12/03/2016
Expertos proponen la creación de una empresa regional público-privada que garantice el abastecimiento en toda Castilla y León
El economista Ramón Tamames y el ingeniero Ramiro Aurín proponen incluir en la reforma constitucional la gestión del agua y reclaman la figura de un organismo regulador
El economista Ramón Tamames y el ingeniero Ramiro Aurín, autores del libro 'Gobernanza y gestión del agua' (Editorial Profit), propusieron la creación de una empresa público-privada que garantice un suministro de agua de calidad en todos los municipios de Castilla y León.
Aurín, durante un encuentro informativo con la Agencia Ical para presentar su libro, aseguró que en una comunidad con la singularidad geográfica de Castilla y León, y que además es la más extensa de Europa, sería un reto que una empresa mixta autonómica fuera capaz de atender las necesidades de suministro de todos los municipios en igualdad de condiciones e “independientemente de la rentabilidad económica”.
En este sentido, se refirió a uno de los principales problemas que tiene Castilla y León en materia de abastecimiento como es la contaminación de los acuíferos, y apuntó que la depuración del agua de subterránea es demasiada costosa para que un municipio pequeño la pueda afrontar en solitario, aunque cuando se asume como un proyecto mancomunado entre varios pueblos la repercusión en el precio del agua es mínima y puede suponer entre 20 o 30 céntimos más en la factura.
Tamames, que insistió en la necesidad de que la gestión del agua esté muy presente en la reforma constitucional, propuso la creación de un regulador nacional para dinamizar el sector, evitar abusos de comunidades autónomas, acabar con las barreras a las innovaciones y supervisar la ética de los negocios. En este sentido, anunció que será un tema muy presente en un seminario que se celebrará este verano dentro de los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, y en el que debatirán los tres padres de la Carta Magna que siguen vivos.
A su vez, el que fuera uno de los firmantes de la Constitución Española de 1978, también alabó las bondades del sistema público de concesiones pero admite que puede haber “corrupciones de gestión indebida por intereses particulares de los administradores o de los concesionarios”.
Por otra parte, Tamames echó en falta un regulador general con un peso equivalente al de la CNMV para las bolsas o la Comisión Nacional de Energía para las compañías eléctricas. En este sentido, Aurín matizó que otro de los objetivos del regulador debe servir para que el derecho al agua en todo el país sea homogéneo y planteó a los partidos políticos que dejen hablar de pobreza hídrica cuando es tan sencillo que acuerden unos criterios comunes de renta familiar y consumo para eximir del pago del agua.
Además, defendió la concesión como sistema fundamental en la prestación del servicio de abastecimiento, ya que fomenta la competencia y ofrece la mejor calidad al consumidor. Entre sus argumentos, citó que España cuenta con las tarifas más bajas de Europa, un 38 por ciento menos que la media, así como empresas competitivas y la vanguardia tecnológica. En este sentido, resaltó que el propio consorcio público de la Comunidad de Madrid, el Canal de Isabel II, ofrece mejores condiciones que en la propia capital “cuando se presenta a licitaciones para instalaciones en España u otros países”.
Trasvase
Tamames, que se mostró partidario del trasvase del Ebro para abastecer y permitir el desarrollo de la agricultura en el Levante, “una vez que se ha demostrado que las desaladoras no funcionan”, también puso el acento en el aprendizaje del ciclo del agua y en la concienciar a los ciudadanos de la importancia del ahorro. Además, también se refirió a que en la primera encíclica del papa Francisco se considere al agua como elemento fundamental para “asegurar un mundo mejor”.
Al mismo tiempo, los autores reseñaron que más de 2.100 millones de personas han conseguido acceso al agua potable en la última década gracias al sistema de saneamiento, algo que la ONU vincula en parte a la gestión público-privada según su informe ‘Objetivos de Desarrollo del Milenio’ (2015). “La colaboración con la empresa privada es un factor fundamental porque está sumando recursos y conocimientos a la causa”, matiza Aurín. Eso sí, Tamames recuerda que aún quedan 2.500 millones de personas que no pueden disfrutar de este derecho básico porque no disponen de sistemas de saneamiento”.
En el libro, editado por Profit y por el Instituto Coordenadas, Tamames suma sus conocimientos económicos a los científicos de uno de los pioneros en la ingeniería ambiental en España como es Ramiro Aurín, para hacer un repaso por la regulación del sector de la distribución y se introducen los factores claves del debate del agua: la escasez, el derecho humano a su acceso y la racionalización de su gestión.
A través de los cinco capítulos de esta obra, se analiza la regulación del sector de la distribución del agua en España. Relata las funciones, la evolución y la eficacia de la empresa pública, así como el deterioro de ésta debido a la corrupción y la falta de transparencia. Asimismo, explica los beneficios de la gestión privada en el suministro de agua para consumo de la población, que garantiza la eficacia y mejora la eficiencia del servicio público de abastecimiento de agua potable.
El libro está prologado por el prestigioso jurista Jesús Sánchez Lambás, especializado en la Ley de Aguas y vicepresidente de la Fundación Ortega-Marañon, que resalta que esta obra pone de manifiesto los peligros de la estatalización. “Las empresas tendrán que asumir su compromiso de motor de una sociedad en permanente transformación. Seguramente la respuesta no resida en marxismos trasnochados. Seguramente tampoco lo haga en las desregulaciones ni el capitalismo actual, a los que habrá que someter a cierta cirugía. Unos y otros encontrarán equilibrios, y todos tendremos que comprender que el Estado es imprescindible, pero, a fecha de hoy, el futuro no se puede escribir sin mercado ni empresas”.
El libro también destina un amplio capítulo al 'despilfarro' en obras públicas que ha existido en España país en los años de bonanza económica, así como a la corrupción, a la vez que advierte de los peligros del populismo que irrumpe en el escenario político español con propuestas “radicalizadas, propias del más viejo izquierdismo infantiloide”.
Diputaciones
Por otra parte, y sobre el debate de la supresión de las diputaciones provinciales que contempla el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, Tamames reconoció en el encuentro informativo con Ical que no se puede hablar de órganos eficientes cuando el 52 por ciento de los fondos que administran, unos 6.000 millones de euros al año, se destina al sueldo de los funcionarios. En este sentido, reseñó que el estado de Texas (EEUU), con 650.000 kilómetros cuadrados y una población de casi 30 millones de habitantes, sólo tiene una asamblea de representantes y el senado, y se preguntó si en España no hay demasiadas asambleas.
A su vez, recordó que las provincias se crearon en el 1833 con la idea de que un día se pudiera llegar a la capital en diligencia o caballo, “cuando hoy se llega en un segundo por internet”, y rechazó la idea de que las diputaciones son la salvaguardia del medio rural. Así, afirmó que es necesario “sanearlas” y argumentó que estas instituciones subsisten debido a la falta de unión que existe entre los propios municipios como consecuencia del papel de las diputaciones. “Los pequeños municipios son pequeños debido a que las diputaciones les siguen ayudando mucho para que sigan siendo pequeños”, sentenció.
LEON PTC / ICAL
Aurín, durante un encuentro informativo con la Agencia Ical para presentar su libro, aseguró que en una comunidad con la singularidad geográfica de Castilla y León, y que además es la más extensa de Europa, sería un reto que una empresa mixta autonómica fuera capaz de atender las necesidades de suministro de todos los municipios en igualdad de condiciones e “independientemente de la rentabilidad económica”.
En este sentido, se refirió a uno de los principales problemas que tiene Castilla y León en materia de abastecimiento como es la contaminación de los acuíferos, y apuntó que la depuración del agua de subterránea es demasiada costosa para que un municipio pequeño la pueda afrontar en solitario, aunque cuando se asume como un proyecto mancomunado entre varios pueblos la repercusión en el precio del agua es mínima y puede suponer entre 20 o 30 céntimos más en la factura.
Tamames, que insistió en la necesidad de que la gestión del agua esté muy presente en la reforma constitucional, propuso la creación de un regulador nacional para dinamizar el sector, evitar abusos de comunidades autónomas, acabar con las barreras a las innovaciones y supervisar la ética de los negocios. En este sentido, anunció que será un tema muy presente en un seminario que se celebrará este verano dentro de los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, y en el que debatirán los tres padres de la Carta Magna que siguen vivos.
A su vez, el que fuera uno de los firmantes de la Constitución Española de 1978, también alabó las bondades del sistema público de concesiones pero admite que puede haber “corrupciones de gestión indebida por intereses particulares de los administradores o de los concesionarios”.
Por otra parte, Tamames echó en falta un regulador general con un peso equivalente al de la CNMV para las bolsas o la Comisión Nacional de Energía para las compañías eléctricas. En este sentido, Aurín matizó que otro de los objetivos del regulador debe servir para que el derecho al agua en todo el país sea homogéneo y planteó a los partidos políticos que dejen hablar de pobreza hídrica cuando es tan sencillo que acuerden unos criterios comunes de renta familiar y consumo para eximir del pago del agua.
Además, defendió la concesión como sistema fundamental en la prestación del servicio de abastecimiento, ya que fomenta la competencia y ofrece la mejor calidad al consumidor. Entre sus argumentos, citó que España cuenta con las tarifas más bajas de Europa, un 38 por ciento menos que la media, así como empresas competitivas y la vanguardia tecnológica. En este sentido, resaltó que el propio consorcio público de la Comunidad de Madrid, el Canal de Isabel II, ofrece mejores condiciones que en la propia capital “cuando se presenta a licitaciones para instalaciones en España u otros países”.
Trasvase
Tamames, que se mostró partidario del trasvase del Ebro para abastecer y permitir el desarrollo de la agricultura en el Levante, “una vez que se ha demostrado que las desaladoras no funcionan”, también puso el acento en el aprendizaje del ciclo del agua y en la concienciar a los ciudadanos de la importancia del ahorro. Además, también se refirió a que en la primera encíclica del papa Francisco se considere al agua como elemento fundamental para “asegurar un mundo mejor”.
Al mismo tiempo, los autores reseñaron que más de 2.100 millones de personas han conseguido acceso al agua potable en la última década gracias al sistema de saneamiento, algo que la ONU vincula en parte a la gestión público-privada según su informe ‘Objetivos de Desarrollo del Milenio’ (2015). “La colaboración con la empresa privada es un factor fundamental porque está sumando recursos y conocimientos a la causa”, matiza Aurín. Eso sí, Tamames recuerda que aún quedan 2.500 millones de personas que no pueden disfrutar de este derecho básico porque no disponen de sistemas de saneamiento”.
En el libro, editado por Profit y por el Instituto Coordenadas, Tamames suma sus conocimientos económicos a los científicos de uno de los pioneros en la ingeniería ambiental en España como es Ramiro Aurín, para hacer un repaso por la regulación del sector de la distribución y se introducen los factores claves del debate del agua: la escasez, el derecho humano a su acceso y la racionalización de su gestión.
A través de los cinco capítulos de esta obra, se analiza la regulación del sector de la distribución del agua en España. Relata las funciones, la evolución y la eficacia de la empresa pública, así como el deterioro de ésta debido a la corrupción y la falta de transparencia. Asimismo, explica los beneficios de la gestión privada en el suministro de agua para consumo de la población, que garantiza la eficacia y mejora la eficiencia del servicio público de abastecimiento de agua potable.
El libro está prologado por el prestigioso jurista Jesús Sánchez Lambás, especializado en la Ley de Aguas y vicepresidente de la Fundación Ortega-Marañon, que resalta que esta obra pone de manifiesto los peligros de la estatalización. “Las empresas tendrán que asumir su compromiso de motor de una sociedad en permanente transformación. Seguramente la respuesta no resida en marxismos trasnochados. Seguramente tampoco lo haga en las desregulaciones ni el capitalismo actual, a los que habrá que someter a cierta cirugía. Unos y otros encontrarán equilibrios, y todos tendremos que comprender que el Estado es imprescindible, pero, a fecha de hoy, el futuro no se puede escribir sin mercado ni empresas”.
El libro también destina un amplio capítulo al 'despilfarro' en obras públicas que ha existido en España país en los años de bonanza económica, así como a la corrupción, a la vez que advierte de los peligros del populismo que irrumpe en el escenario político español con propuestas “radicalizadas, propias del más viejo izquierdismo infantiloide”.
Diputaciones
Por otra parte, y sobre el debate de la supresión de las diputaciones provinciales que contempla el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, Tamames reconoció en el encuentro informativo con Ical que no se puede hablar de órganos eficientes cuando el 52 por ciento de los fondos que administran, unos 6.000 millones de euros al año, se destina al sueldo de los funcionarios. En este sentido, reseñó que el estado de Texas (EEUU), con 650.000 kilómetros cuadrados y una población de casi 30 millones de habitantes, sólo tiene una asamblea de representantes y el senado, y se preguntó si en España no hay demasiadas asambleas.
A su vez, recordó que las provincias se crearon en el 1833 con la idea de que un día se pudiera llegar a la capital en diligencia o caballo, “cuando hoy se llega en un segundo por internet”, y rechazó la idea de que las diputaciones son la salvaguardia del medio rural. Así, afirmó que es necesario “sanearlas” y argumentó que estas instituciones subsisten debido a la falta de unión que existe entre los propios municipios como consecuencia del papel de las diputaciones. “Los pequeños municipios son pequeños debido a que las diputaciones les siguen ayudando mucho para que sigan siendo pequeños”, sentenció.
LEON PTC / ICAL
