01/10/2015
La Guardia Civil irrumpe en Imelsa para copiar archivos y cotejarlos con Benavent
Cuatro agentes y una secretaria judicial permanecen más de ocho horas en la sede de la empresa provincial extrayendo datos del ordenador central
Más de ocho horas permanecieron ayer en la sede de Imelsa cuatro agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, acompañados por la secretaria judicial del juzgado de instrucción número seis de Valencia, con motivo de copiar los archivos del ordenador central de esta empresa pública de la Diputación de Valencia.
El objetivo es cotejar el contenido del ordenador central de Imelsa con las informaciones que ha ido aportando Marcos Benavent, el que fuera gerente de la empresa provincial, hasta finales de 2014, en las declaraciones que ha prestado, aseguraron fuentes conocedoras del caso.
Se trata de una actuación correspondiente a la investigación abierta por el mencionado juzgado de instrucción número seis por la denuncia interpuesta por la gerencia de Imelsa contra el que fue máximo responsable de la gestión de la entidad, Marcos Benavent, ante un supuesto agujero de unos 40.000 euros y la desaparición de un par de ordenadores portátiles.
Fuentes conocedoras del caso aseguraron que la intervención de los agentes de la UCO se debe a un requerimiento presentado en los juzgados por los actuales gestores de Imelsa y cuyo fin principal, insistieron, es «cotejar» las declaraciones realizadas por Benavent, así como la documentación aportada, cuando ha comparecido para prestar declaración en la instrucción de esta causa. Un caso jurídicamente diferente al de supuesto cobro de comisiones por adjudicaciones realizadas por Imelsa que destapó Esquerra Unida a finales de la pasada legislatura y que denunció ante el Ministerio Público, pero por lo que parece, íntimamente relacionado con su precipitada salida de la empresa a finales del año pasado.
Los agentes de la UCO copiaron los archivos del ordenador central de Imelsa para que los encargados de la instrucción judicial puedan contrastar las versiones dadas por el propio exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, durante sus declaraciones en los juzgados como imputado, con la documentación hallada en las unidades telemáticas de la empresa provincial de servicios Imelsa.
La semana pasada acudió de nuevo Marcos Benavent a prestar declaración a la Comandancia de Patraix. Durante dos días consecutivos el que fuera hombre de confianza de Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, profundizó y aclaró algunas cuestiones de sus anteriores comparecencias para desentrañar la trama de la Diputación de Valencia. Benavent recalcó el papel que jugó María José Alcón, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el supuesto amaño de contratos y en el presunto cobro de comisiones.
En aquella declaración Marcos Benavent también implicó a un alto cargo de la Diputación de Valencia. Se trata, según las fuentes, de Salvador Deusa, un histórico dirigente en el consistorio provincial. Durante la década de los noventa fue jefe del área de informática. Más tarde se convirtió en el responsable de Evaluación y Planificación. El exgerente apuntó a que esta persona conocía y participaba en el supuesto amaño de algunos de los contratos que investiga ahora la Unidad Central Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La trama de amaño de contratos salpica prácticamente toda la gestión de Marcos Benavent y de un amplio periodo de la Diputación de Valencia. Miembros del supuesto grupo delictivo, entre ellos el propio exgerente, organizaban comidas en restaurantes para repartirse supuestamente el dinero obtenido de forma fraudulenta. Allí, todos los comensales recibían su parte correspondiente de la comisión por adjudicar el correspondiente contrato a una determinada empresa.
Marcos Benavent grabó durante años a buena parte de los integrantes de la trama. Adquirió un equipo de grabación de sonido de primer nivel, de los que usan de manera habitual los detectives privados. Además, se obsesionó por su propia seguridad. No sólo recogía las conversaciones con terceros sino que se aseguraba de que él no fuera «cazado». Para ello utilizaba un inhibidor que también adquirió en la misma empresa donde compró los equipos de grabación.
Durante sus comparecencias ante la Guarda Civil y el juzgado, Benavent aportó numerosa documentación informática y copias de seguridad de la empresa pública.
las provincias
El objetivo es cotejar el contenido del ordenador central de Imelsa con las informaciones que ha ido aportando Marcos Benavent, el que fuera gerente de la empresa provincial, hasta finales de 2014, en las declaraciones que ha prestado, aseguraron fuentes conocedoras del caso.
Se trata de una actuación correspondiente a la investigación abierta por el mencionado juzgado de instrucción número seis por la denuncia interpuesta por la gerencia de Imelsa contra el que fue máximo responsable de la gestión de la entidad, Marcos Benavent, ante un supuesto agujero de unos 40.000 euros y la desaparición de un par de ordenadores portátiles.
Fuentes conocedoras del caso aseguraron que la intervención de los agentes de la UCO se debe a un requerimiento presentado en los juzgados por los actuales gestores de Imelsa y cuyo fin principal, insistieron, es «cotejar» las declaraciones realizadas por Benavent, así como la documentación aportada, cuando ha comparecido para prestar declaración en la instrucción de esta causa. Un caso jurídicamente diferente al de supuesto cobro de comisiones por adjudicaciones realizadas por Imelsa que destapó Esquerra Unida a finales de la pasada legislatura y que denunció ante el Ministerio Público, pero por lo que parece, íntimamente relacionado con su precipitada salida de la empresa a finales del año pasado.
Los agentes de la UCO copiaron los archivos del ordenador central de Imelsa para que los encargados de la instrucción judicial puedan contrastar las versiones dadas por el propio exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, durante sus declaraciones en los juzgados como imputado, con la documentación hallada en las unidades telemáticas de la empresa provincial de servicios Imelsa.
La semana pasada acudió de nuevo Marcos Benavent a prestar declaración a la Comandancia de Patraix. Durante dos días consecutivos el que fuera hombre de confianza de Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, profundizó y aclaró algunas cuestiones de sus anteriores comparecencias para desentrañar la trama de la Diputación de Valencia. Benavent recalcó el papel que jugó María José Alcón, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el supuesto amaño de contratos y en el presunto cobro de comisiones.
En aquella declaración Marcos Benavent también implicó a un alto cargo de la Diputación de Valencia. Se trata, según las fuentes, de Salvador Deusa, un histórico dirigente en el consistorio provincial. Durante la década de los noventa fue jefe del área de informática. Más tarde se convirtió en el responsable de Evaluación y Planificación. El exgerente apuntó a que esta persona conocía y participaba en el supuesto amaño de algunos de los contratos que investiga ahora la Unidad Central Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La trama de amaño de contratos salpica prácticamente toda la gestión de Marcos Benavent y de un amplio periodo de la Diputación de Valencia. Miembros del supuesto grupo delictivo, entre ellos el propio exgerente, organizaban comidas en restaurantes para repartirse supuestamente el dinero obtenido de forma fraudulenta. Allí, todos los comensales recibían su parte correspondiente de la comisión por adjudicar el correspondiente contrato a una determinada empresa.
Marcos Benavent grabó durante años a buena parte de los integrantes de la trama. Adquirió un equipo de grabación de sonido de primer nivel, de los que usan de manera habitual los detectives privados. Además, se obsesionó por su propia seguridad. No sólo recogía las conversaciones con terceros sino que se aseguraba de que él no fuera «cazado». Para ello utilizaba un inhibidor que también adquirió en la misma empresa donde compró los equipos de grabación.
Durante sus comparecencias ante la Guarda Civil y el juzgado, Benavent aportó numerosa documentación informática y copias de seguridad de la empresa pública.
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