25/01/2016
Educación adjudica 300 barracones a empresas multadas por amañar concursos
El departamento explica que la resolución del contrato fue anterior a la sanción decretada por la Comisión Nacional de la Competencia
El pasado noviembre la Conselleria de Educación adjudicó el montaje de 287 barracones destinados a reubicar al alumnado de cinco centros mientras se prolongasen las obras previstas por la administración para su reforma o ampliación. Las actuaciones fueron a parar a manos de tres mercantiles que pocos días después, a principios de diciembre, fueron sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en un procedimiento que afectó a varias empresas por amañar, durante años, las licitaciones para la instalación de módulos prefabricados. Aunque estas actividades irregulares fueron de ámbito nacional, buena parte de las mismas correspondieron a encargados impulsados por la empresa pública Ciegsa.
En la resolución, el organismo califica de «cártel» al grupo de entidades y se considera probado que se organizaban antes de presentar las ofertas con el objetivo de repartirse la cuota de mercado. Es decir, no existía una concurrencia real, lo que en la práctica sirvió para lesionar los intereses de la administración, que podría haber adjudicado los trabajos a un coste menor del final. En el documento se acredita que entre los amaños estaba el establecimiento, previo a la presentación de las ofertas, de bajas económicas pactadas para controlar la adjudicación.
Tal y como señalaron fuentes de la Conselleria de Educación, no se podía saber que las adjudicatarias iban a ser sancionadas y dejaron claro que la resolución de Competencia no implicó que a las afectadas se les prohibiera presentarse a licitaciones. Eso sí, añadieron que si algún organismo les solicita algún tipo de información sobre el procedimiento ofrecerán toda su colaboración. Además, habría sido difícil recular tras conocerse la resolución del organismo estatal, pues no formalizar el contrato habría implicado el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios a las empresas.
La licitación se empezó a tramitar con los anteriores gestores populares. Su objetivo era reubicar a los estudiantes del centro de Especial Sanchis Banús de Ibi (92 barracones), a los del IES Azorín de Petrer (38), a los del Ceip Carraixet de Almássera (59), a los del Cervantes de Gandia (45) y a los del Emilio Lluch de Nàquera (53). El importe total de la adjudicación asciende a 1.378.701 euros, algo menos que el establecido en la licitación (1.679.151). Los cinco lotes han ido a parar a tres mercantiles: Algeco Construcciones Modulares (2), Dragados (1) y a la UTE conformada por Alquibarsa y Mediterránea de Módulos (2). Sólo esta última -Mediterránea- no está afectada por la resolución de la comisión.
Es razonable pensar que las tres empresas sancionadas no incurrieron en prácticas irregulares en este procedimiento. Por un lado, cuando presentaron sus ofertas ya sabían que estaba en curso una investigación, y por el otro, Algeco fue eximida del pago de la multa debido a su colaboración en la misma.
La resolución de Competencia acredita la relación existente entre diferentes empresas en función de las zonas geográficas, que en numerosas reuniones, correos electrónicos y contactos telefónicos intercambiaban información para presentar las ofertas en base a los repartos acordados. El documento destaca la existencia de tablas de Excel para simular adjudicaciones, emails donde se pregunta por los contratos que se quieren quedar e incluso encuentros previos a la presentación de las ofertas en los que se podía comprobar qué documentación iba a aportar cada una.
Las irregularidades que afectan a la Comunitat se iniciaron en 2008 y se prolongaron varios años. Además de los casos de Ciegsa también se ha acreditado el reparto de un contrato con Iberdrola para la instalación de módulos prefabricados en la central de Cofrentes.
En los pactos 'valencianos' también aparecen empresas como ABC o Remsa, que aunque concurrieron al procedimiento resuelto en noviembre no fueron adjudicatarias. En total, las sanciones, a nivel nacional, afectaron a once empresas.
las provincias
En la resolución, el organismo califica de «cártel» al grupo de entidades y se considera probado que se organizaban antes de presentar las ofertas con el objetivo de repartirse la cuota de mercado. Es decir, no existía una concurrencia real, lo que en la práctica sirvió para lesionar los intereses de la administración, que podría haber adjudicado los trabajos a un coste menor del final. En el documento se acredita que entre los amaños estaba el establecimiento, previo a la presentación de las ofertas, de bajas económicas pactadas para controlar la adjudicación.
Tal y como señalaron fuentes de la Conselleria de Educación, no se podía saber que las adjudicatarias iban a ser sancionadas y dejaron claro que la resolución de Competencia no implicó que a las afectadas se les prohibiera presentarse a licitaciones. Eso sí, añadieron que si algún organismo les solicita algún tipo de información sobre el procedimiento ofrecerán toda su colaboración. Además, habría sido difícil recular tras conocerse la resolución del organismo estatal, pues no formalizar el contrato habría implicado el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios a las empresas.
La licitación se empezó a tramitar con los anteriores gestores populares. Su objetivo era reubicar a los estudiantes del centro de Especial Sanchis Banús de Ibi (92 barracones), a los del IES Azorín de Petrer (38), a los del Ceip Carraixet de Almássera (59), a los del Cervantes de Gandia (45) y a los del Emilio Lluch de Nàquera (53). El importe total de la adjudicación asciende a 1.378.701 euros, algo menos que el establecido en la licitación (1.679.151). Los cinco lotes han ido a parar a tres mercantiles: Algeco Construcciones Modulares (2), Dragados (1) y a la UTE conformada por Alquibarsa y Mediterránea de Módulos (2). Sólo esta última -Mediterránea- no está afectada por la resolución de la comisión.
Es razonable pensar que las tres empresas sancionadas no incurrieron en prácticas irregulares en este procedimiento. Por un lado, cuando presentaron sus ofertas ya sabían que estaba en curso una investigación, y por el otro, Algeco fue eximida del pago de la multa debido a su colaboración en la misma.
La resolución de Competencia acredita la relación existente entre diferentes empresas en función de las zonas geográficas, que en numerosas reuniones, correos electrónicos y contactos telefónicos intercambiaban información para presentar las ofertas en base a los repartos acordados. El documento destaca la existencia de tablas de Excel para simular adjudicaciones, emails donde se pregunta por los contratos que se quieren quedar e incluso encuentros previos a la presentación de las ofertas en los que se podía comprobar qué documentación iba a aportar cada una.
Las irregularidades que afectan a la Comunitat se iniciaron en 2008 y se prolongaron varios años. Además de los casos de Ciegsa también se ha acreditado el reparto de un contrato con Iberdrola para la instalación de módulos prefabricados en la central de Cofrentes.
En los pactos 'valencianos' también aparecen empresas como ABC o Remsa, que aunque concurrieron al procedimiento resuelto en noviembre no fueron adjudicatarias. En total, las sanciones, a nivel nacional, afectaron a once empresas.
las provincias
