09/11/2015
Ecologistas en Acción presenta una querella criminal contra RMD por el incendio de la planta de neumáticos de Ardoncino
La tipificación penal se centrará en presuntos delitos de incendio, imprudencia grave y los derivados de la contaminación atmosférica
Ecologistas en Acción ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 2 de León un querella ciminal contrala empresa Reciclado de Material Diverso (RMD) por el incendio de la planta de neumáticos usados ocurrido entre los meses de julio y agosto del pasado verano en Ardoncino (León). La organización extiende la responsabilidad a la Junta y a la Confederación Hidrográfica del Duero, según informó hoy en un comunicado.
Tras una primera fase de estudio y valoración en Fiscalía, y la apertura de diligencias previas, el Juzgado ha admitido la personación de la organización ecologista y le ha requerido que presente una querella, que se ha formulado contra el administrador único de la empresa Recuperación de Materiales Diversos (RMD), extendiéndose la acción a los posibles responsables físicos de la mercantil que a resultas de la instrucción figuren como responsables de los hechos, sin perjuicio de los responsables físicos de la administración autonómica (Servicio Territorial de Medio Ambiente de León), Confederación Hidrográfica del Duero, u otros. La tipificación penal se centrará en los presuntos delitos de incendio, imprudencia grave y los derivados de la contaminación atmosférica, del agua y del suelo.
Basándose en estudios realizados por la EPA (Agencia Estatal para la Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos) sobre las emisiones que se producen en incendios de neumáticos de desecho, las emisiones máximas de partículas PM10 (que supondrían algo más del diez por ciento de toda la materia que entra en combustión), la organización calcula la emisión de cerca de las 1.400 toneladas, “cantidad que permite hacerse una idea de la magnitud del siniestro, dado que sería similar a la cantidad de partículas PM10 emitidas por las cuatro grandes centrales térmicas de carbón de Castilla y León durante todo un año”.
Las partículas -explican- transportan otros contaminantes como los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), las dioxinas, los furanos o los metales pesados, extremadamente peligrosos para las personas y el medio ambiente, incluso cancerígenos como el benceno y el benzo(a)pireno. Además, de acuerdo con el Convenio de Basilea que documenta incendios de estas características, el agua utilizada en la extinción, vertida hacia el valle de Antimio de Abajo, dicen, puede haber producido contaminación en los cauces.
Para la valoración del impacto ambiental se ha solicitado judicialmente a la Junta y a la CHD los expedientes relacionados con el incendio, por considerar que los informes emitidos hasta la fecha son parciales y algunos, como el análisis de los productos de las huertas, pastos y terrenos de cultivo, cuyo muestreo realizó la Junta en la semana del 17 de agosto, aún no han sido facilitados, “con la consiguiente incertidumbre para productores y consumidores”.
Independientemente del origen del fuego, accidental o provocado, sin duda los efectos -señala Ecologistas- se han visto multiplicados por el incumplimiento de las condiciones de almacenamiento que impone el Real Decreto, 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso; por ejemplo, tener los neumáticos apilados en 'montañas' de ocho a diez metros de altura, cuando el Decreto cifra en tres metros la altura máxima. Igualmente, todo parece indicar, afirman, que la empresa carecía de un sistema de prevención y extinción acorde al riesgo, como señala la normativa, lo que hizo imposible la lucha contra el fuego en los primeros momentos, multiplicando el daño ambiental.
leon PTC / ICAL
Tras una primera fase de estudio y valoración en Fiscalía, y la apertura de diligencias previas, el Juzgado ha admitido la personación de la organización ecologista y le ha requerido que presente una querella, que se ha formulado contra el administrador único de la empresa Recuperación de Materiales Diversos (RMD), extendiéndose la acción a los posibles responsables físicos de la mercantil que a resultas de la instrucción figuren como responsables de los hechos, sin perjuicio de los responsables físicos de la administración autonómica (Servicio Territorial de Medio Ambiente de León), Confederación Hidrográfica del Duero, u otros. La tipificación penal se centrará en los presuntos delitos de incendio, imprudencia grave y los derivados de la contaminación atmosférica, del agua y del suelo.
Basándose en estudios realizados por la EPA (Agencia Estatal para la Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos) sobre las emisiones que se producen en incendios de neumáticos de desecho, las emisiones máximas de partículas PM10 (que supondrían algo más del diez por ciento de toda la materia que entra en combustión), la organización calcula la emisión de cerca de las 1.400 toneladas, “cantidad que permite hacerse una idea de la magnitud del siniestro, dado que sería similar a la cantidad de partículas PM10 emitidas por las cuatro grandes centrales térmicas de carbón de Castilla y León durante todo un año”.
Las partículas -explican- transportan otros contaminantes como los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), las dioxinas, los furanos o los metales pesados, extremadamente peligrosos para las personas y el medio ambiente, incluso cancerígenos como el benceno y el benzo(a)pireno. Además, de acuerdo con el Convenio de Basilea que documenta incendios de estas características, el agua utilizada en la extinción, vertida hacia el valle de Antimio de Abajo, dicen, puede haber producido contaminación en los cauces.
Para la valoración del impacto ambiental se ha solicitado judicialmente a la Junta y a la CHD los expedientes relacionados con el incendio, por considerar que los informes emitidos hasta la fecha son parciales y algunos, como el análisis de los productos de las huertas, pastos y terrenos de cultivo, cuyo muestreo realizó la Junta en la semana del 17 de agosto, aún no han sido facilitados, “con la consiguiente incertidumbre para productores y consumidores”.
Independientemente del origen del fuego, accidental o provocado, sin duda los efectos -señala Ecologistas- se han visto multiplicados por el incumplimiento de las condiciones de almacenamiento que impone el Real Decreto, 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso; por ejemplo, tener los neumáticos apilados en 'montañas' de ocho a diez metros de altura, cuando el Decreto cifra en tres metros la altura máxima. Igualmente, todo parece indicar, afirman, que la empresa carecía de un sistema de prevención y extinción acorde al riesgo, como señala la normativa, lo que hizo imposible la lucha contra el fuego en los primeros momentos, multiplicando el daño ambiental.
leon PTC / ICAL
