La Junta expone la urgencia del cambio de régimen de protección del lobo en un simposio europeo

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha participado hoy en el simposio europeo en el que ha expuesto de nuevo la posición de la Junta de Castilla y León, defendiendo la necesidad de flexibilizar el régimen de protección del lobo ibérico en Europa en la Comunidad.

En la actualidad las poblaciones de lobo ibérico se encuentran en dos anexos diferentes de la Directiva de conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres conocida como Directiva Hábitats. Las poblaciones del norte del Duero se encuadran en el anexo V, especies que pueden ser objeto de medidas de gestión, mientras que las poblaciones del sur del Duero se encuadran en el anexo IV, especies estrictamente protegidas.

La Junta de Castilla y Leon, de acuerdo con lo establecido en la estrategia nacional del lobo vigente hasta el año 2022,  siempre ha defendido que la población de lobos de España es una única población que está en expansión y que ha colonizado el sur del Duero desde el Norte y que, por lo tanto, debía de modificarse la situación legal de la especie en la Directiva Hábitats, pasando a estar toda la población en el anexo V.

Desde el Gobierno de España, el Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, en contra de la posición de las CCAA que gestionaban el 95 % de las poblaciones de lobo, dictó la Orden por la que se modifica el Anexo del Real Decreto para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas e incluyó al lobo en el Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (LESPRE), que amplió la protección estricta del lobo también al norte del Duero y retiró a las comunidades autónomas la capacidad de gestión de la especie.

La Junta siempre ha calificado esta medida como unilateral e ideológica, sin estar basada en criterios de conservación sino en decisiones políticas que perjudicaban a la ganadería y al medio rural. Una decisión sobre la que pende un recurso ante la Audiencia Nacional tanto de Castilla y León como de otras comunidades autónomas y otras entidades.

Además, el Gobierno de España modifico la estrategia nacional de conservación y gestión del lobo sin consenso con las Comunidades Autónomas.

Con el fin de revertir esta situación que está impidiendo la gestión de la especie y aumentado considerablemente los daños sobre la ganadería extensiva, desde la Junta de Castilla y Leon junto con otras comunidades autónomas, se realizaron gestiones en el marco de la Unión Europea buscando apoyos.

A lo largo de los años 2022, 2023 y 2024, la Junta ha obtenido resultados positivos. El Parlamento Europeo aprobó resoluciones que reconocieron el impacto negativo del aumento de grandes carnívoros, incluyendo el lobo, sobre la ganadería, y respaldaron la necesidad de revisar su estatus legal. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dio instrucciones a sus equipos para trabajar en línea con estas demandas. Además, el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea reconoció la problemática y apoyó la revisión de los anexos de la Directiva Hábitats para rebajar el grado de protección del lobo, dado el crecimiento de sus poblaciones en Europa.

En diciembre de 2023, la Comisión Europea reafirmó esta postura, considerando una reforma que permitiera un enfoque más equilibrado entre la conservación del lobo y la protección de la ganadería. Para realizar esta modificación legal de los anexos de la Directiva y que toda la población de lobos pueda estar en el anexo V, el primer paso es la modificación del Convenio de Berna. La Comisión Europea, firmante del Convenio, junto otros 50 Estados, 50 ha adoptado la decisión de apoyar la modificación del mismo, que  reunirá el martes 3 de diciembre su Comisión Permanente, que tratará esta modificación. Dicha decisión de la Unión Europea contó sólo con los votos contrarios de España e Irlanda, que no han impedido que como Unión Europea haya promovido el cambio de régimen que mañana día 3 se votará en la Comisión Permanente del Convenio de Berna.

Como apoyo a esta decisión se han realizado las jornadas a las que ha asistido el consejero para presentar los datos del censo autonómico así como datos de comunidades autónomas que ha representado. Los consejeros de Aragón, Cantabria, Galicia, La Rioja y Madrid estas comunidades, que tienen, junto con  Castilla y León, el 90% de los lobos del territorio nacional, tras reunirse Suarez-Quiñones le encomendaron su representación en estas jornadas.

El consejero se ha apoyado en los recientes datos del censo del lobo, elaborados por el personal de la Junta de Castilla y León, y que han expuesto el incremento del 8 % de las manadas de lobo en la Comunidad, con 14 nuevas respecto del censo de 2012-2013. Al norte del río Duero estos datos representan un aumento del 4 % de las manadas, pasando de 152 a 158, y de un 30 % de crecimiento al sur, pasando de 27 a 35. Este trabajo, realizado por los equipos técnicos, agentes medioambientales, celadores de medio ambiente y capataces de la Fundación Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León, supone un hito en la mejora del conocimiento de la población de lobo en la Comunidad, que con una extensión de 9,4 millones de hectáreas y limítrofe con 9 comunidades autónomas con presencia de lobo, además de con Portugal, alberga cerca del 60 % de la población de lobos de España. Contando con los datos de las CCAA a las que representaba y que también facilitaron los datos de sus censos, se puede concluir, que, a falta de la presentación oficial del censo nacional, la población de lobo ibérico en España ha crecido en la última década entorno al 12%.

Estos datos avalan el estado de conservación favorable de la especie, que crece tanto en número como en extensión territorial, y que son, sin duda, el mejor aval para la modificación del estatus legal del lobo.

La Junta de Castilla y León ha insistido en que este cambio mejorará su capacidad de gestión de la especie, asegurando que estas medidas permitirían un manejo más eficiente del lobo en consonancia con las necesidades del territorio y las directrices europeas.

El consejero también ha recordado que al norte del río Duero la flexibilización en la gestión no necesita un cambio en el estatus legal del lobo, puesto que su protección estricta es una medida nacional adoptada por el ministerio de transición ecología y reto demográfico y que está en sus manos el revertirla mañana mismo.

Directiva EUDR (Reglamento Europeo contra la Deforestación)

En consejero ha aprovechado la visita para reunirse con el representante de la Representación Permanente de España en Bruselas (REPER), Suárez-Quiñones, además de exponer la posición de Castilla y León respecto al tema del lobo, también ha expuesto la posición de la Junta sobre la directiva EUDR, el reglamento que busca garantizar que los productos comercializados en la UE no contribuyan a la deforestación ni a la degradación de los bosques, siendo un pilar fundamental en la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

La Junta considera acertada la decisión de posponer un año la aplicación del reglamento, dado que ni la Comisión Europea, ni los Estados Miembros, ni las empresas están suficientemente preparados para su cumplimiento efectivo. Este tiempo adicional es esencial para adaptar los procedimientos y garantizar su viabilidad.

La aplicación del reglamento debe ser flexible y ajustada a los objetivos planteados, evitando que genere cargas administrativas excesivas. Estas podrían comprometer la competitividad de las empresas o incluso hacer inviable su cumplimiento debido a la complejidad de las exigencias.

Aunque la competencia en esta materia no recae exclusivamente en las comunidades autónomas, la Junta solicita tanto a la Comisión Europea como al Gobierno de España que se dispongan los recursos necesarios, incluida financiación, para que las administraciones regionales puedan asumir su papel en la implementación del reglamento.

Las empresas de Castilla y León han expresado su inquietud por las exigencias del reglamento y han solicitado simplificar las cargas administrativas. Advierten que, de no lograrse esta simplificación, podrían enfrentar serias dificultades para cumplir las normativas, lo que pondría en riesgo su continuidad.

De esta manera la Junta ha reafirmado su compromiso de colaborar en el desarrollo de normativas que equilibren la protección medioambiental con la sostenibilidad económica y social del tejido empresarial.