15/12/2015
Ximo Puig considera de «sentido común» la concesión propia de agua para la comarca
El presidente asegura que exigirá el abastecimiento y que apoyará a los regantes valencianos en sus reclamaciones
Sobre el segundo tema, Puig ha mantenido una reunión con los regantes de la Casa del Rey en el azud de Antella. Los municipios de la comarca siguen a la espera de que el nuevo Plan del Júcar les otorgue la concesión propia de 30 hectómetros de agua del río para no tener que seguir abasteciéndose de los pozos contaminados o con altos niveles de nitratos.
Sobre la concesión, el presidente ha remarcado que tiene que imperar «el sentido común, no puede pasar el río sin garantizar el consumo humano». Puig ha catalogado la situación que se vive en la comarca de «absurda» y ha asegurado que «vamos a ser contundentes en la exigencia de esta cuestión» para que sea incluida en el próximo Plan de Cuenca que se está elaborando.
Los problemas hídricos siempre han generado grandes polémicas entre los diferentes sectores implicados, en este caso el presidente ha asegurado que desde el Consell «no se quiere abordar el problema del agua desde una perspectiva de confrontación», pero ha defendido que ante «cualquier recurso que se presente, la Generalitat se personará y defenderá a los regantes valencianos». Esta afirmación la ha realizado tras conocer que el gobierno de Castilla la Mancha recurrirá el trasvase Júcar-Vinalopó.
La semana pasada el río Júcar se quedó por debajo del caudal mínimo en su tramo final, entre Fortaleny y Sueca. Una situación que suele ser habitual en ciertas épocas del año pero que en esta ocasión, la plataforma ecologista Xúquer Viu, denunció que se había alargado más en el tiempo.
Sobre esta cuestión, la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, que también ha estado presente en la visita a la comarca ha explicado que «se trata de medidas de la CHJ, ante la prealerta de sequía en un final de otoño que está siendo más seco de lo habitual. Nuestro objetivo es observar que se cumplan las exigencias de caudales ecológicos».
Además de la visita al azud de Antella, los representantes autonómicos han estado en la Cooperativa Agrícola Sant Bernat de Carlet, donde se ha defendido el sector agrario y ha hecho referencia al actual veto ruso. Para el Consell si el veto se ha producido por razones de política internacional, «ha de ser la Unión Europea quien compense a los productores». Los agricultores españoles y de la Comunitat Valenciana no han de pagar las consecuencias del bloqueo, «si hay veto, que haya compensaciones», ha sentenciado Puig.
Venta de cítricos robados
Uno de los grandes problemas del sector citrícola son los robos en los campos y la venta de estos productos. La Unió de Llauradors ha reclamado un mayor control y vigilancia ante la proliferación de algunos almacenes en las zonas productoras de cítricos de la Comunitat Valenciana con evidente riesgo financiero y que podrían incluso comercializar fruta procedente de robos.
En este sentido, la Unió ha trasladado en los últimos días a la Delegación del Gobierno y la Conselleria de Agricultura cuatro comercios situados en la comarca de la Ribera y sospechosos de comercializar presuntamente cítricos robados o al menos de procedencia desconocida.
Se trata de cuatro firmas comerciales que realizan este tipo de prácticas de dudosa legalidad y por ello este sindicato agrario ha pedido que se inicien las gestiones que consideren oportunas para verificar que la procedencia de los cítricos que entran en las instalaciones de estas empresas cumplen con los requisitos legales y sobre todo, que se certifique el origen lícito de la fruta. Normalmente mucha de esta fruta iba a parar a la industria que se resiente así también de esta situación.
La Unió ha detectado un incremento de robos de diferentes variedades de cítricos comerciales que, supuestamente, son vendidas tanto en mercadillos como en empresas, algunas de ellas con un amplio historial de infracciones, que no solicitan documentación (DATA, por ejemplo) que garantice la procedencia de la fruta.
Otro de los problemas del sector es los precios de venta por debajo de los costes de producción que ponen algunos establecimientos. En este sentido, la Conselleria de Agricultura ha iniciado un expediente informativo « para hacer el seguimiento con el sector para que nos informen de dónde se producen estas situaciones y lo trasladamos a la agencia competente», ha explicado la consellera Cebrián ya que la Conselleria no tiene competencia en materia sancionadora.
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