30/05/2016
Acom alerta de las consecuencias negativas de la aprobación del plan de cierre de la minería
Acusan al Gobierno en funciones de jugar a un doble discurso que condena a las comarcas productoras a desaparecer
La autorización de Bruselas al plan de cierre de 26 minas de carbón presentado por el actual Gobierno en funciones, ha suscitado la alarma en la Asociación de Comarcas Mineras, Acom. La decisión que ha tomado el ejecutivo comunitario de respaldar el dicho plan, traerá, según este colectivo, consecuencias negativas para los territorios mineros y sus habitantes, “ya que no se despeja la incertidumbre sobre los proyectos de reactivación económica y se liquida el único activo empresarial que mantiene la supervivencia de estas zonas”, señalaron en un comunicado.
Desde la Asociación de Comarcas Mineras de España se expresa un “enérgico rechazo” al plan y se señala que no se han respetado los requisitos legales de consulta previos con las empresas del sector, que son las que deberían haber trasladado sus planteamientos para el cese de actividad al Gobierno. Lejos de ser así, señalan, se ha tramitado un plan de cierre ante Bruselas a espaldas del sector industrial minero y del que ni las empresas ni sindicatos implicados tienen conocimiento de su contenido y alcance.
Acom reclama una aclaración sobre el importe de 2.130 millones de euros publicitado por el Gobierno, como montante total que supondrá la ejecución del plan de cierre porque considera que son muchas las dudas que se ciernen sobre esa cifra. En primer lugar, subrayan, el actual Marco de Actuación de la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras 2013-2018 aprobado por el ejecutivo nacional no contiene una cuantificación de los importes sino una definición de criterios de cálculo, por lo que solicitan que desde del Ejecutivo se clarifique ya no sólo de donde sale ese importe sino dónde estará la consignación presupuestaria necesaria para ejecutarlo.
El Ejecutivo nacional, añaden, ha pasado de las empresas que logren mantener actividad más allá del 2018, a exigir ahora la devolución de esas ayudas, comprometiéndose incluso ante la UE a controlar el reintegro de las ayudas y a actuar como “estado policía” del proceso. “No se puede venir a nuestros territorio defendiento el mantenimiento de la actividad minera y luego llegar a Bruselas para defender justo lo contrario y hacer de verdugo del proceso”, argumentan.
Además, ponen en entredicho la credibilidad de un Gobierno en funciones que “además de hacer este doble discurso ante las comarcas mineras y ante Bruselas, ha incumplido sistemáticamente con la ejecución del actual plan de la minería 2013 pendientes de pago proyectos de reactivación así como partidas sin ejecutar de planes anteriores”.
LEON PTC / ICAL
Desde la Asociación de Comarcas Mineras de España se expresa un “enérgico rechazo” al plan y se señala que no se han respetado los requisitos legales de consulta previos con las empresas del sector, que son las que deberían haber trasladado sus planteamientos para el cese de actividad al Gobierno. Lejos de ser así, señalan, se ha tramitado un plan de cierre ante Bruselas a espaldas del sector industrial minero y del que ni las empresas ni sindicatos implicados tienen conocimiento de su contenido y alcance.
Acom reclama una aclaración sobre el importe de 2.130 millones de euros publicitado por el Gobierno, como montante total que supondrá la ejecución del plan de cierre porque considera que son muchas las dudas que se ciernen sobre esa cifra. En primer lugar, subrayan, el actual Marco de Actuación de la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras 2013-2018 aprobado por el ejecutivo nacional no contiene una cuantificación de los importes sino una definición de criterios de cálculo, por lo que solicitan que desde del Ejecutivo se clarifique ya no sólo de donde sale ese importe sino dónde estará la consignación presupuestaria necesaria para ejecutarlo.
El Ejecutivo nacional, añaden, ha pasado de las empresas que logren mantener actividad más allá del 2018, a exigir ahora la devolución de esas ayudas, comprometiéndose incluso ante la UE a controlar el reintegro de las ayudas y a actuar como “estado policía” del proceso. “No se puede venir a nuestros territorio defendiento el mantenimiento de la actividad minera y luego llegar a Bruselas para defender justo lo contrario y hacer de verdugo del proceso”, argumentan.
Además, ponen en entredicho la credibilidad de un Gobierno en funciones que “además de hacer este doble discurso ante las comarcas mineras y ante Bruselas, ha incumplido sistemáticamente con la ejecución del actual plan de la minería 2013 pendientes de pago proyectos de reactivación así como partidas sin ejecutar de planes anteriores”.
LEON PTC / ICAL
