27/06/2016
Okupas 'regularizados' en Alcobendas
52 familias de la calle Francisco Largo están camino de tener un alquiler social
Alcobendas, 27 de junio de 2016.-«Queremos tener un alquiler social, claro, nosotros queremos pagar. Estamos esperando la respuesta de la plataforma». M. se asoma al rellano del piso con incertidumbre y curiosidad. Junto a su familia, todos de origen marroquí, vive en un piso okupado desde hace más de dos años en el bloque de viviendas del número 26 de la calle Francisco Largo Caballero (Alcobendas), donde ya no queda casi ninguno de los primeros inquilinos, que pagaban alquiler.
La empresa propietaria, Viviendas Acogidas SA, entró en quiebra al poco de construirse los pisos y ahora está en proceso de liquidación. Lentamente, desde agosto de 2013, fueron entrando familias marroquíes y gitanas a colonizar los 64 pisos. Algunas compraron el derecho al acceso a las casas a mafias que les exigían cerca de mil euros por ellas. No pagan ni alquiler, ni la luz, ni agua. La tienen enganchada en su mayoría. Muchos buzones escupen las cartas acumuladas de los primeros vecinos que se fueron yendo ante los ruidos, la suciedad y la inseguridad.
La basura, latas y desperdicios, se acumulan aquí y allí. En lzonas comunes. En la entrada al garaje. «Está terminantemente prohibido dejar la basura fuera, por favor tirarla en el contenedor», reza un cartel colocado en un protal. La convivencia con el resto de vecinos de este desarrollo urbanístico de Alcobendas, Valdelasfuentes, no ha sido buena, sobre todo al principio. Hubo denuncias por robos, y los residentes de otros bloques pasaban con cierto temor por el desarrollo. Lo siguen haciendo.
Según fuentes municipales, sin embargo, no «ha habido ningún incremento de quejas» con respecto a hace dos años. Desde el Consistorio de Alcobendas aseguran que «no pueden hacer nada», ya que están okupando una propiedad privada, no municipal. Aun así, una portavoz municipal explica que se han reunido con los vecinos de la zona varias veces para tranquilizarles.
Tras la entrada de los okupas, cada hora, durante 15 minutos, una patrulla de la Policía Local de Alcobendas pasa frente a la urbanización. Fuentes municipales aseguran que están en contacto con la Fundación Toda Ayuda, que lleva tiempo preocupándose por estas familias.
Según asegura Antonio Jimeno, presidente de la fundación, se pusieron en contacto con ellos desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para intentar parar varios desalojos de estas familias, algo que consiguieron. «El edificio está abandonado desde hace cuatro años y está en concurso de acreedores», señala Jimeno, cuya fundación está tratando de llegar a un acuerdo con el liquidador judicial para que se puedan hacer alquileres sociales.
Las negociaciones están muy avanzadas. «De las 62 viviendas que hay dos tienen contrato de antes. Alrededor de 52 familias nos han remitido toda la documentación necesaria para los trámites, pero hay siete o ocho, más conflictivas, que no lo han hecho. Aun así, el perfil en general es de buena gente», precisa el presidente de la fundación. La idea es que con el RMI que muchos tienen paguen la comunidad y una renta de unos cien euros. «La situación de estas familias está ya regularizada. Se adaptan. Son familias empadronadas en el municipio, los niños ya van a los colegios de la zona. Con un seguimiento real y ayudas en formación para los padres podría solucionarse el problema».
Fuente: El Mundo
La empresa propietaria, Viviendas Acogidas SA, entró en quiebra al poco de construirse los pisos y ahora está en proceso de liquidación. Lentamente, desde agosto de 2013, fueron entrando familias marroquíes y gitanas a colonizar los 64 pisos. Algunas compraron el derecho al acceso a las casas a mafias que les exigían cerca de mil euros por ellas. No pagan ni alquiler, ni la luz, ni agua. La tienen enganchada en su mayoría. Muchos buzones escupen las cartas acumuladas de los primeros vecinos que se fueron yendo ante los ruidos, la suciedad y la inseguridad.
La basura, latas y desperdicios, se acumulan aquí y allí. En lzonas comunes. En la entrada al garaje. «Está terminantemente prohibido dejar la basura fuera, por favor tirarla en el contenedor», reza un cartel colocado en un protal. La convivencia con el resto de vecinos de este desarrollo urbanístico de Alcobendas, Valdelasfuentes, no ha sido buena, sobre todo al principio. Hubo denuncias por robos, y los residentes de otros bloques pasaban con cierto temor por el desarrollo. Lo siguen haciendo.
Según fuentes municipales, sin embargo, no «ha habido ningún incremento de quejas» con respecto a hace dos años. Desde el Consistorio de Alcobendas aseguran que «no pueden hacer nada», ya que están okupando una propiedad privada, no municipal. Aun así, una portavoz municipal explica que se han reunido con los vecinos de la zona varias veces para tranquilizarles.
Tras la entrada de los okupas, cada hora, durante 15 minutos, una patrulla de la Policía Local de Alcobendas pasa frente a la urbanización. Fuentes municipales aseguran que están en contacto con la Fundación Toda Ayuda, que lleva tiempo preocupándose por estas familias.
Según asegura Antonio Jimeno, presidente de la fundación, se pusieron en contacto con ellos desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para intentar parar varios desalojos de estas familias, algo que consiguieron. «El edificio está abandonado desde hace cuatro años y está en concurso de acreedores», señala Jimeno, cuya fundación está tratando de llegar a un acuerdo con el liquidador judicial para que se puedan hacer alquileres sociales.
Las negociaciones están muy avanzadas. «De las 62 viviendas que hay dos tienen contrato de antes. Alrededor de 52 familias nos han remitido toda la documentación necesaria para los trámites, pero hay siete o ocho, más conflictivas, que no lo han hecho. Aun así, el perfil en general es de buena gente», precisa el presidente de la fundación. La idea es que con el RMI que muchos tienen paguen la comunidad y una renta de unos cien euros. «La situación de estas familias está ya regularizada. Se adaptan. Son familias empadronadas en el municipio, los niños ya van a los colegios de la zona. Con un seguimiento real y ayudas en formación para los padres podría solucionarse el problema».
Fuente: El Mundo
