El Procurador del Común pide a los partidos “generosidad y consenso” para responder con eficacia a las demandas de los ciudadanos

El Procurador del Común presentó hoy su informe de actividad de 2015 en un escenario inusual, la Colegiata Basílica de San Isidoro de León, el mismo lugar en el que en el año 1188 celebró Cortes el rey Alfonso IX, contando por primera vez con la participación de representantes de todos los estamentos sociales, en una cita que la Unesco ha reconocido como cuna del parlamentarismo. En ese foro reclamó a los partidos políticos que “desde la diversidad, trabajen con generosidad y consenso para llevar a cabo con celeridad y eficacia las demandas que exigen los ciudadanos de nuestra comunidad”.

Javier Amoedo dio cuenta de las actuaciones de la institución que preside durante el pasado año, sobre las que destacó una colaboración “aceptable” de las administraciones, con el 'pero' de seguir constatando que algunas “no responden con las diligencias necesaria o lo hacen con información insuficiente, lo que no facilita el trabajo de la institución y va en detrimento del servicio que se presta a los ciudadanos”. El balance de actividad deja un total de 4.329 quejas presentadas en pasado año y 36 expedientes de oficio.

Palencia fue la provincia con más requerimientos a la institución autonómica, 1.616, seguida de León, con 1.214. Valladolid alcanzó las 540, Burgos 276, Salamanca 139, Segovia 118, Ávila 94, Zamora 68 y Soria 50. Con 994 resoluciones emitidas, se mantuvieron 670 entrevistas con 927 personas, tanto en la sede de la institución como en los deplazamientos que se hacen a las distintas provincias. La cifra total de quejas duplica a la del año anterior (2.052), sobre todo por las múltiples derivadas de la apertura de una unidad concertada en el colegio Corazón de María de Palencia.

Por áreas, 236 corresponden a Función Pública, 355 a régimen jurídico de las corporaciones locales, 461 a Fomento, 314 a Medio Ambiente, 2314 a Educación, 36 a Cultura, Turismo y Deportes, 133 a Industria, 27 a Agricultura y Ganadería, 122 a Familia, 81a Sanidad y Consumo, 30 a Justicia, 90 a Interior, Extranjería y Emigración y 130 a Hacienda.

Poca transparencia
En su repaso, Javier Amoedo incidió en la “considerable falta de transparencia” detectada en las contrataciones temporales que hacen los ayuntamientos, con ausencia de publicidad y selección arbitraria de los trabajadores y una “insuficiente intervención” del servicio público de empleo de Castilla y León en la pre-selección de candidatos y el seguimiento de los procesos. En lo que atañe a servicios municipales, destacó las quejas provocadas por la inactividad de las administraciones locales a la hora de hacer una defensa eficaz de sus bienes de dominio público o patrimonial. También insistió en la necesidad de respetar los límites legales en las contrataciones menores de las corporaciones locales, la obligación de negociar con los licitadores cuando hay procedimientos negociados y la necesidad de justificar las adjudicaciones y de respetar la duración de los contratos.

Prestaciones sociales
“La situación va a mejorar porque por Decreto Ley se adoptaron medidas extraordinarias para reforzar la cobertura de las necesidades de atención social a las familias afectadas por la crisis”, señaló Amoedo sobre la cobertura a personas afetadas por la crisis; iniciativa adoptada en base a los acuerdos del diálogo social. El pasado año la institución del Procurador insistió, por otra parte, en la necesidad de agilizar la concesión de la Renta Garantizada de Ciudadanía y Javier Amoedo aludió hoy a la necesidad de que las administraciones aumenten el presupuesto destinado a ayudas de emergencia social.

Superar los retrasos en el reconocimiento de situaciones de dependencia o en la concesión de ayudas son cuestiones que el Procurador ha reiterado a la administración autonómica, a la que también advierte de que las personas con discapacidad siguen encontrando obstáculos que limitan el normal desarrollo de su vida ordinaria; problema que se añade a la falta de cumplimiento de la obligatoriedad de suprimir las barreras arquitectónicas.

El Procurador del Común también se ocupó el pasado año de promover la prevención y actuación contra el acoso escolar y de atender las numerosas quejas propiciadas por las deficiencias que presentan los edificios e instalaciones de los centros educativos. La institución autonómica reclamó además la incorporación de profesionales de enfermería en los centros docentes.

Pasividad sobre ocio nocturno
El informe destaca el aumento del número de quejas sobre ruidos generados por actividades de ocio, la contaminación acústica en horario nocturno y la falta de control de los horarios de cierre, además de la permisividad sobre el consumo de alcohol en las vías públicas. Sobre estas cuestiones, el Procurador constata “pasividad en la actuación de las Administraciones para resolver los problemas”.

En el área de Urbanismo, el informe del pasado año resalta las irregularidades detectadas y la pasividad en la que incurren algunos ayuntamientos ante la ejecución de obras y el desarrollo de uso del suelo no autorizado. También se recomendó a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente una serie de medidas para mejorar la protección del derecho a la vivienda y ayudas al alquiler para quienes no pueden acreditar un nivel mínimo de ingresos. Las quejas recibidas, dijo, constatan “cierta insuficiencia de las viviendas de protección pública destinadas a los más necesitados”

En materia sanitaria, el Procurador vio crecer el número de reclamaciones el pasado año y destaca entre los problemas de este ámbito el de las listas de espera -y la gran diferencia entre provincias-, que se esperan reducir con la puesta en marcha de un plan de eficiencia (Plan Perycles). Por otro lado, el Procurador recomendó retirar de los servicios de urgencias los carteles disuasorios dirigidos a los inmigrantes en situación irregular.

LEON PTC / Elena F.Gordón ICAL