14/05/2016
El Plan Director de Promoción Industrial servirá de paraguas al Protocolo de actuación en los casos de deslocalizaciones y crisis de empresas
CCOO y UGT piden que el documento apueste por planes de reindustrialización con medidas inmediatas y a largo plazo frente a los cierres
La Junta de Castilla y León incluirá el Protocolo de actuación en los casos de deslocalizaciones y crisis de empresas en la Comunidad, dentro del Plan Director de Promoción Industrial, que se deberá aprobar en Consejo de Gobierno y se someterá después al pronunciamiento formal de las Cortes.
El plan deberá pasar audiencia por parte del Consejo Económico y Social (CES); la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP); el Consejo Regional de Cámaras; el Consejo del Diálogo Social, y los grupos políticos; y se tramitará así en la cámara por el artículo 145 del reglamento. Este programa se podrá debatir en comisión y en pleno periodo durante el que los grupos podrán presentar sus propuestas de resolución.
Cabe recordar que los sindicatos CCOO y UGT pretendían dotar de rango legal a este protocolo vinculado a las actuaciones de la Fundación Anclaje, que quedará enmarcado finalmente bajo el paraguas de este plan director, que emana del Artículo 27 de la Ley de Industria. Así, carecerá de un blindaje legal de obligado cumplimiento, ya que el plan no tiene ese rango, pero si quedará amparado bajo el Gobierno autonómico como directriz de la programación política de desarrollo de la Ley de Industria, a cargo de la Consejería de Economía y Hacienda, que dirige Pilar del Olmo.
En este sentido, las centrales sindicales presentaron a la Junta una propuesta sobre el contenido de la “norma”, en la que indican que el protocolo establece mecanismos de actuación y colaboración entre las partes involucradas “siendo de carácter voluntario para las empresas afectadas, con el máximo respeto a la libertad de empresa”. Precisa además que la coordinación y gestión técnica del protocolo será competencia dela Fundación para el Anclaje Empresarial.
El apartado tercero define las fases de actuación en caso de un proceso de deslocalización o cierre industrial, que pasan por la recogida de información, centralización de la misma y reuniones quincenales con los directores de industria y trabajo.
Las primeras actuaciones arrancarían, siempre según el texto sindical, con la petición por parte de la empresa del inicio del procedimiento del protocolo, precio al arranque del periodo de consultas y negociación del expediente de regulación de empleo. Tras esta solicitud llegarían los pasos de la Administración, con petición de información a la empresa; requerimiento a ADE datos sobre el sector al que pertenece y su posible evolución; y aclaración de las ayudas que ha percibido en los últimos seis años. Asimismo, los agentes económicos y sociales podrían reclamar el arranque del procedimiento de información.
Los integrantes del protocolo, CCOO, UGT, Cecale y empresa, conocerían el inicio del proceso, e iniciarían actuaciones, en primer lugar identificando el problema empresarial; en segundo, delimitando su alcance, con un análisis financiero; y en tercero, elaborando un informe técnico sobre las consecuencias de la deslocalización y con propuestas alternativas para revertir la situación.
El documento indica que se creará un grupo de trabajo permanente de análisis, con reuniones mensuales, entre los integrantes del protocolo, y la Junta. En caso de ser necesario, se pondría en marcha un grupo específico para una crisis determinada.
El texto también platea medidas en caso de que no se pueda evitar la deslocalización o el cierre de un centro de trabajo, aspecto en el que se apuesta por establecer un plan de reindustrialización “con grupo de medidas inmediatas y medidas a largo plazo”.
Este plan podrá contener una línea de trabajo para facilitar el traspaso de terrenos e instalaciones por parte de las empresas a otros inversores que deseen desarrollar una actividad productiva en los supuestos de empresas multinacionales extranjeras. Asimismo, se prevé una línea de trabajo sectorial para “diversificar la actividad de la zona”, coordinada por la Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica.
Además, se prevé la captación de inversiones, bajo la coordinación de ADE; así como la puesta en marcha de medidas tendentes a allegar recursos financieros a la actividad empresarial o a posibles proyectos. El protocolo elaborado por los sindicatos también señala la necesidad de un plan de inversiones públicas; junto a acciones específicas dentro de la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional y Prevención de Riesgos Laborales, coordinadas por el ECyL.
LEON PTC / ICAL
El plan deberá pasar audiencia por parte del Consejo Económico y Social (CES); la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP); el Consejo Regional de Cámaras; el Consejo del Diálogo Social, y los grupos políticos; y se tramitará así en la cámara por el artículo 145 del reglamento. Este programa se podrá debatir en comisión y en pleno periodo durante el que los grupos podrán presentar sus propuestas de resolución.
Cabe recordar que los sindicatos CCOO y UGT pretendían dotar de rango legal a este protocolo vinculado a las actuaciones de la Fundación Anclaje, que quedará enmarcado finalmente bajo el paraguas de este plan director, que emana del Artículo 27 de la Ley de Industria. Así, carecerá de un blindaje legal de obligado cumplimiento, ya que el plan no tiene ese rango, pero si quedará amparado bajo el Gobierno autonómico como directriz de la programación política de desarrollo de la Ley de Industria, a cargo de la Consejería de Economía y Hacienda, que dirige Pilar del Olmo.
En este sentido, las centrales sindicales presentaron a la Junta una propuesta sobre el contenido de la “norma”, en la que indican que el protocolo establece mecanismos de actuación y colaboración entre las partes involucradas “siendo de carácter voluntario para las empresas afectadas, con el máximo respeto a la libertad de empresa”. Precisa además que la coordinación y gestión técnica del protocolo será competencia dela Fundación para el Anclaje Empresarial.
El apartado tercero define las fases de actuación en caso de un proceso de deslocalización o cierre industrial, que pasan por la recogida de información, centralización de la misma y reuniones quincenales con los directores de industria y trabajo.
Las primeras actuaciones arrancarían, siempre según el texto sindical, con la petición por parte de la empresa del inicio del procedimiento del protocolo, precio al arranque del periodo de consultas y negociación del expediente de regulación de empleo. Tras esta solicitud llegarían los pasos de la Administración, con petición de información a la empresa; requerimiento a ADE datos sobre el sector al que pertenece y su posible evolución; y aclaración de las ayudas que ha percibido en los últimos seis años. Asimismo, los agentes económicos y sociales podrían reclamar el arranque del procedimiento de información.
Los integrantes del protocolo, CCOO, UGT, Cecale y empresa, conocerían el inicio del proceso, e iniciarían actuaciones, en primer lugar identificando el problema empresarial; en segundo, delimitando su alcance, con un análisis financiero; y en tercero, elaborando un informe técnico sobre las consecuencias de la deslocalización y con propuestas alternativas para revertir la situación.
El documento indica que se creará un grupo de trabajo permanente de análisis, con reuniones mensuales, entre los integrantes del protocolo, y la Junta. En caso de ser necesario, se pondría en marcha un grupo específico para una crisis determinada.
El texto también platea medidas en caso de que no se pueda evitar la deslocalización o el cierre de un centro de trabajo, aspecto en el que se apuesta por establecer un plan de reindustrialización “con grupo de medidas inmediatas y medidas a largo plazo”.
Este plan podrá contener una línea de trabajo para facilitar el traspaso de terrenos e instalaciones por parte de las empresas a otros inversores que deseen desarrollar una actividad productiva en los supuestos de empresas multinacionales extranjeras. Asimismo, se prevé una línea de trabajo sectorial para “diversificar la actividad de la zona”, coordinada por la Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica.
Además, se prevé la captación de inversiones, bajo la coordinación de ADE; así como la puesta en marcha de medidas tendentes a allegar recursos financieros a la actividad empresarial o a posibles proyectos. El protocolo elaborado por los sindicatos también señala la necesidad de un plan de inversiones públicas; junto a acciones específicas dentro de la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional y Prevención de Riesgos Laborales, coordinadas por el ECyL.
LEON PTC / ICAL
