23/05/2016
Una jornada en la que por unas horas las calles más importantes de la ciudad serán de uso reservado para las bicis. Los participantes saldrán de la Pl
Madrid, 23 de mayo de 2016.-La vivienda es un derecho que viene recogido en la Constitución y que, en estos años de crisis, ha estado en el centro del debate político y social, ya que muchas familias han visto cómo perdían los ahorros de toda su vida cuando eran desahuciados de sus casas.
En la actualidad, de los 18.537 demandante de una vivienda pública, cerca de una cuarta parte lo hacen por encontrarse en una situación de especial necesidad. Así lo admite la Agencia de Vivienda Social -antiguo Ivima- que señala que, según sus datos a 1 de marzo, tiene registradas 4.432 peticiones de personas que se encuentran en una situación precaria y que el resto, 14.105, pertenecen a la lista única de solicitantes de vivienda del Plan Joven de la Comunidad.
«La inscripción en esta lista se hace indistintamente para acceder a viviendas de protección pública en régimen de arrendamiento con opción a compra para jóvenes, tanto de titularidad de la Agencia de Vivienda Social como a pisos de otros promotores públicos y privados», explica la Comunidad.
Asimismo, informa que dispone de «425 viviendas libres» en la región, «que se encuentran en diferentes fases de reparación y adjudicación». De ése total, 163 están reservadas al Parque de Viviendas de Emergencia Social y «el resto se encuentran en fase de adjudicación y formalización del contrato correspondiente con los inquilinos», señala.
También precisa que están «en fase de reparación» con el personal propio de la agencia o «en revisión para repararse de forma inmediata», tal y como le obliga el acuerdo marco para realizar pequeños arreglos en el patrimonio de la entidad. Es decir, que si se eliminan esas 163 viviendas reservadas, la cifra se reduce a 262.
Las personas que se encuentran en una situación de «especial necesidad», que es como las define la Administración, tienen que presentar una «declaración responsable» en el que acredite las condiciones en las que se encuentre.
La Administración regional tiene un parque de 17.585 pisos protegidos
Así, en el documento se le dan diferentes alternativas para tratar de concretar su situación. Así, se le pide que indique si es por desahucio a causa de no haber pagado la renta u otras. «Serán consideradas situaciones de especial necesidad, las situaciones de lanzamiento cuando el importe del arrendamiento impagado se encuentre entre el 30-80% de los ingresos», concreta la solicitud.
También entran en esta categoría si el solicitante vive en albergues, casa refugio, pisos tutelados, o establecimientos similares; vivir en alquiler en «malas condiciones de habitabilidad». La Administración autonómica indica que tienen que haber pasado un mínimo de dos años en esta situación para poder solicitarlo.
La violencia de género también es un motivo para solicitar piso de especial necesidad, así como el hacinamiento en la que la superficie útil ha de ser inferior a 25 metros cuadrados o a ocho metros cuadrados por miembro de la unidad familiar.
Convivir con otra familia; pagar una renta que suponga más del 30% de los ingresos; dormir bajo un techo que no está tipificado para uso residencial o en chabolas. En este último caso, los solicitantes tendrán que demostrar que llevan en esa situación, al menos, 12 meses viviendo en precario.
Pese a la venta de casi 3.000 pisos realizada por el Gobierno regional de Ignacio González (PP) a un fondo de inversión en 2013, la Administración regional dispone de un patrimonio inmobiliario formado por 17.585 pisos protegidos distribuidos por los diferentes pueblos de la región.
Madrid es la localidad en la que se concentran la mayoría, 11.717. Luego, le sigue Alcalá de Henares (646); Leganés (553); Alcorcón (493) o Getafe (399). En el lado opuesto llama la atención la única vivienda que tienen Las Rozas, Rivas-Vaciamadid, Boadilla del Monte..., según datos oficiales aportados por la Comunidad de Madrid.
A esa cifra hay que añadir otras 5.695 viviendas en derecho de superficie que se reparten entre 18 municipios, los de mayor población de la región. La capital (con 2.382) sigue situándose al frente tras Parla (500); Leganés (443) o Rivas-Vaciamadrid (366).
Fuente: El mundo
En la actualidad, de los 18.537 demandante de una vivienda pública, cerca de una cuarta parte lo hacen por encontrarse en una situación de especial necesidad. Así lo admite la Agencia de Vivienda Social -antiguo Ivima- que señala que, según sus datos a 1 de marzo, tiene registradas 4.432 peticiones de personas que se encuentran en una situación precaria y que el resto, 14.105, pertenecen a la lista única de solicitantes de vivienda del Plan Joven de la Comunidad.
«La inscripción en esta lista se hace indistintamente para acceder a viviendas de protección pública en régimen de arrendamiento con opción a compra para jóvenes, tanto de titularidad de la Agencia de Vivienda Social como a pisos de otros promotores públicos y privados», explica la Comunidad.
Asimismo, informa que dispone de «425 viviendas libres» en la región, «que se encuentran en diferentes fases de reparación y adjudicación». De ése total, 163 están reservadas al Parque de Viviendas de Emergencia Social y «el resto se encuentran en fase de adjudicación y formalización del contrato correspondiente con los inquilinos», señala.
También precisa que están «en fase de reparación» con el personal propio de la agencia o «en revisión para repararse de forma inmediata», tal y como le obliga el acuerdo marco para realizar pequeños arreglos en el patrimonio de la entidad. Es decir, que si se eliminan esas 163 viviendas reservadas, la cifra se reduce a 262.
Las personas que se encuentran en una situación de «especial necesidad», que es como las define la Administración, tienen que presentar una «declaración responsable» en el que acredite las condiciones en las que se encuentre.
La Administración regional tiene un parque de 17.585 pisos protegidos
Así, en el documento se le dan diferentes alternativas para tratar de concretar su situación. Así, se le pide que indique si es por desahucio a causa de no haber pagado la renta u otras. «Serán consideradas situaciones de especial necesidad, las situaciones de lanzamiento cuando el importe del arrendamiento impagado se encuentre entre el 30-80% de los ingresos», concreta la solicitud.
También entran en esta categoría si el solicitante vive en albergues, casa refugio, pisos tutelados, o establecimientos similares; vivir en alquiler en «malas condiciones de habitabilidad». La Administración autonómica indica que tienen que haber pasado un mínimo de dos años en esta situación para poder solicitarlo.
La violencia de género también es un motivo para solicitar piso de especial necesidad, así como el hacinamiento en la que la superficie útil ha de ser inferior a 25 metros cuadrados o a ocho metros cuadrados por miembro de la unidad familiar.
Convivir con otra familia; pagar una renta que suponga más del 30% de los ingresos; dormir bajo un techo que no está tipificado para uso residencial o en chabolas. En este último caso, los solicitantes tendrán que demostrar que llevan en esa situación, al menos, 12 meses viviendo en precario.
Pese a la venta de casi 3.000 pisos realizada por el Gobierno regional de Ignacio González (PP) a un fondo de inversión en 2013, la Administración regional dispone de un patrimonio inmobiliario formado por 17.585 pisos protegidos distribuidos por los diferentes pueblos de la región.
Madrid es la localidad en la que se concentran la mayoría, 11.717. Luego, le sigue Alcalá de Henares (646); Leganés (553); Alcorcón (493) o Getafe (399). En el lado opuesto llama la atención la única vivienda que tienen Las Rozas, Rivas-Vaciamadid, Boadilla del Monte..., según datos oficiales aportados por la Comunidad de Madrid.
A esa cifra hay que añadir otras 5.695 viviendas en derecho de superficie que se reparten entre 18 municipios, los de mayor población de la región. La capital (con 2.382) sigue situándose al frente tras Parla (500); Leganés (443) o Rivas-Vaciamadrid (366).
Fuente: El mundo
