29/12/2015
Un juez investiga a Torró y Reig por la compra de los cines y boleras de la playa de Gandia
El magistrado solicita que el exalcalde y el exvicepresidente de la empresa pública declaren por un presunto delito de prevaricación
El Juzgado de Instrucción número 1 de Gandia solicita que declaren el exalcalde Arturo Torró y el exvicepresidente de la empresa pública IPG Javier Reig en «calidad de investigados» por la operación Aplauso. El motivo: un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la compra de las boleras y cines del hotel Gandia Palace de la playa durante la pasada legislatura.
Con la entrada en vigor de la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, se sustituye la figura de «imputado» por la de «investigado», aunque continúa teniendo los mismos efectos: tanto Torró como Reig deberán acudir ante el magistrado acompañados de un letrado. Un nuevo azote judicial se le presenta ahora a Torró, el cual arrastra otra imputación por el caso Púnica.
Este periódico ha tenido acceso a documentación que acredita que el juez les ha citado mañana a las 9.30 horas. Sin embargo, tras una petición de aplazamiento estos podrían comparecer como imputados-investigados el 4 de enero a las 11 horas. Pese a todo, tanto Reig como Torró aseguran que dicha fecha no es definitiva.
El juez de Instrucción número 1 también ha llamado al socialista Vicent Mascarell como denunciante para que se presente ante el juez hoy a las 9.30 horas con el fin de que explique las causas de la demanda que interpuso contra ambos por detectar presuntas irregularidades en el seno de la operación Aplauso. El magistrado movió ficha después de que la Fiscalía de Valencia pidiera a principios de diciembre a los Juzgados de Gandia que investigara a ambos al hallar indicios de un presunto delito de prevaricación en el proceso de compra de los cines y las boleras.
Una de las primeras diligencias solicitadas por la fiscal fue que el juez llamara a ambos a declarar como «imputados» o investigados. Los socialistas elevaron a mediados de mayo a la Fiscalía la adquisición de la galería comercial del Gandia Palace por parte del Ayuntamiento. Fue a finales de 2011 cuando Torró acordó aprobar el contrato por el cual la empresa Vipei cedía a la mercantil pública IPG el inmueble destinado a los locales de ocio, valorado en 6,7 millones de euros, una cifra situada por encima del mercado, según los socialistas.
Para el entonces dirigente popular, la negociación fue un «chollo», ya que con la compra se cobraría la deuda de 1,3 millones de euros en concepto de IBI que Vipei arrastraba con el consistorio, se obtenía patrimonio y se dinamizaba la playa. De ahí que bautizara la negociación como 'operación Aplauso'.
Además, la intención era que los locales se fueran pagando gracias al alquiler por su explotación. Sin embargo, nada salió como se esperaba. La empresa arrendataria Ozone no abonó al consistorio ninguna mensualidad y acabó abandonando la actividad. Mientras, IPG sigue debiendo a Vipei cinco millones de euros.
Según el documento que la Fiscalía remitió al juez, en la escritura pública de cesión de bien inmueble «para pago de deuda tributaria con compensación económica entre Vipei e IPG», se acordó que la cantidad de 440.400 euros se descontara del precio por corresponder al IBI de 2012.
La finalidad: «hacer frente al pago de la plusvalía, de una anualidad de arrendamiento y de los gastos de apertura y acondicionamiento de los locales, asumiendo IPG el pago de 4,9 millones en dos años».
Se levantaron los embargos sobre los locales y las rentas que percibía Vipei y que se habían acordado en octubre de 2010 para asegurar el pago de la deuda que Vipei mantenía con el Ayuntamiento por el impago del IBI de 2008, 2009 y 2010, que ascendía a 622.665 euros. Con dicha actuación, según la fiscal, el consistorio dejó de tener una garantía sobre los bienes embargados para el pago de la deuda tributaria.
Torró y Reig niegan cualquier irregularidad y afirman que se trata de un trámite judicial más.
las provincias
Con la entrada en vigor de la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, se sustituye la figura de «imputado» por la de «investigado», aunque continúa teniendo los mismos efectos: tanto Torró como Reig deberán acudir ante el magistrado acompañados de un letrado. Un nuevo azote judicial se le presenta ahora a Torró, el cual arrastra otra imputación por el caso Púnica.
Este periódico ha tenido acceso a documentación que acredita que el juez les ha citado mañana a las 9.30 horas. Sin embargo, tras una petición de aplazamiento estos podrían comparecer como imputados-investigados el 4 de enero a las 11 horas. Pese a todo, tanto Reig como Torró aseguran que dicha fecha no es definitiva.
El juez de Instrucción número 1 también ha llamado al socialista Vicent Mascarell como denunciante para que se presente ante el juez hoy a las 9.30 horas con el fin de que explique las causas de la demanda que interpuso contra ambos por detectar presuntas irregularidades en el seno de la operación Aplauso. El magistrado movió ficha después de que la Fiscalía de Valencia pidiera a principios de diciembre a los Juzgados de Gandia que investigara a ambos al hallar indicios de un presunto delito de prevaricación en el proceso de compra de los cines y las boleras.
Una de las primeras diligencias solicitadas por la fiscal fue que el juez llamara a ambos a declarar como «imputados» o investigados. Los socialistas elevaron a mediados de mayo a la Fiscalía la adquisición de la galería comercial del Gandia Palace por parte del Ayuntamiento. Fue a finales de 2011 cuando Torró acordó aprobar el contrato por el cual la empresa Vipei cedía a la mercantil pública IPG el inmueble destinado a los locales de ocio, valorado en 6,7 millones de euros, una cifra situada por encima del mercado, según los socialistas.
Para el entonces dirigente popular, la negociación fue un «chollo», ya que con la compra se cobraría la deuda de 1,3 millones de euros en concepto de IBI que Vipei arrastraba con el consistorio, se obtenía patrimonio y se dinamizaba la playa. De ahí que bautizara la negociación como 'operación Aplauso'.
Además, la intención era que los locales se fueran pagando gracias al alquiler por su explotación. Sin embargo, nada salió como se esperaba. La empresa arrendataria Ozone no abonó al consistorio ninguna mensualidad y acabó abandonando la actividad. Mientras, IPG sigue debiendo a Vipei cinco millones de euros.
Según el documento que la Fiscalía remitió al juez, en la escritura pública de cesión de bien inmueble «para pago de deuda tributaria con compensación económica entre Vipei e IPG», se acordó que la cantidad de 440.400 euros se descontara del precio por corresponder al IBI de 2012.
La finalidad: «hacer frente al pago de la plusvalía, de una anualidad de arrendamiento y de los gastos de apertura y acondicionamiento de los locales, asumiendo IPG el pago de 4,9 millones en dos años».
Se levantaron los embargos sobre los locales y las rentas que percibía Vipei y que se habían acordado en octubre de 2010 para asegurar el pago de la deuda que Vipei mantenía con el Ayuntamiento por el impago del IBI de 2008, 2009 y 2010, que ascendía a 622.665 euros. Con dicha actuación, según la fiscal, el consistorio dejó de tener una garantía sobre los bienes embargados para el pago de la deuda tributaria.
Torró y Reig niegan cualquier irregularidad y afirman que se trata de un trámite judicial más.
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