El Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León, celebrado hoy por primera vez en Astorga (León), ha dado luz verde al proyecto de Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio 2024, propuesta que ha sido trasladada al Parlamento autonómico para su aprobación, tal como establece la normativa. También ha aprobado, entre otros asuntos, el informe de análisis de la seguridad informática del Ayuntamiento de León, que será publicado en enero, una vez haya sido entregado a las Cortes.

El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, y otros miembros de la Corporación, recibieron al Pleno del Consejo en el Ayuntamiento a las 11 horas. Además del presidente Mario Amilivia, los consejeros Emilio Melero y Miguel Ángel Jiménez, y el secretario Andrés Pérez-Moneo, el Pleno estuvo arropado en esta jornada institucional en la capital maragata por el secretario general de apoyo a las Instituciones Propias, Santiago Salazar y por quien viene ejerciendo las funciones de Dirección de Fiscalización del Consejo, Eduardo Cubero.

Amilivia destacó ante los periodistas la importancia de este nuevo Plan de Fiscalizaciones, que plantea 29 nuevos informes y al que se suman las 27 auditorías de planes anteriores ya en marcha, totalizando un total de 56 fiscalizaciones en las que trabajará el órgano de control externo autonómico. Un Plan que ofrece especial atención al gasto social, el endeudamiento de la Comunidad, la seguridad informática y las mancomunidades de municipios.

Fiscalizaciones en la provincia de León

Apuntó en este sentido que 24 fiscalizaciones contendrán información de la

provincia de León. Once de ellas son nuevas y el resto son trabajos que se encuentran en elaboración. Así, por ejemplo, en este ámbito provincial se recogen los informes de seguimiento de recomendaciones y actualización de la situación de la seguridad informática de los ayuntamientos de Astorga, La Bañeza y Villaquilambre, respectivamente; la fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, del Consejo Comarcal de El Bierzo y del Ayuntamiento de Ponferrada, respectivamente; los análisis del nivel de prestación y asistencia de la Diputación de León y del Consejo Comarcal de El Bierzo a los pequeños municipios o la fiscalización de la gestión del personal de la Universidad de León, un trabajo que incluye al resto de las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma.

Informes del Consejo relacionados con Astorga

Por otro lado, precisó que un total de 60 informes de toda la serie histórica del Consejo de Cuentas, el 21% del total, contienen información sobre Astorga, tanto relativa al análisis de determinados aspectos de la gestión del Ayuntamiento o a la prestación de servicios en el municipio por parte de la Diputación Provincial, dentro del ámbito de los trabajos del Sector Público Local, como a la prestación de servicios en el municipio por parte de la Administración autonómica.

Subrayó también Amilivia antes del inicio del Pleno que los distintos informes del Consejo no tienen otro fin que el de contribuir a la mejora de la gestión pública, objetivo que se recoge a través de las recomendaciones que realiza con carácter constructivo el órgano de control externo. Recomendaciones que, en lo referido a Astorga, volvieron a ser recordadas al primer edil por parte del presidente del Consejo.

Dentro del actual mandato del Consejo especial mención merecen 5 informes que han prestado atención al Ayuntamiento de la capital maragata. Son, comenzando por los más recientes, el relativo al impacto en la situación económico-financiera del Sector Público Local de la suspensión de las reglas fiscales, ejercicios 2018-2021 y el que analiza el impacto en la situación económico-financiera del Sector Público Local de las reformas impulsadas por el Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, ejercicios 2017-2022.

Por otra parte, en 2021 se aprobó la fiscalización de la implantación y gestión de la administración electrónica en las entidades locales de Castilla y León, en coordinación con el Tribunal de Cuentas. Un trabajo del que también fue objeto el Ayuntamiento, que aceptó todas las recomendaciones que efectuó el Consejo.

También en 2021 se aprobó el análisis de la seguridad informática del Consistorio y de las once recomendaciones que se realizaron, fueron todas aceptadas,

El quinto informe fue la fiscalización de las actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes de la Comunidad Autónoma, en colaboración con el Tribunal de Cuentas.

Rendición de cuentas de Astorga

En el apartado de rendición de cuentas, Amilivia señaló que el Ayuntamiento de Astorga viene cumpliendo anualmente con esta obligación legal, al igual que las cuatro entidades locales menores del municipio: Castrillo de los Polvazares, Murias de Rechivaldo, Santa Catalina de Somoza y Valdeviejas.

Con relación al resultado presupuestario del Ayuntamiento en 2021, este ascendió a 3,9 millones de euros con unos ingresos liquidados de 12,3 millones y gastos por importe de 8,4 millones. Su remanente de tesorería para gastos generales se cifró en 2,7 millones de euros en 2021. Por otro lado, su deuda descendió de 2,3 millones en 2018 a 925.795 euros en el citado ejercicio.

Plan Anual de Fiscalizaciones 2024 del Consejo de Cuentas

La nueva programación prevé 29 nuevos informes e incluye además 27 fiscalizaciones de planes anteriores, actualmente en elaboración. Así, con el PAF 2024 la actividad del Consejo de Cuentas alcanzará el próximo año un total de 56 fiscalizaciones en distintas fases de tramitación, implicando todos sus recursos en la ejecución de los trabajos. En 2023 el Consejo ha aprobado 15 informes, teniendo prevista la finalización de 13 fiscalizaciones más en el primer cuatrimestre de 2024.

Las cuatro fiscalizaciones legales recogidas en la programación elaborada para 2024 permiten una visión amplia y homogénea de las grandes líneas de la gestión de las administraciones autonómica y local de la Comunidad, consiguiéndose además la comparabilidad de los datos y su análisis evolutivo para un mejor conocimiento de las políticas públicas y su ejecución.

En cuanto a las 24 fiscalizaciones de carácter especial, 8 corresponden al ámbito de la Comunidad y 16 al ámbito local. En el ámbito autonómico se continúa profundizando en el análisis del endeudamiento, una vez publicado este año el relativo a la gestión del programa de Deuda Pública.

El Consejo viene haciendo un especial seguimiento de los principales gastos a nivel presupuestario, especialmente en materia de sanidad, educación y servicios sociales. Para este último, se iniciará una auditoria financiera de la Gerencia de Servicios Sociales, de manera similar a la realizada este año sobre la Gerencia Regional de Salud.

Precisamente para esta última se prevé una auditoria de ciberseguridad en lo referido a su gobernanza, al igual que para la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, como organismo pagador que gestiona los gastos de la Política Agraria Común.

En el ámbito educativo se actualiza la fiscalización de la gestión de los gastos de funcionamiento de los centros docentes públicos y concertados de Enseñanza Secundaria Obligatoria. Como área de relevancia social especial, en colaboración con el Tribunal de Cuentas se iniciará una fiscalización que alcance a la promoción y