14/06/2017
Cincuenta mil accionistas valencianos del Popular preparan otra querella
Los accionistas valencianos de Banco Popular preparan una querella por falsedad contable contra la anterior cúpula, encabezada por Ángel Ron, como las ya presentadas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y dos despachos de abogados en nombre de los afectados por la resolución del banco, vendido al Santander por un euro, y la pérdida de sus títulos.
Al frente de la denuncia está el impulsor de la causa de Banco de Valencia, el abogado Diego Muñoz Cobo, que presentó la primera querella contra una veintena de exconsejeros y directivos, asumida en 2013 por el juez Santiago Pedraz, y ahora prevé reunir a 50.000 afectados.
Según señala a LAS PROVINCIAS, está agrupando a los perjudicados de la Comunitat en una querella similar a la planteada sobre Banco de Valencia, en esta ocasión sobre las cuentas del Popular previas a la ampliación de capital de hace un año y en colaboración con Yuris Abogados.
En principio, se dirigirá contra los exconsejeros del Popular, las empresas a las que representaban y la auditora de las cuentas de la entidad, aunque no descarta hacerla extensiva al Banco de España si aprecian responsabilidades del supervisor.
El alcance de la denuncia, que presentarán próximamente y debe ser admitida a trámite para seguir su desarrollo judicial, también podría ampliarse a las cuentas de más ejercicios, como sucedió con BdV, cuando la investigación esclarezca «hasta dónde llega la contaminación».
Muñoz da por seguro que alcanzarán unos 50.000 accionistas valencianos, de un total de 305.000, ya que «Banco Popular tenía una implantación importante en la Comunitat y, cada día, el número crece».
Según explica, «hay mucho pequeño ahorrador», que confió su dinero a un banco «premiado a nivel internacional por su eficiencia, que gracias a esa fama pasada mantenía una aureola de entidad segura, a pesar de los errores del equipo de Ángel Ron y su deriva hacia el ladrillo». También pone el foco en la «especulación excesiva con la acción».
El creciente número de accionistas agrupados en esta querella abarca desde quien heredó 100 acciones, que llegaron a cotizar a 16 euros, a grandes inversores con hasta un millón de títulos, ahora papel mojado.
En paralelo a la querella, estudiarán caso por caso para derivar a la vía civil aquellos en los que detecten falta de información o vicios de nulidad, como sucedió con Bankia.
las provincias
Al frente de la denuncia está el impulsor de la causa de Banco de Valencia, el abogado Diego Muñoz Cobo, que presentó la primera querella contra una veintena de exconsejeros y directivos, asumida en 2013 por el juez Santiago Pedraz, y ahora prevé reunir a 50.000 afectados.
Según señala a LAS PROVINCIAS, está agrupando a los perjudicados de la Comunitat en una querella similar a la planteada sobre Banco de Valencia, en esta ocasión sobre las cuentas del Popular previas a la ampliación de capital de hace un año y en colaboración con Yuris Abogados.
En principio, se dirigirá contra los exconsejeros del Popular, las empresas a las que representaban y la auditora de las cuentas de la entidad, aunque no descarta hacerla extensiva al Banco de España si aprecian responsabilidades del supervisor.
El alcance de la denuncia, que presentarán próximamente y debe ser admitida a trámite para seguir su desarrollo judicial, también podría ampliarse a las cuentas de más ejercicios, como sucedió con BdV, cuando la investigación esclarezca «hasta dónde llega la contaminación».
Muñoz da por seguro que alcanzarán unos 50.000 accionistas valencianos, de un total de 305.000, ya que «Banco Popular tenía una implantación importante en la Comunitat y, cada día, el número crece».
Según explica, «hay mucho pequeño ahorrador», que confió su dinero a un banco «premiado a nivel internacional por su eficiencia, que gracias a esa fama pasada mantenía una aureola de entidad segura, a pesar de los errores del equipo de Ángel Ron y su deriva hacia el ladrillo». También pone el foco en la «especulación excesiva con la acción».
El creciente número de accionistas agrupados en esta querella abarca desde quien heredó 100 acciones, que llegaron a cotizar a 16 euros, a grandes inversores con hasta un millón de títulos, ahora papel mojado.
En paralelo a la querella, estudiarán caso por caso para derivar a la vía civil aquellos en los que detecten falta de información o vicios de nulidad, como sucedió con Bankia.
las provincias
