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21/03/2024

Amilivia manifiesta la “buena salud económica” del municipalismo: el remanente de tesorería es positivo en el 99% de las entidades locales

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León destaca además que la disponibilidad de efectivo de las entidades locales de la Comunidad en los bancos alcanzó los 1.553 millones mientras que la deuda viva sumaba 766 millones al cierre de 2021

Amilivia manifiesta la “buena salud económica” del municipalismo: el remanente de tesorería es positivo en el 99% de las entidades locales
Fuente: Sede Consejo de Cuentas de Castilla y León en Palencia

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, reitera que, “con independencia de la necesidad de revisar el sistema de financiación local conforme a una cartera ajustada a las competencias que presta la Administración más cercana, los ayuntamientos y las diputaciones gozan de buena salud económica; el municipalismo no representa ningún problema para el déficit público”.

Para subrayarlo, precisó que según se deduce de las cuentas rendidas por el conjunto de las entidades locales ante el Consejo de Cuentas, “el remanente de tesorería para gastos generales resultó positivo en el 99% de las entidades locales, alcanzando un total de 1.275 millones de euros”, tal y como recoge el informe publicado el año pasado con referencia a la situación del Sector Público castellano y leonés en el ejercicio 2021.

Amilivia puso de manifiesto estos datos sobre la situación económico-financiera del Sector Público de Castilla y León con ocasión de su participación en la inauguración del Congreso Nacional “Retos en la financiación local”, que se celebra hoy y mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad de León (ULE).

Han participado también en la apertura de este congreso, que concita a una nutrida representación de expertos en Derecho Financiero y Tributario, el alcalde de León, José Antonio Díez y el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez.

El presidente de la institución añadió que los fondos líquidos de tesorería, es decir, la disponibilidad de efectivo en las entidades bancarias, experimentaron un crecimiento notable, según el referido Informe, alcanzando los 1.553 millones, una cuantía que supera el pasivo financiero; mientras que el importe de la deuda viva de las entidades locales sumaba al cierre de 2021 un total de 766 millones.

En relación con las capitales de provincia, señaló que todas se encuentran por debajo del límite de deuda y, salvo en el caso de Burgos y León, por debajo del 75% de los ingresos, límite a partir del cual se requiere autorización para concertar operaciones de crédito a largo plazo.

Por su lado, la deuda de las diputaciones con respecto a sus ingresos se sitúa en niveles muy moderados a fin de 2021, que van desde el 0% de la de León, Soria y Zamora y el 1,1 de la de Salamanca, al 32,8% de la de Burgos, muy lejos de los límites legalmente previstos.

Los municipios, aseguró, gestionan el 77% del total de los recursos y gastos de todas las entidades locales, correspondiendo la mayor parte a los ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes (un 39%). Por su parte, las diputaciones gestionan un 20%.

Otro indicador de la salud económico-financiera de las haciendas locales es el derivado de la liquidación presupuestaria de 2021. Al respecto, indicó que “se reconocieron gastos por el conjunto de las entidades locales de la Comunidad por 2.766 millones de euros e ingresos por 2.908, con un resultado presupuestario agregado de 152 millones y con el 62% de los ayuntamientos liquidando con resultado positivo”.

También, con referencia a las auditorías realizadas por el Consejo de Cuentas sobre la gestión recaudatoria de las diputaciones y el impacto en el Sector Público Local de las reformas impulsadas en el Impuesto de Plusvalía municipal, afirmó que estas permiten constatar el peso relativo de los diferentes tributos municipales. Así, el IBI es el que tiene mayor peso específico, alcanzando en 2021 el 68% del total de los derechos liquidados. A gran distancia, el segundo es el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que representa un 12%. Tanto el Impuesto de Plusvalía como el IAE, por encima del 7%, y finalmente el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, un 5%.

El Consejo de Cuentas, desde su creación en 2002, amparado por el Estatuto de Autonomía, es el órgano que realiza la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público autonómico y local, que representan un volumen global de 16.000 millones de euros. Todo ello, sin perjuicio de las competencias que corresponden al Tribunal de Cuentas de acuerdo con la Constitución.

El Sector Público Local de la Comunidad, significó, lo integran 4.926 entidades. En su estructura administrativa, Castilla y León, la Comunidad con mayor extensión territorial de España y una de las mayores de la UE, cuenta con el 28% de los ayuntamientos y con el 60% de las entidades locales menores de nuestro país.

      Hasta la creación del Consejo de Cuentas no habían sido nunca fiscalizadas 7 de las 9 capitales de provincia de la Comunidad, ni 6 de las 9 diputaciones provinciales; 2.239 de los 2.248 ayuntamientos; ningún ayuntamiento de 5 provincias ni el Consejo Comarcal de El Bierzo y ninguna entidad local menor.

Por contra, “en estas dos décadas de trabajo como órgano de control externo autonómico hemos realizado ya en el ámbito local un total de 131 fiscalizaciones, que se han traducido en más de 1.300 recomendaciones a las diputaciones, ayuntamientos, juntas vecinales y mancomunidades de Castilla y León”. Y dos de cada tres de las recomendaciones que el Consejo de Cuentas dirige en sus informes al sector público local son aceptadas en la actualidad por las entidades locales.

El Consejo dispone, dentro de su web institucional, del portal “Canal Sector Público Local” donde cualquier persona puede consultar a la carta la información económico-financiera contenida en más de 60.000 cuentas rendidas por las entidades locales desde 2006 hasta la fecha.

Amilivia, desde su experiencia, también, como alcalde que fue de la capital leonesa y presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla y León, aplaudió el acierto y oportunidad de este congreso, agradeciendo expresamente la invitación cursada por la catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la ULE, Teresa Mata. “Ya hay una sintonía de colaboración entre esta Facultad de Derecho y el Consejo de Cuentas con otras actividades realizadas que seguiremos potenciando”, remarcó.

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Al mismo tiempo, será considerada la atención a la conservación de elementos muebles que son, o han sido, consustanciales con la función primigenia de los mismos. Se excluirán las construcciones declaradas Bien de Interés Cultural o sobre los que se haya incoado el correspondiente expediente para su declaración, a excepción de los hórreos y las pallozas. Además, para las edificaciones que conserven las cubiertas vegetales, la restauración deberá realizarse con los mismos materiales y las mismas técnicas. El plazo de realización de las obras se iniciará en el momento de concederse la ayuda y finalizará el 31 de diciembre de 2026. La subvención no superará el 80% de la inversión total realizada y alcanzará, en todo caso, un importe máximo de 15.000 euros por intervención. 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