07/03/2016
Gobierno, sindicatos y patronales acuerdan gastar 650 millones para fomentar el empleo
El plan se dirige a desempleados de larga duración, jóvenes y personas “con especiales dificultades”
Madrid, 7 de marzo de 2016.-La Comunidad de Madrid ya tiene una nueva estrategia para ayudar a los 462.540 parados de la región. El Gobierno regional (Partido Popular), los sindicatos CC OO y UGT y la patronal CEIM firmarán hoy un plan para el fomento del empleo en 2016 y 2017. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, prevé una dotación de 650 millones de euros para fortalecer la formación profesional, estimular la contratación y fomentar el autoempleo. El texto contempla, “tras la evaluación y revisión” del plan, la posible prórroga hasta 2019, lo que elevaría el gasto total hasta 1.300 millones de euros.
La Estrategia Madrid por el Empleo cuenta en este 2016 con un presupuesto de 320 millones de euros y tendrá “casi 220.000 beneficiarios”. Ni un euro lo pone la Comunidad de Madrid. Sobran, además, otros 14 millones. Pues el Servicio Público de Empleo Estatal aportará este año a la región 227 millones en subvenciones y se recibirán 107 millones de Fondos Europeos. La cuantía de las partidas del próximo año es aún imprecisa.
La estrategia establece un paquete de medidas para la totalidad de los trabajadores y de las empresas madrileñas, a las que añade una serie de actuaciones “dirigidas a colectivos específicos”: los desempleados de larga duración, los jóvenes y las personas “con especiales dificultades de inserción laboral” como las mujeres víctimas de violencia de género, las víctimas del terrorismo y las personas en riesgo de exclusión social. Prevé además la creación de una Comisión de Seguimiento, de la que formarán parte todos los firmantes, que se reunirá cada tres meses para evaluar la aplicación de las medidas, así como la elaboración de un informe anual que se llevará al Consejo para el Desarrollo, el Empleo y la Formación de la Comunidad y a la Asamblea.
El plan tiene entre sus ejes principales el fomento de la intermediación laboral, y contempla para ello un desembolso en 2016 de casi 43,4 millones. Las Oficinas de Empleo regionales ofrecerán información, asesoramiento y apoyo a la movilidad “geográfica y funcional”, tanto en España como fuera de las fronteras nacionales, de aquellos desempleados que puedan tener acceso a ofertas de trabajo en el ámbito europeo, en coordinación con la Administración General del Estado.
La formación profesional es otro de los ámbitos clave en el acuerdo, a la que se destinarán casi 200 millones de euros. El paso previo a la aplicación de toda medida será la elaboración de “un diagnóstico de las necesidades formativas” de la región.
Uno de los proyectos más destacados es la creación de un departamento específico para reconocer oficialmente —y “con validez en todo el territorio del Estado”— las competencias que los trabajadores han adquirido a través de su experiencia profesional u otras vías de formación. Asimismo, se potenciarán los certificados de profesionalidad, que acreditan las capacidades y los perfiles de los empleados. Este bloque de medidas contará con una financiación de 50 millones.
El acuerdo, además de fortalecer la formación dual, se plantea también invertir en la preparación informática de los trabajadores en la base de las pautas de la Agenda Digital Europea, así como estrechar el vínculo entre formación y contratación. Para lograr ese último objetivo, pretende “mantener las ayudas a las empresas que ofrezcan acciones formativas con el compromiso de contratar a un porcentaje de alumnos”, según las normas que ya están en vigor.
El apoyo a la formación se enmarca en unas medidas de estímulo a la contratación, “en especial la de carácter indefinido”: se ofrecerá un nuevo incentivo de 3.500 euros —que será compatible con otras ayudas estatales— para favorecer este tipo de contratos, “preferentemente a jornada completa”. Para poder beneficiarse de él, la contratación de nuevos empleados “deberá suponer un incremento neto de la plantilla y mantenerse un mínimo de 12 meses”.
El plan firmado hoy contempla también que se amplie la tarifa plana de Seguridad Social (50 euros) a 18.600 autónomos. Hasta ahora el Estado beneficiaba a los emprendedores seis meses y en Madrid se extenderá un año más, hasta los 18 meses. Supondrá un gasto de 10,5 millones.
El texto pactado por Gobierno, sindicatos y patronal dedica un apartado al autoempleo y a la ayuda a los trabajadores autónomos. Un punto fundamental de esta estrategia consiste en impulsar el desarrollo de “empresas de start-up de bases tecnológicas” a través de la ayuda a la innovación para aquellas sociedades que desarrollen o vayan a desarrollar sus actividades en la región.
“Con el fin de ayudar a la apertura de nuevos negocios”, se lee además en el documento, la Comunidad seguirá alquilando locales públicos a los emprendedores con una renta reducida.
Una pata fundamental del plan regional es el fomento del empleo entre los jóvenes (la tasa de paro juvenil en la región asciende al 41,68%). Para empujar la contratación de trabajadores menores de 30 años, el acuerdo contará con los fondos del Sistema de Garantía Juvenil, la iniciativa del Unión Europea que tiene este mismo objetivo. Se prevé gastar para este apartado 72 de los casi 80 millones recibidos.
Otra medida prevista en el acuerdo consiste en una serie de incentivos para las personas en riesgo de exclusión social que perciben la renta mínima de inserción: se trata de 750 euros por la contratación de un empleado de tres a seis meses, cuantía que sube paulatinamente hasta los 6.000 en el caso de un contrato indefinido.
Fuente: EL País Madrid
La Estrategia Madrid por el Empleo cuenta en este 2016 con un presupuesto de 320 millones de euros y tendrá “casi 220.000 beneficiarios”. Ni un euro lo pone la Comunidad de Madrid. Sobran, además, otros 14 millones. Pues el Servicio Público de Empleo Estatal aportará este año a la región 227 millones en subvenciones y se recibirán 107 millones de Fondos Europeos. La cuantía de las partidas del próximo año es aún imprecisa.
La estrategia establece un paquete de medidas para la totalidad de los trabajadores y de las empresas madrileñas, a las que añade una serie de actuaciones “dirigidas a colectivos específicos”: los desempleados de larga duración, los jóvenes y las personas “con especiales dificultades de inserción laboral” como las mujeres víctimas de violencia de género, las víctimas del terrorismo y las personas en riesgo de exclusión social. Prevé además la creación de una Comisión de Seguimiento, de la que formarán parte todos los firmantes, que se reunirá cada tres meses para evaluar la aplicación de las medidas, así como la elaboración de un informe anual que se llevará al Consejo para el Desarrollo, el Empleo y la Formación de la Comunidad y a la Asamblea.
El plan tiene entre sus ejes principales el fomento de la intermediación laboral, y contempla para ello un desembolso en 2016 de casi 43,4 millones. Las Oficinas de Empleo regionales ofrecerán información, asesoramiento y apoyo a la movilidad “geográfica y funcional”, tanto en España como fuera de las fronteras nacionales, de aquellos desempleados que puedan tener acceso a ofertas de trabajo en el ámbito europeo, en coordinación con la Administración General del Estado.
La formación profesional es otro de los ámbitos clave en el acuerdo, a la que se destinarán casi 200 millones de euros. El paso previo a la aplicación de toda medida será la elaboración de “un diagnóstico de las necesidades formativas” de la región.
Uno de los proyectos más destacados es la creación de un departamento específico para reconocer oficialmente —y “con validez en todo el territorio del Estado”— las competencias que los trabajadores han adquirido a través de su experiencia profesional u otras vías de formación. Asimismo, se potenciarán los certificados de profesionalidad, que acreditan las capacidades y los perfiles de los empleados. Este bloque de medidas contará con una financiación de 50 millones.
El acuerdo, además de fortalecer la formación dual, se plantea también invertir en la preparación informática de los trabajadores en la base de las pautas de la Agenda Digital Europea, así como estrechar el vínculo entre formación y contratación. Para lograr ese último objetivo, pretende “mantener las ayudas a las empresas que ofrezcan acciones formativas con el compromiso de contratar a un porcentaje de alumnos”, según las normas que ya están en vigor.
El apoyo a la formación se enmarca en unas medidas de estímulo a la contratación, “en especial la de carácter indefinido”: se ofrecerá un nuevo incentivo de 3.500 euros —que será compatible con otras ayudas estatales— para favorecer este tipo de contratos, “preferentemente a jornada completa”. Para poder beneficiarse de él, la contratación de nuevos empleados “deberá suponer un incremento neto de la plantilla y mantenerse un mínimo de 12 meses”.
El plan firmado hoy contempla también que se amplie la tarifa plana de Seguridad Social (50 euros) a 18.600 autónomos. Hasta ahora el Estado beneficiaba a los emprendedores seis meses y en Madrid se extenderá un año más, hasta los 18 meses. Supondrá un gasto de 10,5 millones.
El texto pactado por Gobierno, sindicatos y patronal dedica un apartado al autoempleo y a la ayuda a los trabajadores autónomos. Un punto fundamental de esta estrategia consiste en impulsar el desarrollo de “empresas de start-up de bases tecnológicas” a través de la ayuda a la innovación para aquellas sociedades que desarrollen o vayan a desarrollar sus actividades en la región.
“Con el fin de ayudar a la apertura de nuevos negocios”, se lee además en el documento, la Comunidad seguirá alquilando locales públicos a los emprendedores con una renta reducida.
Una pata fundamental del plan regional es el fomento del empleo entre los jóvenes (la tasa de paro juvenil en la región asciende al 41,68%). Para empujar la contratación de trabajadores menores de 30 años, el acuerdo contará con los fondos del Sistema de Garantía Juvenil, la iniciativa del Unión Europea que tiene este mismo objetivo. Se prevé gastar para este apartado 72 de los casi 80 millones recibidos.
Otra medida prevista en el acuerdo consiste en una serie de incentivos para las personas en riesgo de exclusión social que perciben la renta mínima de inserción: se trata de 750 euros por la contratación de un empleado de tres a seis meses, cuantía que sube paulatinamente hasta los 6.000 en el caso de un contrato indefinido.
Fuente: EL País Madrid
