14/12/2015
Funcionarios reclaman ya la cárcel de Siete Aguas ante la saturación de Picassent
La prisión valenciana cumple 25 años envuelta en críticas por la falta de trabajadores y el exceso de reclusos que soporta J. A. MARRAHÍ
La cárcel de Picassent cumplirá el próximo mes de enero 25 años. Y su aniversario llega en medio de continuas críticas de los funcionarios de prisiones por la reducción de trabajadores y «una saturación de reclusos por encima de los límites que marca la ley». Por eso desde ACAIP, CSI-F y UGT, los principales sindicatos, insisten en la «urgencia de acabar la futura cárcel de Siete Aguas», cuyas obras paralizadas se retomarán en abril del próximo año. La previsión del Gobierno es que el segundo centro penitenciario de la provincia, concebido para albergar a más de un millar de reclusos, esté en funcionamiento a finales de 2018.
La cárcel de Picassent fue inaugurada en enero de 1991. A lo largo de su cuarto de siglo de vida, decenas de miles de presos han poblado sus estancias. Hoy hay casi 2.200 repartidos en 1.326 celdas, según los datos facilitados por la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias. Tanto en ACAIP como en CSI-F denuncian que la cárcel está «saturada y desfasada en su infraestructura, especialmente en la zona de presos de primer grado», los más peligrosos.
Para justificar esta congestión se basan en la Ley Orgánica General Penitenciaria, «que marca como idóneo el ratio de un interno por celda». Bajo el prisma de esta norma, hay un exceso de casi un millar de reclusos, de ahí que apremien al Gobierno a avanzar las obras de Siete Aguas.
Este diario contactó con Instituciones Penitenciarias para conocer su versión y contrastar las cifras, pero el organismo no ofreció balances «al estar prohibido por la Junta Electoral». Tampoco aclaró cuántos presos de Picassent está previsto trasladar a Siete Aguas cuando la nueva cárcel en obras sea una realidad. Hasta ahora, la versión del Gobierno ha sido que el número de presos del centro es adecuado y garantiza la seguridad.
Un funcionario de la prisión que prefiere mantenerse en el anonimato se pregunta: «¿Si eso es realmente así para qué se construye el nuevo centro de Siete Aguas con una inversión millonaria?». Los cálculos de la Delegación del Gobierno es que el retraso de las obras podría elevar su coste final hasta cerca de 130 millones de euros.
La cárcel de Picassent llegó a tener 1.150 funcionarios en 2008, según datos de ACAIP. Hoy son poco más de un millar, lo que muestra un importante descenso en los últimos años. «El problema es que el número de presos de Picassent se mantiene con pocas variaciones, a diferencia del global de prisiones de España, donde se aprecia un descenso del 35% en cuatro años».
Los funcionarios consultados opinan que Picassent «fue una cárcel avanzada en su momento, pero hoy está desfasada». Ponen el acento en las instalaciones que albergan a los presos de primer grado. «Distan mucho de ser seguras».
las provincias
La cárcel de Picassent fue inaugurada en enero de 1991. A lo largo de su cuarto de siglo de vida, decenas de miles de presos han poblado sus estancias. Hoy hay casi 2.200 repartidos en 1.326 celdas, según los datos facilitados por la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias. Tanto en ACAIP como en CSI-F denuncian que la cárcel está «saturada y desfasada en su infraestructura, especialmente en la zona de presos de primer grado», los más peligrosos.
Para justificar esta congestión se basan en la Ley Orgánica General Penitenciaria, «que marca como idóneo el ratio de un interno por celda». Bajo el prisma de esta norma, hay un exceso de casi un millar de reclusos, de ahí que apremien al Gobierno a avanzar las obras de Siete Aguas.
Este diario contactó con Instituciones Penitenciarias para conocer su versión y contrastar las cifras, pero el organismo no ofreció balances «al estar prohibido por la Junta Electoral». Tampoco aclaró cuántos presos de Picassent está previsto trasladar a Siete Aguas cuando la nueva cárcel en obras sea una realidad. Hasta ahora, la versión del Gobierno ha sido que el número de presos del centro es adecuado y garantiza la seguridad.
Un funcionario de la prisión que prefiere mantenerse en el anonimato se pregunta: «¿Si eso es realmente así para qué se construye el nuevo centro de Siete Aguas con una inversión millonaria?». Los cálculos de la Delegación del Gobierno es que el retraso de las obras podría elevar su coste final hasta cerca de 130 millones de euros.
La cárcel de Picassent llegó a tener 1.150 funcionarios en 2008, según datos de ACAIP. Hoy son poco más de un millar, lo que muestra un importante descenso en los últimos años. «El problema es que el número de presos de Picassent se mantiene con pocas variaciones, a diferencia del global de prisiones de España, donde se aprecia un descenso del 35% en cuatro años».
Los funcionarios consultados opinan que Picassent «fue una cárcel avanzada en su momento, pero hoy está desfasada». Ponen el acento en las instalaciones que albergan a los presos de primer grado. «Distan mucho de ser seguras».
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