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13/12/2024

La deuda de Castilla y León desciende al 18,7% del PIB regional al final del tercer trimestre de 2024

Castilla y León cerró el tercer trimestre de 2024 con una deuda de 14.006 millones de euros, de acuerdo con los datos del Banco de España publicados hoy, lo que equivale al 18,7% del Producto Interior Bruto (PIB)

La deuda de Castilla y León desciende al 18,7% del PIB regional al final del tercer trimestre de 2024

La aportación de Castilla y León al endeudamiento global de las autonomías españolas es reducida, de acuerdo con los datos facilitados esta mañana por el organismo regulador. En concreto, al finalizar el tercer trimestre de 2024 suponía el 4,2% del total de las comunidades, contabilizado en 333.177 millones de euros.

A 30 de septiembre de 2024 Castilla y León acumulaba 14.006 millones de euros de pasivo. Esta cantidad representa el 18,7% de su Producto Interior Bruto, lo que supone un descenso interanual de más de un punto porcentual (1,3%) mientras que la media autonómica solo lo hizo en 0,8 puntos porcentuales. En términos absolutos, la deuda de Castilla y León al final del tercer trimestre de 2024 es un 0,25% inferior a la de hace un año, frente al incremento del 2,36% experimentado por el endeudamiento del conjunto de comunidades.

En el cálculo del volumen de deuda autonómica el supervisor bancario incluye los créditos reintegrables que la Administración de la Comunidad concede a las empresas, cuantificados en 215,6 millones de euros, así como el llamado “factoring sin recurso” –créditos comerciales con la Administración cedidos a entidades financieras–, que añade 202,8 millones de euros y también el endeudamiento asociado a proyectos de colaboración público-privada por 246,1 millones de euros.

El análisis de la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León en términos SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas), atendiendo a quiénes son los prestamistas, revela que, a 30 de septiembre de 2024, el mayor importe corresponde a las emisiones de deuda pública que representan el 21,1%, con 2.950 millones de euros. En segundo lugar, se encuentra el Fondo de Facilidad Financiera con 1.774,2 millones de euros, –en concreto, el 12,7%- correspondiente a préstamos concertados en los años 2015 y 2020.

Como prestamistas relevantes figuran también las entidades financieras multilaterales, como son el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, con 1.310,2 millones de euros, aproximadamente un 9,3% de la deuda de la Comunidad.

Por otro lado, el 95,4% del endeudamiento castellano y leonés correspondía a la Administración General, frente al 4,6% de universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, entre otros.

Respecto a los plazos de vencimiento, el 98,5% de la deuda viva de la Comunidad está formalizada a largo plazo frente al 1,5% firmada a corto, lo que minimiza los riesgos de refinanciación. Asimismo, el 69,8% está concertado a tipo de interés fijo y el 30,2% a variable, un reparto que permite mitigar el efecto de subidas del Euribor y, está en su totalidad suscrita en euros.

El moderado nivel de endeudamiento, en comparación con otras autonomías, es uno de los aspectos que la agencia Moody´s ha valorado favorablemente en su decisión del pasado mes de marzo de mejorar el perfil financiero de la Comunidad elevando el rating Baa1 a perspectiva positiva, ratificando de este modo la misma calificación que el reino de España.

Sin deuda de empresas públicas no sectorizadas

Finalmente, cabe señalar que el Banco de España, además, contabiliza en 4.100 millones de euros la deuda de aquellas empresas públicas autonómicas que no están incluidas en el perímetro SEC 2010, sin que Castilla y León tenga asignada ninguna cuantía adicional. De este modo, teniendo en cuenta los datos de todo el sector público autonómico, la ratio media de endeudamiento con respecto a PIB se elevaría al acabar el tercer trimestre de 2024 al 21,6%, frente al 18,7% de Castilla y León.

La deuda de Castilla y León desciende al 18,7% del PIB regional al final del tercer trimestre de 2024
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La relativa a la restauración y recuperación de exponentes de la arquitectura tradicional está destinada a inmuebles o construcciones cuya propiedad corresponda a entidades locales y particulares, y que puedan encuadrarse en cualquiera de las siguientes tipologías: palomares, pallozas, hórreos, molinos, cortines y chozos o chozas pastoriles con cubierta vegetal. La convocatoria contempla que se priorizarán las construcciones que muestren tipologías únicas o en grave riesgo de desaparición, y que contribuyan a proteger el paisaje rural. También se valorarán aquellas características de la restauración que conserven las tipologías, las técnicas tradicionales y los materiales autóctonos, así como la continuidad de los usos y funciones para los que fueron construidos, primándose los aspectos sociales, pedagógicos y de acceso público. Al mismo tiempo, será considerada la atención a la conservación de elementos muebles que son, o han sido, consustanciales con la función primigenia de los mismos. Se excluirán las construcciones declaradas Bien de Interés Cultural o sobre los que se haya incoado el correspondiente expediente para su declaración, a excepción de los hórreos y las pallozas. Además, para las edificaciones que conserven las cubiertas vegetales, la restauración deberá realizarse con los mismos materiales y las mismas técnicas. El plazo de realización de las obras se iniciará en el momento de concederse la ayuda y finalizará el 31 de diciembre de 2026. La subvención no superará el 80% de la inversión total realizada y alcanzará, en todo caso, un importe máximo de 15.000 euros por intervención. 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Se excluirán los inmuebles declarados Bien de Interés Cultural o sobre los que se haya incoado expediente para su declaración o enclavados en otro bien que lo sea. El plazo de ejecución de la actuación subvencionada será el comprendido entre el 16 de diciembre de 2025 y el 15 de noviembre de 2026. Podrán obtener la condición de beneficiarios los ayuntamientos y juntas vecinales que sean titulares o cesionarios, por un plazo superior a veinte años, de bienes inmuebles susceptibles de acogerse a esta convocatoria, ubicados siempre en municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de León. La subvención no superará el 80% de la inversión total realizada, y podrá alcanzar un importe máximo de 5.000 euros por entidad local. El beneficiario deberá justificar la totalidad del presupuesto presentado para la percepción de la subvención que se conceda. 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