28/02/2016
La Audiencia Provincial confirma una pena de dos años de prisión para el administrador de dos sociedades por eludir el pago en un despido
El condenado intentó evitar el pago al despedido descapitalizando la empresa original, creando otra y luego una comunidad de bienes con la que seguía facturando y contratando
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León ha confirmado la pena de dos años de prisión para un empresario leonés por un delito de insolvencia punible por intentar eludir el pago de más de 35.000 euros de indemnización por despido al hacer desaparecer las empresas originales y creando un entramado para impedir el cobro por parte del trabajador.
Según ha informado el abogado del empleado, Pablo Roberto Herrero, a través de un comunicado, el empresario, del sector de la pintura y la decoración, recurrió la sentencia de marzo del año pasado en la que por primera vez en España concurría una pena de cárcel por eludir la indemnización por despido aduciendo que se había cometido un error en las pruebas practicadas, algo que ha desestimado la Audiencia de León.
El empresario fue condenado a finales de marzo de 2015 por el Juzgado de lo Penal número 1 de León a dos años de prisión por “descapitalizar diversas empresas para no pagar la indemnización y salarios correspondientes a un trabajador”, llegando a contratar nuevos empleados para continuar con su actividad empresarial. Según el reciente fallo de la Audiencia Provincial, “es un hecho acreditado de que el denunciante prestó servicios laborales para dos empresas pertenecientes al sector de la construcción y que funcionaban conjuntamente en una misma actividad empresarial”.
El trabajador obtuvo una primera sentencia en 2012 que ya condenaba al empresario a readmitir al trabajador o a abonarle 15.689,52 euros como indemnización, 14.295,06 euros en concepto de salarios de tramitación y 4.000 euros como indemnización adicional. Sin embargo, al solicitarse la ejecución de aquella sentencia en agosto de 2012 “se puso de manifiesto la inexistencia de bienes de las empresas demandadas”, ya que “dichas empresas o sociedades cesaron su actividad”.
De forma paralela, el apelante, en concurrencia con una tercera persona, constituyó otra comunidad de bienes en la que el ahora condenado tenía el 90 por ciento de participación y en la que facturó entre junio de 2011 y noviembre de 2012 unos 45.000 euros. Todo esto, según la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León, "resulta suficiente para poner de relieve la inconsistencia de un error valorativo por parte del juez de lo penal, cuando los antecedentes históricos revelan que el apelante, consciente de la insolidez de la causa de despido esgrimía, se adelantó preparando el terreno para dejar sin patrimonio a dichas empresas y cesando en la actividad de las mismas con el único objetivo de frustrar los derechos de sus acreedores, lo que consiguió mediante estrategia o subterfugio de crear un nuevo ente jurídico distinto que le permitió continuar con la misma actividad”.
El fallo de la Audiencia Provincial de León se sustenta también en una sentencia del Tribunal Supremo 19 de septiembre de 2003 (STS 1203/3003). Un caso similar de dos acusados que gestionando una sociedad mercantil que había contraído una deuda importante con un acreedor, sin liquidar la misma en la forma jurídica correcta, cesaron su actividad y constituyeron otra a través de la cual continuaron con su actividad mercantil, dificultando extraordinariamente la posibilidad de que la entidad acreedora pudiera cobrar su crédito.
LEON PTC / ICAL
Según ha informado el abogado del empleado, Pablo Roberto Herrero, a través de un comunicado, el empresario, del sector de la pintura y la decoración, recurrió la sentencia de marzo del año pasado en la que por primera vez en España concurría una pena de cárcel por eludir la indemnización por despido aduciendo que se había cometido un error en las pruebas practicadas, algo que ha desestimado la Audiencia de León.
El empresario fue condenado a finales de marzo de 2015 por el Juzgado de lo Penal número 1 de León a dos años de prisión por “descapitalizar diversas empresas para no pagar la indemnización y salarios correspondientes a un trabajador”, llegando a contratar nuevos empleados para continuar con su actividad empresarial. Según el reciente fallo de la Audiencia Provincial, “es un hecho acreditado de que el denunciante prestó servicios laborales para dos empresas pertenecientes al sector de la construcción y que funcionaban conjuntamente en una misma actividad empresarial”.
El trabajador obtuvo una primera sentencia en 2012 que ya condenaba al empresario a readmitir al trabajador o a abonarle 15.689,52 euros como indemnización, 14.295,06 euros en concepto de salarios de tramitación y 4.000 euros como indemnización adicional. Sin embargo, al solicitarse la ejecución de aquella sentencia en agosto de 2012 “se puso de manifiesto la inexistencia de bienes de las empresas demandadas”, ya que “dichas empresas o sociedades cesaron su actividad”.
De forma paralela, el apelante, en concurrencia con una tercera persona, constituyó otra comunidad de bienes en la que el ahora condenado tenía el 90 por ciento de participación y en la que facturó entre junio de 2011 y noviembre de 2012 unos 45.000 euros. Todo esto, según la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León, "resulta suficiente para poner de relieve la inconsistencia de un error valorativo por parte del juez de lo penal, cuando los antecedentes históricos revelan que el apelante, consciente de la insolidez de la causa de despido esgrimía, se adelantó preparando el terreno para dejar sin patrimonio a dichas empresas y cesando en la actividad de las mismas con el único objetivo de frustrar los derechos de sus acreedores, lo que consiguió mediante estrategia o subterfugio de crear un nuevo ente jurídico distinto que le permitió continuar con la misma actividad”.
El fallo de la Audiencia Provincial de León se sustenta también en una sentencia del Tribunal Supremo 19 de septiembre de 2003 (STS 1203/3003). Un caso similar de dos acusados que gestionando una sociedad mercantil que había contraído una deuda importante con un acreedor, sin liquidar la misma en la forma jurídica correcta, cesaron su actividad y constituyeron otra a través de la cual continuaron con su actividad mercantil, dificultando extraordinariamente la posibilidad de que la entidad acreedora pudiera cobrar su crédito.
LEON PTC / ICAL
