31/03/2017
Sanidad envía inspectores al Hospital de Alzira para ver si destruye documentos
Ribera Salud asegura que sufre un 'Riberexit' y denuncia que se enfrenta a una situación de «persecución»
El proceso de reversión de los hospitales del modelo Alzira a la gestión directa por la Conselleria de Sanidad inauguró ayer un nuevo capítulo que llevó a la empresa Ribera Salud a denunciar que están viviendo «un Riberexit, donde hay muchas falsas promesas». Incluso apuntaron que se enfrentan a una situación de «persecución». Estas declaraciones llegaron en respuesta a la visita de un inspector de la Conselleria de Sanidad al Hospital de la Ribera con la finalidad de conocer si se estaba destruyendo documentación, según señalaron fuentes de Ribera Salud.
Desde el departamento que dirige Carmen Montón confirmaron la visita, que calificaron de «rutinaria» al tiempo que destacaron que consistió en un encuentro con el director de gestión en el que se le preguntó «por el circuito de distribución y destrucción de documentos, además de otras cuestiones». Apuntaron, además, que es «relativamente frecuente que vayan inspectores allí».
Según el acta que resultó de la inspección, a la que tuvo acceso LAS PROVINCIAS, la visita del examinador enviado por la Conselleria de Sanidad concluyó con la afirmación de que se había verificado lo que el director económico del centro sanitario había trasladado al enviado por el departamento autonómico cuando le señaló que no se había destruido documentación.
El control al que se sometieron las instalaciones incluyó la zona de residuos y estuvo presente el comisionado del departamento autonómico en el hospital comarcal.
El director Económico del Hospital de La Ribera, Santiago Ribelles, que participó en la inspección de ayer, en declaraciones a este periódico calificó la visita como una «medida desproporcionada y fuera de lugar, que solo responde a la obsesión de la Conselleria de Sanidad por desprestigiar este modelo de gestión». Insistió en que desde las instalaciones sanitarias de Alzira «siempre se ha mostrado la máxima colaboración con la Conselleria de Sanidad a la hora de facilitar información sobre la gestión, por lo que no entendemos esta persecución a la labor sanitaria de Alzira».
El desplazamiento del profesional de la conselleria se realizó «por sorpresa», según señalaron desde Ribera Salud, empresa adjudicataria de la gestión del Hospital de La Ribera, cuyo contrato de concesión finaliza el 31 de marzo de 2018 y cuyo proceso de reversión se ha puesto en marcha esta semana tras el anuncio de Carmen Montón.
El 'Riberexit'
El consejero delegado de Ribera Salud, Alberto de Rosa, se pronunció sobre la decisión de la Conselleria de Sanidad de revertir la concesión del departamento de Alzira y consideró que están «viviendo un 'Riberexit', porque esto es como el Brexit, donde hay muchas falsas promesas frente a las realidades de todos los días». De Rosa, según informó Europa Press, realizó estas declaraciones en una entrevista concedida a Onda Cero.
De Rosa dio a conocer las circunstancias ante las se encontraron ayer cuando señaló que el enviado de Sanidad fue a investigar «si estábamos destruyendo papeles o incinerando documentos». La situación llevó al delegado de la empresa a señalar que «aquí o alguien no está actuando de acuerdo a las normas habituales de la buena relación institucional o, sinceramente, iría mas allá y creo que alguien está intentando transmitir algún tipo de impresión a la sociedad que, desde luego, va mucho más allá de cualquier línea roja de la normal relación institucional».
El directivo de la empresa que gestiona el centro sanitario recalcó que el servicio que se da y los profesionales no constituyen una cuestión «de ideología» sino de «interés publico». A su juicio «es posible que se pierdan. Por eso lo llamo el 'Riberexit', porque estoy seguro de que si hubiese un referéndum en Inglaterra ahora, es posible que gane la permanencia porque es muy fácil hacer promesas y lo difícil es recuperar lo que se pierde».
La inspección y las declaraciones que siguieron a la misma llegaron después de que el martes la Generalitat comunicara a Ribera Salud las normas para la reversión. La respuesta fue el anuncio por parte de la adjudicataria de la decisión de recurrir ante los tribunales la iniciativa del Consell. Ante este mensaje la consellera el miércoles aseguró que no creía que esa acción pueda interferir en el transcurso del proceso de transición del hospital gestionado por Ribera Salud a la gestión directa por parte de la Generalitat.
Esta consideración la realizó Montón ante los medios de comunicación al mismo tiempo que manifestó que por parte de la Administración «hay una actitud leal, serena, respetuosa» y ante ello señaló que espera «colaboración. Lo contrario es impensable en una empresa que es contratista de la Administración».
A estas palabras de Montón aludió ayer cuando consideró «difícilmente entendible que se pida la máxima colaboración y lealtad por parte de la empresa y al mismo tiempo se esté cuestionando continuamente la labor de los profesionales que forman parte de ella».
El proceso de reversión tiene por delante un plazo de 12 meses, en tanto que la finalización del contrato para la gestión del Hospital de Alzira está fijada el 31 de marzo de 2018. La comunicación remitida por la Generalitat a la empresa advierte de que durante este último año de concesión cualquier cambio en el funcionamiento deberá contar con el informe favorable de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos. También señala que esas normas son de «carácter vinculante».
las provincias
Desde el departamento que dirige Carmen Montón confirmaron la visita, que calificaron de «rutinaria» al tiempo que destacaron que consistió en un encuentro con el director de gestión en el que se le preguntó «por el circuito de distribución y destrucción de documentos, además de otras cuestiones». Apuntaron, además, que es «relativamente frecuente que vayan inspectores allí».
Según el acta que resultó de la inspección, a la que tuvo acceso LAS PROVINCIAS, la visita del examinador enviado por la Conselleria de Sanidad concluyó con la afirmación de que se había verificado lo que el director económico del centro sanitario había trasladado al enviado por el departamento autonómico cuando le señaló que no se había destruido documentación.
El control al que se sometieron las instalaciones incluyó la zona de residuos y estuvo presente el comisionado del departamento autonómico en el hospital comarcal.
El director Económico del Hospital de La Ribera, Santiago Ribelles, que participó en la inspección de ayer, en declaraciones a este periódico calificó la visita como una «medida desproporcionada y fuera de lugar, que solo responde a la obsesión de la Conselleria de Sanidad por desprestigiar este modelo de gestión». Insistió en que desde las instalaciones sanitarias de Alzira «siempre se ha mostrado la máxima colaboración con la Conselleria de Sanidad a la hora de facilitar información sobre la gestión, por lo que no entendemos esta persecución a la labor sanitaria de Alzira».
El desplazamiento del profesional de la conselleria se realizó «por sorpresa», según señalaron desde Ribera Salud, empresa adjudicataria de la gestión del Hospital de La Ribera, cuyo contrato de concesión finaliza el 31 de marzo de 2018 y cuyo proceso de reversión se ha puesto en marcha esta semana tras el anuncio de Carmen Montón.
El 'Riberexit'
El consejero delegado de Ribera Salud, Alberto de Rosa, se pronunció sobre la decisión de la Conselleria de Sanidad de revertir la concesión del departamento de Alzira y consideró que están «viviendo un 'Riberexit', porque esto es como el Brexit, donde hay muchas falsas promesas frente a las realidades de todos los días». De Rosa, según informó Europa Press, realizó estas declaraciones en una entrevista concedida a Onda Cero.
De Rosa dio a conocer las circunstancias ante las se encontraron ayer cuando señaló que el enviado de Sanidad fue a investigar «si estábamos destruyendo papeles o incinerando documentos». La situación llevó al delegado de la empresa a señalar que «aquí o alguien no está actuando de acuerdo a las normas habituales de la buena relación institucional o, sinceramente, iría mas allá y creo que alguien está intentando transmitir algún tipo de impresión a la sociedad que, desde luego, va mucho más allá de cualquier línea roja de la normal relación institucional».
El directivo de la empresa que gestiona el centro sanitario recalcó que el servicio que se da y los profesionales no constituyen una cuestión «de ideología» sino de «interés publico». A su juicio «es posible que se pierdan. Por eso lo llamo el 'Riberexit', porque estoy seguro de que si hubiese un referéndum en Inglaterra ahora, es posible que gane la permanencia porque es muy fácil hacer promesas y lo difícil es recuperar lo que se pierde».
La inspección y las declaraciones que siguieron a la misma llegaron después de que el martes la Generalitat comunicara a Ribera Salud las normas para la reversión. La respuesta fue el anuncio por parte de la adjudicataria de la decisión de recurrir ante los tribunales la iniciativa del Consell. Ante este mensaje la consellera el miércoles aseguró que no creía que esa acción pueda interferir en el transcurso del proceso de transición del hospital gestionado por Ribera Salud a la gestión directa por parte de la Generalitat.
Esta consideración la realizó Montón ante los medios de comunicación al mismo tiempo que manifestó que por parte de la Administración «hay una actitud leal, serena, respetuosa» y ante ello señaló que espera «colaboración. Lo contrario es impensable en una empresa que es contratista de la Administración».
A estas palabras de Montón aludió ayer cuando consideró «difícilmente entendible que se pida la máxima colaboración y lealtad por parte de la empresa y al mismo tiempo se esté cuestionando continuamente la labor de los profesionales que forman parte de ella».
El proceso de reversión tiene por delante un plazo de 12 meses, en tanto que la finalización del contrato para la gestión del Hospital de Alzira está fijada el 31 de marzo de 2018. La comunicación remitida por la Generalitat a la empresa advierte de que durante este último año de concesión cualquier cambio en el funcionamiento deberá contar con el informe favorable de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos. También señala que esas normas son de «carácter vinculante».
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