27/01/2016
La Junta destina 140 millones a políticas activas de empleo en 2016 y moviliza 23,4 millones para alquiler y rehabilitación
Herrera suscribe cinco acuerdos del Diálogo Social que “ofrecen la certeza y la confianza que la sociedad está demandando” en un contexto nacional de incertidumbre
El Ejecutivo autonómico destinará 140 millones de recursos propios para políticas activas de empleo este año, 15,5 más que en 2015; movilizará 23,4 millones para fomento del alquiler y rehabilitación de vivienda; mejorará el acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía con un esfuerzo de 14 millones; e iniciará la ampliación del trabajo del Serla hacia los conflictos individuales.
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, los secretarios autonómicos de CCOO y UGT en Castilla y León, Ángel Hernández y Agustín Prieto, y el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Santiago Aparicio, suscribieron hoy cinco acuerdos en el marco del Diálogo Social, que marcan todos estos objetivos, así como la puesta en marcha de la II Estrategia de Empleo hasta 2020, con una dotación de 700 millones, 100 más que el compromiso inicial que asumió el jefe del Ejecutivo en su Discurso de Investidura.
Juan Vicente Herrera desgranó hoy en la sede de la Presidencia del Gobierno regional todos estos acuerdos en un acto que duró una hora y media y en el que ensalzó los casi 15 años de Diálogo Social en Castilla y León con más de 60 acuerdos, que reflejan que el proceso “fortalece” a la Comunidad y constituye un “factor de estabilidad institucional y de solidez política”. Herrera insistió en que el Diálogo Social “sigue funcionando” en Castilla y León porque las partes mantienen su voluntad, dijo, de aportar soluciones para paliar la situación por la que atraviesan las personas más desfavorecidas y las que atraviesan por más dificultades.
El máximo responsable del Ejecutivo autonómico ensalzó los cinco compromisos rubricados hoy para un “año clave para lograr el éxito o el fracaso” en la legislatura, dijo, para aseverar que 2015, cuando arrancó la salida de la crisis, no debe convertirse en un “oasis” sino en el inicio de una época de crecimiento continuado que permita los dos retos básicos que se marca la autonomía, la generación de empleo de calidad, hasta lograr un millón de ocupados al finalizar la legislatura; y la protección y la ayuda a los más desfavorecidos.
Herrera destacó que en el contexto nacional de incertidumbre, los acuerdos que se han firmado hoy en Castilla y León son un ejemplo y “ofrecen la certeza y la confianza que la sociedad está demandando”.
Un plan de planes
El presidente inició su repaso de los acuerdos con la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, que estará dotada con 700 millones. En este sentido, justificó el incremento de su compromiso inicial en la “importancia” que tienen estas actuaciones, aunque reconoció que “todos los recursos que concentremos en estos planes siempre son escasos”. Herrera insistió en que este “plan de planes” tiene como objetivo mejorar todos los niveles de ocupación y reducir el desempleo, prestando especial atención a las personas que necesitan mayor apoyo y protección.
Juan Vicente Herrera remarcó que se establecen como colectivos prioritarios los jóvenes menores de 35 años (preferentemente sin cualificación), mayores de 45 (especialmente los que carezcan de prestaciones y tengan cargas familiares) y parados de larga y muy larga duración. Aseveró que también se contemplan colectivos especiales que requieren atención diferenciada, como son mujeres, personas con discapacidad, en riesgo de exclusión, empleados por cuenta propia, emigrantes retornados y trabajadores en situación de dificultad procedentes de sectores estratégicos.
Empleo joven y local
El Plan Anual de Política de Empleo para 2016 prevé destinar inicialmente 140 millones de euros en el conjunto de políticas activas este año, frente a los 124,5 del año anterior, y a los 60 del primer ejercicio en que se puso en marcha, en 2012, según remarcó Herrera.
El presidente de la Junta constató que dentro del conjunto de medidas puestas en marcha en 2016 se incluye de forma específica un Plan de Empleo Joven que está dotado con 36,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 21 por ciento respecto a 2015. Esta dotación incluye los fondos del Programa Operativo de Empleo Juvenil, con 14,2 millones, previsto para jóvenes de hasta 30 años, que, como novedad, se completarán con fondos autónomos para cubrir la franja hasta los 35 años.
Por otra parte, Juan Vicente Herrera destacó el impulso al Plan de Empleo Local con medidas que ascienden a 40 millones de euros, con un crecimiento del 33 por ciento en relación con los 30 millones asignados en 2015. En este sentido, destacó que pretende promover un importante número de empleos para realizar obras y servicios por parte de las entidades locales que contribuyan al desarrollo económico del territorio.
Juan Vicente Herrera anunció mejoras sustanciales de este plan, con la pretensión de favorecer un empleo de mayor calidad y de apoyar de manera más eficaz a colectivos y sectores específicos. Para ello, anunció que de manera general se realizarán contratos a tiempo completo y con una duración mínima de seis meses y, además, se realizarán convocatorias independientes para distintos colectivos, entre los que destacan: perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía (diez millones de euros), trabajadores de los sectores turístico y forestal (diez millones de euros), personas con discapacidad (cinco millones de euros) y trabajadores de los municipios mineros de León y Palencia (2,4 millones de euros).
PIE
Herrera también constató que el Plan de Empleo para 2016 mantiene el Programa Personal de Integración y Empleo (PIE), dirigido a la reinserción laboral de los desempleados, mediante acciones de orientación y Formación Profesional y la percepción de 426 euros mensuales, para lo que se contemplan 7,5 millones de euros. Como novedad, comentó Herrera, se incluye el compromiso asumido en la Investidura de extender dicha ayuda de 426 euros a los autónomos que, habiendo cotizado por desempleo, hubieran agotado las prestaciones.
El presidente también manifestó que se potencia la protección frente a las crisis empresariales con fondos por un total de 12,5 millones de euros con los que complementar la renta de los trabajadores y se colabora con las empresas a través de la minoración de sus costes de Seguridad Social. Como novedad, dijo, se plantea la posibilidad de conceder ayudas, vía convenio con la Seguridad Social, a los trabajadores mayores de 55 años procedentes de empresas en procesos concursales para facilitar el tránsito hasta la edad de jubilación. Asimismo, constató que se prevé mejorar las condiciones de los trabajadores afectados por EREs que, siguiendo en activo en la empresa, hayan agotado sus prestaciones por desempleo (entre ellos el sector de la minería y sus empresas auxiliares).
Igualmente, Juan Vicente Herrera anunció un “renovado impulso” al objetivo del empleo para las personas con discapacidad, con la subvención de los costes salariales de los Centros Especiales de Empleo y con medidas para mejorar la formación de estos trabajadores.
FP, prevención y conciliación
Por lo que se refiere al resto de los planes de la estrategia, Herrera expuso que el Plan de FP tiene como objetivo mejorar el ajuste entre las necesidades de personal cualificado de los sectores productivos y la oferta de Formación Profesional, así como la conexión entre los centros de formación y las empresas a través del desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual y de acciones de formación conjuntas.
Por lo que se refiere al Plan de Prevención de Riesgos Laborales, el presidente indicó que establece dos objetivos prioritarios: la siniestralidad cero y conseguir la máxima coordinación en las diferentes actuaciones y programas de prevención, asesoramiento técnico y formación, y sensibilización.
Por último, el Plan de Igualdad y Conciliación se dirige a la promoción de la igualdad y la conciliación entre mujeres y hombres en el acceso, la permanencia y la promoción en el trabajo, prestando especial atención a sectores y mujeres con mayor dificultad de inserción, y favoreciendo la conciliación en los ámbitos laboral, familiar y educativo. Se apuesta en esta materia, dijo, por la reducción de jornada.
Alquiler y rehabilitación
Por otro lado, Herrea se detuvo en el nuevo acuerdo para el fomento del alquiler y la rehabilitación edificatoria en Castilla y León, cuyo presupuesto total asciende a 23,4 millones de euros. La Consejería de Fomento y Medio publicará de manera inmediata una nueva convocatoria de ayudas al alquiler por importe de 11.372.000 euros, que será complementada con 5.000.000 de euros de fondos autonómicos, alcanzando un total de 16.372.000 euros para el año 2016., según dijo el presidente. Del año 2017 en adelante, afirmó Herrera, la Junta se ha comprometido a incluir un mínimo de 5.000.000 de euros anuales complementarios a los fondos del plan de vivienda.
Estas ayudas van dirigidas a las unidades de convivencia, que son el conjunto de personas que habitan en una vivienda de forma habitual y permanente y con vocación de estabilidad, que les subvencionan el 40 por ciento de los recibos mensuales de alquiler de su vivienda, hasta un máximo de 1.710 euros mensuales. Están dirigidas a los más vulnerables, que son aquellos con ingresos por debajo del Iprem, se elimina el umbral de ingresos mínimos y se eleva el porcentaje subvencionable de los recibos mensuales.
En cuanto a las ayudas en materia de rehabilitación edificatoria, Herrrera precisó que la convocatoria se publicará de forma inmediata por importe de 7.098.888 euros. El objeto de estas ayudas es financiar la ejecución de las obras y trabajos de mantenimiento e intervención en las instalaciones fijas y equipamiento propio, así como en los elementos y espacios privativos comunes de los edificios de tipología residencial colectiva situados en Castilla y León. Los beneficiarios son las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios o los propietarios únicos de edificios de viviendas.
Renta Garantizada de Ciudadanía
En cuanto al acuerdo alcanzado hoy en materia de Renta Garantizada de Ciudadanía, Herrera aclaró que se tendrá que hacer efectivo a través de la aprobación de un decreto-ley, previo a su posterior tramitación ante las Cortes como proyecto de ley, donde buscarán el consenso de todos los grupos.
El presidente de Castilla y León, quien recordó que estas ayudas están dotadas con 69 millones este año, comentó que se pretende mejorar su protección en varios aspectos, entre los que destaca la flexibilización del acceso a las personas a la obtención de esta prestación, especialmente a los perceptores de otras prestaciones derivadas del empleo y a grupos que en este momento no podían acceder. De esta manera, se compatibilizará esta renta hasta la cuantía básica de esta prestación con otras prestaciones de desempleo, aunque quedan fueras las pensiones no contributivas. Además, se flexibiliza también el cumplimiento de los requisitos a través de modificaciones en las reglas de cómputo de bienes muebles, inmuebles e ingresos.
El jefe del Gobierno autonómico aclaró que los acuerdos introducen también mejoras en el procedimiento. La más destacada es que se garantiza el derecho subjetivo de esta renta al reconocerse el nacimiento del derecho desde el mes siguiente a producirse la solicitud, en lugar de los tres meses actuales.
Asimismo, Herrera trasladó que se incluyen actuaciones encaminadas a fomentar la inserción laboral de los beneficiarios de la prestación con medidas de empleo como facilitar la reanudación automática de la percepción de la Renta Garantizada de Ciudadanía una vez finalizada la actividad laboral, cuando el beneficiario la tenía suspendida por obtener ingresos de dicha actividad, junto con otras medidas de estímulo del empleo en el sector público y privado.
Otra de las novedades, dijo Herrera, será la creación de un servicio de información especializado sobre la Renta Garantizada en el ámbito de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta, a fin de reforzar el apoyo profesional en la tramitación y el fortalecimiento de medidas de seguimiento. Por último, se contempla la posibilidad de suscribir acuerdos con el Procurador del Común para mejorar el seguimiento y control de la actuación administrativa en materia de Renta Garantizada de Ciudadanía.
Llevar a cabo los contenidos de este acuerdo supondrá un esfuerzo presupuestario que podría alcanzar los 14 millones de euros, lo que se costeará a partir de los ahorros derivados de la prioridad establecida para los perceptores de la Renta en los acuerdos del Plan de Empleo Local, por importe de diez millones de euros en 2016. A todo esto cabe añadir que por primera vez se abre la posibilidad de incentivar contratos temporales para los perceptores de Renta Garantizada.
Potenciar el Serla
Por último, el presidente de la Junta y los representantes de los agentes económicos y sociales firmaron el acuerdo por el que se adquiere el propósito firme de adoptar las medidas necesarias para que el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla) conozca también los procedimientos de conciliación-mediación y arbitraje de los conflictos individuales laborales. Se ha comprometido un calendario de actuaciones que se ejecutarán durante los años 2016 y 2017.
El acuerdo establece un calendario de acciones con la implantación este año de este servicio en una sede en Valladolid para su extensión a lo largo de 2017 al resto de provincias, bajo la premisa de alcanzar un acuerdo con el Estado para la compensación de costes ante el ahorro que supondrá en gastos de justicia.
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, los secretarios autonómicos de CCOO y UGT en Castilla y León, Ángel Hernández y Agustín Prieto, y el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Santiago Aparicio, suscribieron hoy cinco acuerdos en el marco del Diálogo Social, que marcan todos estos objetivos, así como la puesta en marcha de la II Estrategia de Empleo hasta 2020, con una dotación de 700 millones, 100 más que el compromiso inicial que asumió el jefe del Ejecutivo en su Discurso de Investidura.
Juan Vicente Herrera desgranó hoy en la sede de la Presidencia del Gobierno regional todos estos acuerdos en un acto que duró una hora y media y en el que ensalzó los casi 15 años de Diálogo Social en Castilla y León con más de 60 acuerdos, que reflejan que el proceso “fortalece” a la Comunidad y constituye un “factor de estabilidad institucional y de solidez política”. Herrera insistió en que el Diálogo Social “sigue funcionando” en Castilla y León porque las partes mantienen su voluntad, dijo, de aportar soluciones para paliar la situación por la que atraviesan las personas más desfavorecidas y las que atraviesan por más dificultades.
El máximo responsable del Ejecutivo autonómico ensalzó los cinco compromisos rubricados hoy para un “año clave para lograr el éxito o el fracaso” en la legislatura, dijo, para aseverar que 2015, cuando arrancó la salida de la crisis, no debe convertirse en un “oasis” sino en el inicio de una época de crecimiento continuado que permita los dos retos básicos que se marca la autonomía, la generación de empleo de calidad, hasta lograr un millón de ocupados al finalizar la legislatura; y la protección y la ayuda a los más desfavorecidos.
Herrera destacó que en el contexto nacional de incertidumbre, los acuerdos que se han firmado hoy en Castilla y León son un ejemplo y “ofrecen la certeza y la confianza que la sociedad está demandando”.
Un plan de planes
El presidente inició su repaso de los acuerdos con la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, que estará dotada con 700 millones. En este sentido, justificó el incremento de su compromiso inicial en la “importancia” que tienen estas actuaciones, aunque reconoció que “todos los recursos que concentremos en estos planes siempre son escasos”. Herrera insistió en que este “plan de planes” tiene como objetivo mejorar todos los niveles de ocupación y reducir el desempleo, prestando especial atención a las personas que necesitan mayor apoyo y protección.
Juan Vicente Herrera remarcó que se establecen como colectivos prioritarios los jóvenes menores de 35 años (preferentemente sin cualificación), mayores de 45 (especialmente los que carezcan de prestaciones y tengan cargas familiares) y parados de larga y muy larga duración. Aseveró que también se contemplan colectivos especiales que requieren atención diferenciada, como son mujeres, personas con discapacidad, en riesgo de exclusión, empleados por cuenta propia, emigrantes retornados y trabajadores en situación de dificultad procedentes de sectores estratégicos.
Empleo joven y local
El Plan Anual de Política de Empleo para 2016 prevé destinar inicialmente 140 millones de euros en el conjunto de políticas activas este año, frente a los 124,5 del año anterior, y a los 60 del primer ejercicio en que se puso en marcha, en 2012, según remarcó Herrera.
El presidente de la Junta constató que dentro del conjunto de medidas puestas en marcha en 2016 se incluye de forma específica un Plan de Empleo Joven que está dotado con 36,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 21 por ciento respecto a 2015. Esta dotación incluye los fondos del Programa Operativo de Empleo Juvenil, con 14,2 millones, previsto para jóvenes de hasta 30 años, que, como novedad, se completarán con fondos autónomos para cubrir la franja hasta los 35 años.
Por otra parte, Juan Vicente Herrera destacó el impulso al Plan de Empleo Local con medidas que ascienden a 40 millones de euros, con un crecimiento del 33 por ciento en relación con los 30 millones asignados en 2015. En este sentido, destacó que pretende promover un importante número de empleos para realizar obras y servicios por parte de las entidades locales que contribuyan al desarrollo económico del territorio.
Juan Vicente Herrera anunció mejoras sustanciales de este plan, con la pretensión de favorecer un empleo de mayor calidad y de apoyar de manera más eficaz a colectivos y sectores específicos. Para ello, anunció que de manera general se realizarán contratos a tiempo completo y con una duración mínima de seis meses y, además, se realizarán convocatorias independientes para distintos colectivos, entre los que destacan: perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía (diez millones de euros), trabajadores de los sectores turístico y forestal (diez millones de euros), personas con discapacidad (cinco millones de euros) y trabajadores de los municipios mineros de León y Palencia (2,4 millones de euros).
PIE
Herrera también constató que el Plan de Empleo para 2016 mantiene el Programa Personal de Integración y Empleo (PIE), dirigido a la reinserción laboral de los desempleados, mediante acciones de orientación y Formación Profesional y la percepción de 426 euros mensuales, para lo que se contemplan 7,5 millones de euros. Como novedad, comentó Herrera, se incluye el compromiso asumido en la Investidura de extender dicha ayuda de 426 euros a los autónomos que, habiendo cotizado por desempleo, hubieran agotado las prestaciones.
El presidente también manifestó que se potencia la protección frente a las crisis empresariales con fondos por un total de 12,5 millones de euros con los que complementar la renta de los trabajadores y se colabora con las empresas a través de la minoración de sus costes de Seguridad Social. Como novedad, dijo, se plantea la posibilidad de conceder ayudas, vía convenio con la Seguridad Social, a los trabajadores mayores de 55 años procedentes de empresas en procesos concursales para facilitar el tránsito hasta la edad de jubilación. Asimismo, constató que se prevé mejorar las condiciones de los trabajadores afectados por EREs que, siguiendo en activo en la empresa, hayan agotado sus prestaciones por desempleo (entre ellos el sector de la minería y sus empresas auxiliares).
Igualmente, Juan Vicente Herrera anunció un “renovado impulso” al objetivo del empleo para las personas con discapacidad, con la subvención de los costes salariales de los Centros Especiales de Empleo y con medidas para mejorar la formación de estos trabajadores.
FP, prevención y conciliación
Por lo que se refiere al resto de los planes de la estrategia, Herrera expuso que el Plan de FP tiene como objetivo mejorar el ajuste entre las necesidades de personal cualificado de los sectores productivos y la oferta de Formación Profesional, así como la conexión entre los centros de formación y las empresas a través del desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual y de acciones de formación conjuntas.
Por lo que se refiere al Plan de Prevención de Riesgos Laborales, el presidente indicó que establece dos objetivos prioritarios: la siniestralidad cero y conseguir la máxima coordinación en las diferentes actuaciones y programas de prevención, asesoramiento técnico y formación, y sensibilización.
Por último, el Plan de Igualdad y Conciliación se dirige a la promoción de la igualdad y la conciliación entre mujeres y hombres en el acceso, la permanencia y la promoción en el trabajo, prestando especial atención a sectores y mujeres con mayor dificultad de inserción, y favoreciendo la conciliación en los ámbitos laboral, familiar y educativo. Se apuesta en esta materia, dijo, por la reducción de jornada.
Alquiler y rehabilitación
Por otro lado, Herrea se detuvo en el nuevo acuerdo para el fomento del alquiler y la rehabilitación edificatoria en Castilla y León, cuyo presupuesto total asciende a 23,4 millones de euros. La Consejería de Fomento y Medio publicará de manera inmediata una nueva convocatoria de ayudas al alquiler por importe de 11.372.000 euros, que será complementada con 5.000.000 de euros de fondos autonómicos, alcanzando un total de 16.372.000 euros para el año 2016., según dijo el presidente. Del año 2017 en adelante, afirmó Herrera, la Junta se ha comprometido a incluir un mínimo de 5.000.000 de euros anuales complementarios a los fondos del plan de vivienda.
Estas ayudas van dirigidas a las unidades de convivencia, que son el conjunto de personas que habitan en una vivienda de forma habitual y permanente y con vocación de estabilidad, que les subvencionan el 40 por ciento de los recibos mensuales de alquiler de su vivienda, hasta un máximo de 1.710 euros mensuales. Están dirigidas a los más vulnerables, que son aquellos con ingresos por debajo del Iprem, se elimina el umbral de ingresos mínimos y se eleva el porcentaje subvencionable de los recibos mensuales.
En cuanto a las ayudas en materia de rehabilitación edificatoria, Herrrera precisó que la convocatoria se publicará de forma inmediata por importe de 7.098.888 euros. El objeto de estas ayudas es financiar la ejecución de las obras y trabajos de mantenimiento e intervención en las instalaciones fijas y equipamiento propio, así como en los elementos y espacios privativos comunes de los edificios de tipología residencial colectiva situados en Castilla y León. Los beneficiarios son las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios o los propietarios únicos de edificios de viviendas.
Renta Garantizada de Ciudadanía
En cuanto al acuerdo alcanzado hoy en materia de Renta Garantizada de Ciudadanía, Herrera aclaró que se tendrá que hacer efectivo a través de la aprobación de un decreto-ley, previo a su posterior tramitación ante las Cortes como proyecto de ley, donde buscarán el consenso de todos los grupos.
El presidente de Castilla y León, quien recordó que estas ayudas están dotadas con 69 millones este año, comentó que se pretende mejorar su protección en varios aspectos, entre los que destaca la flexibilización del acceso a las personas a la obtención de esta prestación, especialmente a los perceptores de otras prestaciones derivadas del empleo y a grupos que en este momento no podían acceder. De esta manera, se compatibilizará esta renta hasta la cuantía básica de esta prestación con otras prestaciones de desempleo, aunque quedan fueras las pensiones no contributivas. Además, se flexibiliza también el cumplimiento de los requisitos a través de modificaciones en las reglas de cómputo de bienes muebles, inmuebles e ingresos.
El jefe del Gobierno autonómico aclaró que los acuerdos introducen también mejoras en el procedimiento. La más destacada es que se garantiza el derecho subjetivo de esta renta al reconocerse el nacimiento del derecho desde el mes siguiente a producirse la solicitud, en lugar de los tres meses actuales.
Asimismo, Herrera trasladó que se incluyen actuaciones encaminadas a fomentar la inserción laboral de los beneficiarios de la prestación con medidas de empleo como facilitar la reanudación automática de la percepción de la Renta Garantizada de Ciudadanía una vez finalizada la actividad laboral, cuando el beneficiario la tenía suspendida por obtener ingresos de dicha actividad, junto con otras medidas de estímulo del empleo en el sector público y privado.
Otra de las novedades, dijo Herrera, será la creación de un servicio de información especializado sobre la Renta Garantizada en el ámbito de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta, a fin de reforzar el apoyo profesional en la tramitación y el fortalecimiento de medidas de seguimiento. Por último, se contempla la posibilidad de suscribir acuerdos con el Procurador del Común para mejorar el seguimiento y control de la actuación administrativa en materia de Renta Garantizada de Ciudadanía.
Llevar a cabo los contenidos de este acuerdo supondrá un esfuerzo presupuestario que podría alcanzar los 14 millones de euros, lo que se costeará a partir de los ahorros derivados de la prioridad establecida para los perceptores de la Renta en los acuerdos del Plan de Empleo Local, por importe de diez millones de euros en 2016. A todo esto cabe añadir que por primera vez se abre la posibilidad de incentivar contratos temporales para los perceptores de Renta Garantizada.
Potenciar el Serla
Por último, el presidente de la Junta y los representantes de los agentes económicos y sociales firmaron el acuerdo por el que se adquiere el propósito firme de adoptar las medidas necesarias para que el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla) conozca también los procedimientos de conciliación-mediación y arbitraje de los conflictos individuales laborales. Se ha comprometido un calendario de actuaciones que se ejecutarán durante los años 2016 y 2017.
El acuerdo establece un calendario de acciones con la implantación este año de este servicio en una sede en Valladolid para su extensión a lo largo de 2017 al resto de provincias, bajo la premisa de alcanzar un acuerdo con el Estado para la compensación de costes ante el ahorro que supondrá en gastos de justicia.
LEON PTC / ICAL
