15/06/2016
El Supremo confirma la condena de cuatro años de cárcel para el consejero delegado de Catisa por la cantera de Las Médulas
José Luís Martínez Parra también deberá pagar 475.000 euros a la Consejería de Medio Ambiente para restaurar la zona dañada por la explotación
La Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmó hoy la condena de cuatro años de cárcel para José Luís Martínez Parra, consejero delegado de la empresa Catisa, que explotó durante más de diez años una cantera de piedra caliza en Carucedo (León), provocando la alteración del paisaje del Espacio Natural de Las Médulas, y realizando vertidos a un arroyo y un embalse cercanos.
La resolución del alto tribunal ratifica la condena que la Audiencia de León impuso al empresario, por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Además, el condenado deberá pagar 475.000 euros a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para actuaciones de restauración en la citada cantera, denominada Peña del Rego, situada en la zona periférica de protección de Las Médulas.
La sentencia considera de “gravedad extrema” la alteración del paisaje de Las Médulas provocada por la cantera, al crear artificialmente un inmenso páramo. El texto de la resolución también considera “muy graves” los vertidos al cauce fluvial del arroyo Balado y el embalse de Peñarrubia, procedentes de la escorrentía de la explotación.
El Tribunal Supremo subraya que al menos durante diez años, en los cuales el recurrente fue consejero delegado de la empresa, la misma “actuó sin licencia y sin evaluación del impacto ambiental lo que era conocido por el acusado, como directivo de una compañía que actuaba a cielo abierto en un paraje especialmente protegido”. La sentencia indica que “la licencia se pidió en 2007 cuando era precisa desde años antes”, y que el acusado “conocía o debía conocer el riesgo y los daños ecológicos en el paisaje con la realización de vertidos al arroyo y al embalse”.
El hecho de que Martínez Parra conociera los riesgos y no actuara para frenarlos es considerado como “conducta dolosa” por la sentencia, que considera que “dada la actividad arriesgada y las exigencias derivadas de la singularidad de la industria realizada no cabe argüir un desconocimiento de la normativa aplicable, pues la singularidad de la industria exige un estudio consciente de la normativa aplicable, precisamente para subvenir el riesgo especialmente protegido”.
Desestimados los recursos
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta, rechaza todos los motivos del recurso planteado por Martínez Parra. Primero desestima su pretensión de que la responsabilidad penal debía corresponder en todo caso a la empresa y no a él, recordando que en la fecha de los hechos –entre 1997 y 2009—no estaba en vigor el artículo del Código Penal que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En este sentido, la resolución señala que “la responsabilidad penal de la persona física es independiente de la posible de la empresa”.
El alto tribunal también rechazó la alegación de Martínez Parra de que se había infringido el derecho a la igualdad en este caso, al haber sido absuelto por la Audiencia de León el alcalde de Carucedo de un delito de prevaricación ambiental. La sentencia recuerda que el ahora condenado era el consejero delegado de una empresa, lo que requería de su “inacción” para no evitar que se produjeran daños.
LEON PTC / ICAL
La resolución del alto tribunal ratifica la condena que la Audiencia de León impuso al empresario, por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Además, el condenado deberá pagar 475.000 euros a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para actuaciones de restauración en la citada cantera, denominada Peña del Rego, situada en la zona periférica de protección de Las Médulas.
La sentencia considera de “gravedad extrema” la alteración del paisaje de Las Médulas provocada por la cantera, al crear artificialmente un inmenso páramo. El texto de la resolución también considera “muy graves” los vertidos al cauce fluvial del arroyo Balado y el embalse de Peñarrubia, procedentes de la escorrentía de la explotación.
El Tribunal Supremo subraya que al menos durante diez años, en los cuales el recurrente fue consejero delegado de la empresa, la misma “actuó sin licencia y sin evaluación del impacto ambiental lo que era conocido por el acusado, como directivo de una compañía que actuaba a cielo abierto en un paraje especialmente protegido”. La sentencia indica que “la licencia se pidió en 2007 cuando era precisa desde años antes”, y que el acusado “conocía o debía conocer el riesgo y los daños ecológicos en el paisaje con la realización de vertidos al arroyo y al embalse”.
El hecho de que Martínez Parra conociera los riesgos y no actuara para frenarlos es considerado como “conducta dolosa” por la sentencia, que considera que “dada la actividad arriesgada y las exigencias derivadas de la singularidad de la industria realizada no cabe argüir un desconocimiento de la normativa aplicable, pues la singularidad de la industria exige un estudio consciente de la normativa aplicable, precisamente para subvenir el riesgo especialmente protegido”.
Desestimados los recursos
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta, rechaza todos los motivos del recurso planteado por Martínez Parra. Primero desestima su pretensión de que la responsabilidad penal debía corresponder en todo caso a la empresa y no a él, recordando que en la fecha de los hechos –entre 1997 y 2009—no estaba en vigor el artículo del Código Penal que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En este sentido, la resolución señala que “la responsabilidad penal de la persona física es independiente de la posible de la empresa”.
El alto tribunal también rechazó la alegación de Martínez Parra de que se había infringido el derecho a la igualdad en este caso, al haber sido absuelto por la Audiencia de León el alcalde de Carucedo de un delito de prevaricación ambiental. La sentencia recuerda que el ahora condenado era el consejero delegado de una empresa, lo que requería de su “inacción” para no evitar que se produjeran daños.
LEON PTC / ICAL
