13/06/2017
Marzà impulsa una ley educativa con las grandes medidas ya tomadas
La conselleria aspira a que Les Corts debata la nueva norma el año que viene y asume que será «difícil» alcanzar consensos
El conseller Vicent Marzà presentó ayer el proceso que desembocará en la futura Ley Integral Valenciana de Educación (Live). Al acto asistieron representantes de casi toda la comunidad educativa y de los partidos políticos -foto de grupo incluida- y tuvo una cuidada puesta en escena, con Marzà y Miguel Soler, el secretario autonómico, en el centro del escenario desgranando la hoja de ruta, que debe desembocar en un proyecto de ley que se debata en Les Corts en 2018. Llamamientos a la participación, el consenso o los puntos de unión fueron la tónica general de la exposición pese a que las grandes medidas de política educativa ya están aprobadas e incluso rodadas.
Ha sucedido con el modelo de Infantil de cero a tres años, con el procedimiento de admisión, con el tratamiento subsidiario -no complementario- de la enseñanza concertada o con el modelo lingüístico, el proyecto que más oposición ha suscitado. En todos estos casos los sectores que se han considerado perjudicados han optado por la vía judicial -con distinta suerte-, síntoma de que el ansiado consenso será «difícil», como reconocieron ayer tanto Marzá como Soler. Y más si la ley aborda las temáticas mencionadas.
También están ya maduras otras medidas no tan contestadas o que han sido bien aceptadas, desde los planes de mejora obligatorios para todos los colegios, los de fomento de la calidad educativa -bajada de las ratios- o el sistema de formación del profesorado. De los grandes temas queda pendiente la recuperación de las condiciones laborales de los docentes previas a la crisis, como la mejora de las plantillas. El retraso a la hora de abordar esta negociación está detrás de la ausencia, ayer, del sindicato mayoritario, el Stepv.
La participación empezará en breve vía reuniones con todas las organizaciones representativas. Además se remitirán cuestionarios a padres, profesores y equipos directivos -«comunidad educativa en su sentido más amplio», dijo Soler-. Con todo el material se elaborará un borrador que volverá a ponerse en común con los representantes oficiales antes de llegar a Les Corts. También se prevé una gira comarcal de los jefes de la conselleria para sumar ideas.
En cuanto al contenido, Soler dejó claro que estará dentro del marco estatal, actualmente más que difuso, y Marzà insistió en «poner en común lo que compartimos» para hacer «una reflexión conjunta» de «base pedagógica». Abogó por un modelo «flexible y dinámico» para «sacar lo mejor del alumnado». También apostó por «blindarlo» desde el punto de vista presupuestario.
Sobre si el consenso será complicado porque muchas medidas están tomadas, dijo que el proceso «es una muestra de la capacidad de diálogo del Consell y de su voluntad de que todos puedan participar», y que se quiere «implicar a todas las partes y buscar equilibrios para la mejor propuesta posible». La declaración se puede tomar como una respuesta política de manual o una vía abierta a ceder -o al menos debatir- en relación a lo ya aprobado.
Soler también habló de objetivos como aumentar el número de graduados en la ESO y de alumnos cursando estudios postobligatorios y dijo que el punto de partida es «que no tenemos la posesión de la verdad». Bregado en estas lides -fue artífice del 'cuasi-pacto' del ministro Gabilondo- lanzó una pregunta capital: «¿En qué se puede ceder para encontrar un equilibrio que permita avanzar juntos?». La clave estará ahí, pues el consenso siempre va ligado a la cesión de las partes. De lo contrario, la Comunitat se conformará sólo con una ley participada, que no pactada. Como la Lomce.
las provincias
Ha sucedido con el modelo de Infantil de cero a tres años, con el procedimiento de admisión, con el tratamiento subsidiario -no complementario- de la enseñanza concertada o con el modelo lingüístico, el proyecto que más oposición ha suscitado. En todos estos casos los sectores que se han considerado perjudicados han optado por la vía judicial -con distinta suerte-, síntoma de que el ansiado consenso será «difícil», como reconocieron ayer tanto Marzá como Soler. Y más si la ley aborda las temáticas mencionadas.
También están ya maduras otras medidas no tan contestadas o que han sido bien aceptadas, desde los planes de mejora obligatorios para todos los colegios, los de fomento de la calidad educativa -bajada de las ratios- o el sistema de formación del profesorado. De los grandes temas queda pendiente la recuperación de las condiciones laborales de los docentes previas a la crisis, como la mejora de las plantillas. El retraso a la hora de abordar esta negociación está detrás de la ausencia, ayer, del sindicato mayoritario, el Stepv.
La participación empezará en breve vía reuniones con todas las organizaciones representativas. Además se remitirán cuestionarios a padres, profesores y equipos directivos -«comunidad educativa en su sentido más amplio», dijo Soler-. Con todo el material se elaborará un borrador que volverá a ponerse en común con los representantes oficiales antes de llegar a Les Corts. También se prevé una gira comarcal de los jefes de la conselleria para sumar ideas.
En cuanto al contenido, Soler dejó claro que estará dentro del marco estatal, actualmente más que difuso, y Marzà insistió en «poner en común lo que compartimos» para hacer «una reflexión conjunta» de «base pedagógica». Abogó por un modelo «flexible y dinámico» para «sacar lo mejor del alumnado». También apostó por «blindarlo» desde el punto de vista presupuestario.
Sobre si el consenso será complicado porque muchas medidas están tomadas, dijo que el proceso «es una muestra de la capacidad de diálogo del Consell y de su voluntad de que todos puedan participar», y que se quiere «implicar a todas las partes y buscar equilibrios para la mejor propuesta posible». La declaración se puede tomar como una respuesta política de manual o una vía abierta a ceder -o al menos debatir- en relación a lo ya aprobado.
Soler también habló de objetivos como aumentar el número de graduados en la ESO y de alumnos cursando estudios postobligatorios y dijo que el punto de partida es «que no tenemos la posesión de la verdad». Bregado en estas lides -fue artífice del 'cuasi-pacto' del ministro Gabilondo- lanzó una pregunta capital: «¿En qué se puede ceder para encontrar un equilibrio que permita avanzar juntos?». La clave estará ahí, pues el consenso siempre va ligado a la cesión de las partes. De lo contrario, la Comunitat se conformará sólo con una ley participada, que no pactada. Como la Lomce.
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