01/12/2015
El Procurador del Común adopta varias resoluciones para intentar mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad
La institución asume quejas en materia de accesibilidad en el transporte sanitario, de participación de discapacitados en espectáculos de ocio o de acreditación de la discapacidad
El Procurador del Común recibió diversas quejas que afectan a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, lo que ha llevado a adoptar distintas resoluciones destinadas a intentar mejorar la vida de estas personas. En concreto, asumió quejas en materia de accesibilidad en el transporte sanitario, de participación de discapacitados en espectáculos de ocio o de acreditación de la discapacidad.
Una de las resoluciones se produjo después de que una persona con discapacidad visual presentara una queja en la que explicaba cómo había solicitado al personal de seguridad en un concierto de unas fiestas patronales un lugar adaptado a sus limitaciones en la plataforma para personas con necesidades especiales, un acceso que le fue denegado. El ayuntamiento instó a la empresa organizadora a crear un protocolo de actuación, aunque se dictó una resolución en la que se solicitaba a todos los municipios la aplicación de la norma vigente para que todas las personas con discapacidad que así lo deseen puedan participar en las actividades de ocio de manera accesible.
Otra resolución ponía en evidencia la negativa de la Junta a estimar las solicitudes de expedición de la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad a los pensionistas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio, a pesar de que se considera que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento. El Procurador del Común solicitó a la Comunidad que modifique su normativa que recogía que ambos colectivos cuentan con la condición de persona con discapacidad sin que se les exija, como hasta ahora, una resolución expresa del órgano competente.
Una última resolución, que fue aceptada por la Consejería de Sanidad, hace referencia a la accesibilidad del transporte sanitario para los pacientes en silla de ruedas. En una queja se ponía de manifiesto que alguno de los vehículos destinados al traslado de los pacientes con discapacidad y que no revisten urgencia estaban insuficientemente equipados y no posibilitaban el traslado de los pacientes en silla de ruedas.
Según la información facilitada por la Consejería de Sanidad, los pliegos de prescripciones técnicas que rigen los correspondientes contratos para la prestación del servicio de transporte sanitario no urgente en la Comunidad establecen los requisitos de accesibilidad que deben cumplir las ambulancias de clase A2, incluyendo todos ellos sistema de bloqueo y anclaje de las sillas de ruedas al suelo y de cinturones de seguridad específicos para pasajeros en sillas de ruedas.
Sin embargo, en las provincias de Burgos, Palencia y Soria no se habían revisado todas las ambulancias de esta clase, por lo que se instó a completar este trabajo de campo para comprobar si realmente eran accesibles a las personas con discapacidad.
LEON PTC / ICAL
Una de las resoluciones se produjo después de que una persona con discapacidad visual presentara una queja en la que explicaba cómo había solicitado al personal de seguridad en un concierto de unas fiestas patronales un lugar adaptado a sus limitaciones en la plataforma para personas con necesidades especiales, un acceso que le fue denegado. El ayuntamiento instó a la empresa organizadora a crear un protocolo de actuación, aunque se dictó una resolución en la que se solicitaba a todos los municipios la aplicación de la norma vigente para que todas las personas con discapacidad que así lo deseen puedan participar en las actividades de ocio de manera accesible.
Otra resolución ponía en evidencia la negativa de la Junta a estimar las solicitudes de expedición de la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad a los pensionistas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio, a pesar de que se considera que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento. El Procurador del Común solicitó a la Comunidad que modifique su normativa que recogía que ambos colectivos cuentan con la condición de persona con discapacidad sin que se les exija, como hasta ahora, una resolución expresa del órgano competente.
Una última resolución, que fue aceptada por la Consejería de Sanidad, hace referencia a la accesibilidad del transporte sanitario para los pacientes en silla de ruedas. En una queja se ponía de manifiesto que alguno de los vehículos destinados al traslado de los pacientes con discapacidad y que no revisten urgencia estaban insuficientemente equipados y no posibilitaban el traslado de los pacientes en silla de ruedas.
Según la información facilitada por la Consejería de Sanidad, los pliegos de prescripciones técnicas que rigen los correspondientes contratos para la prestación del servicio de transporte sanitario no urgente en la Comunidad establecen los requisitos de accesibilidad que deben cumplir las ambulancias de clase A2, incluyendo todos ellos sistema de bloqueo y anclaje de las sillas de ruedas al suelo y de cinturones de seguridad específicos para pasajeros en sillas de ruedas.
Sin embargo, en las provincias de Burgos, Palencia y Soria no se habían revisado todas las ambulancias de esta clase, por lo que se instó a completar este trabajo de campo para comprobar si realmente eran accesibles a las personas con discapacidad.
LEON PTC / ICAL
