06/10/2016
Intervención detecta facturas sin justificar del Consell por valor de diez millones de euros
Los auditores rechazan proyectos del Ejecutivo tras observar fraccionamientos de contratos y cerca de 200 irregularidades
Intervención de la Generalitat ha detectado desde que los socialistas y nacionalistas llegaron al Consell más de 150 reparos, disconformidades de diversa índole, y hasta 50 pagos de facturas que no se justifican a través de contratos o convenios.
Los que vieron el jueves 29 de octubre de 2015 a Mónica Oltra aseguran que estaba contenta. No era para menos. Al día siguiente se presentaron los presupuestos de la Generalitat y se supo que su consellería, la que gestiona los asuntos sociales, incrementaba sus fondos un 17% más de respecto a las cuentas autonómicas del año anterior. Un hito. Sin embargo, no fue la única información procedente de la Conselleria de Hacienda que recibió Oltra. La Intervención de la Generalitat, con fecha 30 de octubre, remitió a la vicepresidenta un informe demoledor en el que le explicaba por qué no daba el visto bueno a la contratación del servicio de limpieza de cuatro centros de atención para mayores. ¿Los motivos del 'reparo' (ese es su nombre técnico) de la auditoría? Fraccionamientos de contratos para eludir el concurso público, omisión del requisito de fiscalización previa y la incompetencia del órgano que había aprobado el gasto, adjudicó y autorizó la contratación. Un compendio de irregularidades. Otro hito. No son los únicos protagonizados por el Consell.
Así lo desveló ayer el diputado del PP Rubén Ibáñez durante la comparecencia en Les Corts de la Interventora General de la Generalitat, Amparo Adam. Sin ir más lejos, también ayer mismo el Ejecutivo decidió abonar dos nuevos 'enriquecimientos ilícitos', es decir, que el Gobierno autonómico asume pagar contrataciones que se sitúan al margen del procedimiento de control establecido. Lo hace para abonar, en este caso y por petición de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, a proveedores de asuntos tan ordinarios como «la prestación del servicio de interpretación, traducción y transcripción de documentos en los órganos judiciales de la Comunitat» por la actividad realizada entre diciembre de 2015 y marzo de este año, tal y como aparece en el DOGV.
Los informes internos de la Generalitat constatan la fiscalización disconforme de los interventores. Sólo en el caso de la conselleria de Oltra, respecto a la subvención para agencias AMICS, para el proyecto de integración social de inmigrantes, en la convocatoria ayudas a favor de las víctimas de la violencia de género, en cinco programas, en la orden de subvenciones para la atención de necesidades e inclusión social a menores y en la iniciativa para el fomento al voluntariado.
Se trata de una serie de ejemplos circunscritos al área competencia de la vicepresidenta. Las irregularidades en la gestión se registran en otras cuatro consellerias, según Ibáñez, quien durante los últimos meses ha reclamado información a todas las áreas del Consell. Le han remitido los datos cinco consellerias: Vicepresidencia, Vivienda, Justicia, Transparencia y Sanidad. Sin embargo, de Educación, Hacienda, Economía y Agricultura, nada se sabe. El Consell se ha gastado más de diez millones en un año abonando facturas de su gestión que los interventores consideran que no están bien justificadas, los 'enriquecimientos ilícitos'. Adam, por su parte, reclamó más personal y recursos materiales. La falta de «medios adecuados» impide poner en marcha el plan de control financiero de subvenciones. Frente a los datos desvelados ayer por Ibáñez, el diputado socialista José Muñoz replicó que las irregularidades detectadas por los interventores en la gestión del Consell actual son mucho menos relevantes que las registradas durante los años del PP en el Palau de la Generalitat.
La interventora compareció en la comisión de Economía de Les Corts para informar, a petición del PP, sobre su plan de trabajo al frente del departamento. Frente a las ataques públicos recibidos por parte de destacados consellers como la responsable de Justicia, Gabriela Bravo, Adam reivindicó ayer la profesionalidad de los interventores y su independencia funcional, y subrayó que no reciben presiones para desarrollar su trabajo.
Durante la comparecencia de la interventora, Ibáñez desgranó los informes oficiales realizados desde este departamento de auditoría interna. El diputado popular relató que, sólo en esas las cinco consellerias que han aportado datos, se registran «tres reparos a la semana», por ejemplo por fraccionar contratos o minorar subvenciones.
Ibáñez centro su críticas en la vicepresidenta por considerar que la retahíla de disconformidades de los interventores respecto a su gestión es «tremenda». El parlamentario del PP desveló, además, que en la Conselleria de Vivienda, la Intervención ha puesto reparos a la convocatoria de ayudas al alquiler, de ocho millones de euros; a la orden de ayudas a la rehabilitación, de 18 millones, o a las obras de un centro educativo infantil en Paiporta, porque no hay informe técnico ni motivo para modificar el contrato.
No obstante, la interventora general matizó que no es lo mismo una observación que un reparo y señaló que, en este último caso, se firma un informe de disconformidad y entonces se puede plantear una discrepancia a la Intervención general, algo que ha ocurrido «de vez en cuando», como en Vivienda. «En general, discrepancias no tenemos muchas y normalmente las Intervenciones hacen muchas observaciones complementarias», explicó Adam, quien explicó que muchas veces se pueden subsanar esas observaciones.
La principal responsable de Intervención admitió los reiterados 'enriquecimientos injustos', consistentes en la detección de facturas no justificadas por contratos o convenios, y que finalmente el Consell abona asumiendo esas carencias. Respecto las «facturas en los cajones», Adam aseguró que desde que en 2012 se produjo un cambio «muy importante» en el modo de gestionar del Ejecutivo (tras la llegada de Moragues a la Conselleria de Hacienda), Intervención «hace control del registro de facturas» y «ahora mismo todas están recogidas».
las provincias
Los que vieron el jueves 29 de octubre de 2015 a Mónica Oltra aseguran que estaba contenta. No era para menos. Al día siguiente se presentaron los presupuestos de la Generalitat y se supo que su consellería, la que gestiona los asuntos sociales, incrementaba sus fondos un 17% más de respecto a las cuentas autonómicas del año anterior. Un hito. Sin embargo, no fue la única información procedente de la Conselleria de Hacienda que recibió Oltra. La Intervención de la Generalitat, con fecha 30 de octubre, remitió a la vicepresidenta un informe demoledor en el que le explicaba por qué no daba el visto bueno a la contratación del servicio de limpieza de cuatro centros de atención para mayores. ¿Los motivos del 'reparo' (ese es su nombre técnico) de la auditoría? Fraccionamientos de contratos para eludir el concurso público, omisión del requisito de fiscalización previa y la incompetencia del órgano que había aprobado el gasto, adjudicó y autorizó la contratación. Un compendio de irregularidades. Otro hito. No son los únicos protagonizados por el Consell.
Así lo desveló ayer el diputado del PP Rubén Ibáñez durante la comparecencia en Les Corts de la Interventora General de la Generalitat, Amparo Adam. Sin ir más lejos, también ayer mismo el Ejecutivo decidió abonar dos nuevos 'enriquecimientos ilícitos', es decir, que el Gobierno autonómico asume pagar contrataciones que se sitúan al margen del procedimiento de control establecido. Lo hace para abonar, en este caso y por petición de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, a proveedores de asuntos tan ordinarios como «la prestación del servicio de interpretación, traducción y transcripción de documentos en los órganos judiciales de la Comunitat» por la actividad realizada entre diciembre de 2015 y marzo de este año, tal y como aparece en el DOGV.
Los informes internos de la Generalitat constatan la fiscalización disconforme de los interventores. Sólo en el caso de la conselleria de Oltra, respecto a la subvención para agencias AMICS, para el proyecto de integración social de inmigrantes, en la convocatoria ayudas a favor de las víctimas de la violencia de género, en cinco programas, en la orden de subvenciones para la atención de necesidades e inclusión social a menores y en la iniciativa para el fomento al voluntariado.
Se trata de una serie de ejemplos circunscritos al área competencia de la vicepresidenta. Las irregularidades en la gestión se registran en otras cuatro consellerias, según Ibáñez, quien durante los últimos meses ha reclamado información a todas las áreas del Consell. Le han remitido los datos cinco consellerias: Vicepresidencia, Vivienda, Justicia, Transparencia y Sanidad. Sin embargo, de Educación, Hacienda, Economía y Agricultura, nada se sabe. El Consell se ha gastado más de diez millones en un año abonando facturas de su gestión que los interventores consideran que no están bien justificadas, los 'enriquecimientos ilícitos'. Adam, por su parte, reclamó más personal y recursos materiales. La falta de «medios adecuados» impide poner en marcha el plan de control financiero de subvenciones. Frente a los datos desvelados ayer por Ibáñez, el diputado socialista José Muñoz replicó que las irregularidades detectadas por los interventores en la gestión del Consell actual son mucho menos relevantes que las registradas durante los años del PP en el Palau de la Generalitat.
La interventora compareció en la comisión de Economía de Les Corts para informar, a petición del PP, sobre su plan de trabajo al frente del departamento. Frente a las ataques públicos recibidos por parte de destacados consellers como la responsable de Justicia, Gabriela Bravo, Adam reivindicó ayer la profesionalidad de los interventores y su independencia funcional, y subrayó que no reciben presiones para desarrollar su trabajo.
Durante la comparecencia de la interventora, Ibáñez desgranó los informes oficiales realizados desde este departamento de auditoría interna. El diputado popular relató que, sólo en esas las cinco consellerias que han aportado datos, se registran «tres reparos a la semana», por ejemplo por fraccionar contratos o minorar subvenciones.
Ibáñez centro su críticas en la vicepresidenta por considerar que la retahíla de disconformidades de los interventores respecto a su gestión es «tremenda». El parlamentario del PP desveló, además, que en la Conselleria de Vivienda, la Intervención ha puesto reparos a la convocatoria de ayudas al alquiler, de ocho millones de euros; a la orden de ayudas a la rehabilitación, de 18 millones, o a las obras de un centro educativo infantil en Paiporta, porque no hay informe técnico ni motivo para modificar el contrato.
No obstante, la interventora general matizó que no es lo mismo una observación que un reparo y señaló que, en este último caso, se firma un informe de disconformidad y entonces se puede plantear una discrepancia a la Intervención general, algo que ha ocurrido «de vez en cuando», como en Vivienda. «En general, discrepancias no tenemos muchas y normalmente las Intervenciones hacen muchas observaciones complementarias», explicó Adam, quien explicó que muchas veces se pueden subsanar esas observaciones.
La principal responsable de Intervención admitió los reiterados 'enriquecimientos injustos', consistentes en la detección de facturas no justificadas por contratos o convenios, y que finalmente el Consell abona asumiendo esas carencias. Respecto las «facturas en los cajones», Adam aseguró que desde que en 2012 se produjo un cambio «muy importante» en el modo de gestionar del Ejecutivo (tras la llegada de Moragues a la Conselleria de Hacienda), Intervención «hace control del registro de facturas» y «ahora mismo todas están recogidas».
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