02/02/2016
Consell y C-LM se unen para trasladar la guerra del agua al Gobierno central
Reclaman al Ejecutivo un nuevo plan del Júcar mientras la Generalitat mantiene el trasvase al Vinalopó y Castilla-La Mancha los recursos
La consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián y el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, escenificaron ayer un acercamiento de ambos Ejecutivos autonómicos en el marco de la guerra del agua abierta entre las dos regiones por los trasvases Tajo-Segura y Júcar-Vinalopó. Coincidieron en criticar el plan de cuenca del Júcar recién aprobado, al considerar que el Gobierno central no había contado con la opinión de los nuevos Ejecutivos de ambas autonomías para su elaboración, y por realizarlo con información «errónea y anticuada», según apuntaron. En esta línea, reclamaron nuevos planes de cuenca consensuados entre todas las partes y territorios implicados y elaborados desde «un debate técnico» y con «información actualizada».
Sin embargo, y pese a ello, Castilla-La Mancha mantendrá su postura de recurrir los trasvases entre el Tajo y el Segura y los planes de cuenca del Júcar y del Segura (el primero de ellos ampara los aportes desde la desembocadura del río valenciano al Vinalopó), mientras la Generalitat seguirá adelante en su idea de reactivar el trasvase Júcar-Vinalopó y, como ya afirmó el propio president Ximo Puig, de defender el trasvase Tajo-Segura.
La Comunitat registra el enero menos lluvioso de la última década
Martínez Arroyo, por su parte, destacó la «sintonía y colaboración» de ambos Gobierno autonómicos, y aseveró que el debate del agua es necesario adoptarlo a nivel nacional. Cebrián añadió que el Gobierno central debe llevar a cabo «una buena coordinación y planificación» y «facilitar el debate técnico y eso es lo que le vamos a exigir». «No queremos que se vuelva a repetir esta sensación de toma de decisiones unilaterales», añadió.
Sin embargo, Arroyo insistió en que Castilla-La Mancha va a recurrir «todos los planes de cuenca con los que no estamos de acuerdo», entre ellos el del Júcar y el Segura, así como «cada trasvase Tajo-Segura, al aprobarse de forma unilateral e incumpliendo los mínimos de niveles de agua de los embalses de Entrepeñas y Buendía». «Estos municipios ahora mismo se están abasteciendo de camiones cisterna», añadió. El consejero castellanomanchego achacó estos recursos a que «no hay planificación nacional y no se puede resolver el problema sin un debate sosegado y técnico».
Al respecto, el president Ximo Puig ya advirtió ante el primero de los recursos que el citado trasvase es «una cuestión legal» y «justa» que «hay que mantenerlo en los términos en los que está».
Por otra parte, el consejero de Castilla-La Mancha aclaró que este Gobierno autonómico «no tiene un problema específico contra el Júcar-Vinalopó, pero sí con el plan de cuenca en su conjunto», ya que, en su opinión, «la información en la que se han basado los planes es errónea y antigua». «No nos sentimos representados y vamos a recurrirlos», sentenció.
Por su parte, Cebrián indicó que la reunión de ayer es el «inicio de un debate entre territorios». Explicó que «gran parte de las situaciones problemáticas se da porque ha habido ausencia de debate técnico y diálogo entre los territorios»
En relación al trasvase Júcar-Vinalopó, la consellera recalcó que «no se pueden tener infraestructuras paralizadas y lo vamos a poner en marcha» ya que, con esta infraestructura, se pretende «resolver el problema de la sobreexplotación del acuífero de Villena». Para evitar «debates estériles» concretó que la toma del trasvase se mantendrá en el Azud de la Marquesa, que se terminarán las obras pendientes de la margen izquierda y que el Consell exigirá al Gobierno central que acabe las obras que son de su competencia, como la balsa de San Diego.
las provincias
Sin embargo, y pese a ello, Castilla-La Mancha mantendrá su postura de recurrir los trasvases entre el Tajo y el Segura y los planes de cuenca del Júcar y del Segura (el primero de ellos ampara los aportes desde la desembocadura del río valenciano al Vinalopó), mientras la Generalitat seguirá adelante en su idea de reactivar el trasvase Júcar-Vinalopó y, como ya afirmó el propio president Ximo Puig, de defender el trasvase Tajo-Segura.
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Martínez Arroyo, por su parte, destacó la «sintonía y colaboración» de ambos Gobierno autonómicos, y aseveró que el debate del agua es necesario adoptarlo a nivel nacional. Cebrián añadió que el Gobierno central debe llevar a cabo «una buena coordinación y planificación» y «facilitar el debate técnico y eso es lo que le vamos a exigir». «No queremos que se vuelva a repetir esta sensación de toma de decisiones unilaterales», añadió.
Sin embargo, Arroyo insistió en que Castilla-La Mancha va a recurrir «todos los planes de cuenca con los que no estamos de acuerdo», entre ellos el del Júcar y el Segura, así como «cada trasvase Tajo-Segura, al aprobarse de forma unilateral e incumpliendo los mínimos de niveles de agua de los embalses de Entrepeñas y Buendía». «Estos municipios ahora mismo se están abasteciendo de camiones cisterna», añadió. El consejero castellanomanchego achacó estos recursos a que «no hay planificación nacional y no se puede resolver el problema sin un debate sosegado y técnico».
Al respecto, el president Ximo Puig ya advirtió ante el primero de los recursos que el citado trasvase es «una cuestión legal» y «justa» que «hay que mantenerlo en los términos en los que está».
Por otra parte, el consejero de Castilla-La Mancha aclaró que este Gobierno autonómico «no tiene un problema específico contra el Júcar-Vinalopó, pero sí con el plan de cuenca en su conjunto», ya que, en su opinión, «la información en la que se han basado los planes es errónea y antigua». «No nos sentimos representados y vamos a recurrirlos», sentenció.
Por su parte, Cebrián indicó que la reunión de ayer es el «inicio de un debate entre territorios». Explicó que «gran parte de las situaciones problemáticas se da porque ha habido ausencia de debate técnico y diálogo entre los territorios»
En relación al trasvase Júcar-Vinalopó, la consellera recalcó que «no se pueden tener infraestructuras paralizadas y lo vamos a poner en marcha» ya que, con esta infraestructura, se pretende «resolver el problema de la sobreexplotación del acuífero de Villena». Para evitar «debates estériles» concretó que la toma del trasvase se mantendrá en el Azud de la Marquesa, que se terminarán las obras pendientes de la margen izquierda y que el Consell exigirá al Gobierno central que acabe las obras que son de su competencia, como la balsa de San Diego.
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