligatorios, pues se darían casos donde no se cubriría toda la demanda de escolarización.
Miguel Soler, el secretario autonómico, dijo las pasadas navidades que la concertación se mantendría allí donde no llegaran los centros públicos, lo que supone reivindicar el principio de subsidiariedad entre redes educativas. Eso sí, el programa electoral, al que remitieron Soler y Marzà en la reunión con la patronal católica para justificar la medida, simplifica la cuestión. La única concesión es la idea de actuar de manera progresiva. La clave estará en saber el espacio real disponible en los institutos públicos, lo que supondrá un complejo estudio de planificación. Lo que está claro es que, en la actualidad, hay más plazas libres que en los centros concertados.
Según los últimos datos aportados por la Conselleria de Educación, la ratio media de alumnos por aula en Bachillerato es de 25,96 en los primeros y de 28,15 en los segundos, lo que supone dos estudiantes más por unidad. En la provincia de Alicante la diferencia es más amplia: 25,98 por 30,32. En cuanto a FP, a nivel autonómico apenas hay diferencias. El promedio de matriculados por clase es de 20,63 y de 20,36 respectivamente.
Volviendo a las etapas postobligatorias, las Ampas de Alicante no descartan movilizaciones masivas como las impulsadas tras el último arreglo escolar, que implicó un cambio de tendencia al limitarse el crecimiento de la red concertada mientras se extendía la pública. La presidenta de Concapa en la provincia, Julia Llopis, destacó el miércoles que la intención es «diseñar una hoja de ruta» y que se quiere implicar a patronales y sindicatos en las protestas. «Si es necesario iremos un paso más allá. No nos limitaremos a hacer concentraciones», explicó.
A nivel oficial, la primera reacción llegó de la Mesa por la Educación en Libertad, que agrupa a patronales, asociaciones de padres, sindicatos y otras organizaciones. El portavoz Vicente Morro exigió a Marzà «respeto a los derechos y libertades», ya que si no se renuevan los conciertos se puede estar «amenazando el futuro de miles de niños y jóvenes que han elegido este modelo educativo». Para Morro, «los dirigentes valencianos han antepuesto el interés de sus partidos y programas al interés general de los ciudadanos, obviando los derechos adquiridos, la función social y educativa que ejercen y el buen trabajo que se realiza en los centros concertados en estas etapas». Por último, destacó que la supresión «sería una forma muy clara de dividir a las familias por su capacidad económica».
las provincias
