La contratación de la Administración autonómica en 2022 alcanzó los 1.161 millones de euros con cerca de 3.000 expedientes formalizados

La contratación realizada por la Administración autonómica en 2022 alcanzó los 1.161 millones de euros con el registro de 2.829 expedientes, produciéndose un incremento del 52% en el importe total respecto a 2021, pese a la reducción de un 3% en el número de expedientes formalizados.

Así lo refleja el informe de fiscalización sobre la contratación administrativa del Gobierno de Castilla y León en dicho ejercicio, que fue presentado esta tarde por el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes.

 Tomando como referencia los datos de la serie histórica de este informe, el volumen económico de la contratación administrativa en 2022 recuperó niveles del ejercicio 2008 cuando se cifró en 1.195 millones de euros.

La entidad que gestionó mayor contratación en el ámbito autonómico, tanto en número de expedientes como en importe, fue la Gerencia Regional de Salud (967 expedientes por una cuantía de 424 millones de euros), seguida de la Consejería de Educación (472 expedientes por 200,3 millones). Por su parte, la Gerencia de Servicios Sociales registró 286 expedientes formalizados por 80,5 millones de euros.

A nivel global, según los datos del Registro Público de Contratos de Castilla y León, más del 60% del volumen económico de la contratación administrativa realizada en 2022 por las entidades que integran la Administración autonómica derivó de expedientes relacionados con los tres servicios públicos esenciales, salud, educación y servicios sociales.

Amilivia presentó este informe en la que ha sido su tercera comparecencia del año en curso, en esta ocasión para presentar la fiscalización de la contratación administrativa de la Administración autonómica en el 2022, un año de la senda hacia la recuperación postpandemia.

Además de este, el presidente del Consejo de Cuentas tiene otros 9 informes pendientes de presentación en el Parlamento autonómico. En estos momentos, tras la reciente aprobación del Plan de Fiscalizaciones de este año, la actividad del Consejo comprende 60 trabajos en diferentes fases de tramitación.

El trabajo del que dio cuenta esta tarde es una auditoría de cumplimiento de la legalidad sobre la gestión contractual de la Administración autonómica en relación con la aplicación de los principios de publicidad y transparencia de los procedimientos, así como los de concurrencia y no discriminación e igualdad de trato a los licitadores en el ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público y demás normativa.

El alcance abarcó a toda la actividad contractual de consejerías, organismos autónomos y otros entes, anotada durante 2022 en el Registro Público de Contratos de la Administración de la Comunidad, gestionada mediante la plataforma informática Duero. Aunque sin ser objeto de esta fiscalización, el número de contratos menores y “aprobaciones de gasto” ascendió a 19.260 anotaciones por importe de 99 millones.

Destacó Amilivia que para el trabajo que presentó esta tarde se seleccionó una muestra representativa de 150 expedientes y que conforme a las directrices técnicas aprobadas por el Consejo se practicaron casi 9.000 pruebas de auditoría. Como resultado de estas, en el informe se reflejan no más de 250 incidencias, no alcanzando su porcentaje ni siquiera el 3% del total de las pruebas realizadas.

Los expedientes objeto de la auditoría fueron seleccionados entre los contratos de obligatoria remisión al Consejo de Cuentas por cuantías superiores a los 600.000 euros en obras, concesiones y acuerdos marco; 450.000 en suministros; y 150.000 en servicios y contratos administrativos especiales.

El trabajo, señaló, pone de relieve que la entidad que mayor contratación gestionó -tanto en número de expedientes como en importe- fue la Gerencia Regional de Salud con 967 contratos por 424 millones, seguida de la Consejería de Educación con 472 expedientes y 200 millones.

Por tipo de contrato, los de suministro sumaron 429 millones, seguidos de los expedientes de servicios (384) y obras (300). Por procedimiento de adjudicación, el principal fue el abierto (652 millones) y por forma de tramitación, la ordinaria (1.035).

Dentro de la muestra, en 120 expedientes por 402 millones de euros, el 35% del total de la contratación en 2022, se analizó la formalización de los contratos. Por otra parte, en otros 30, por 126 millones, se observó la fase de ejecución.

Las conclusiones recogidas ponen de manifiesto en primer lugar que, de los 120 contratos de la primera muestra, en 82 expedientes (un 68%) los órganos de contratación cumplieron con todas las obligaciones de publicidad en el Perfil del contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Respecto al resto, se anotan incumplimientos como los 3 contratos cuya información no figura en el Perfil; los 5 en los que no consta la publicación de los pliegos de cláusulas y prescripciones técnicas o los 16 en los que se observaron deficiencias en la publicación del documento de formalización del contrato.

En relación con los contratos SARA (que por objeto y cuantía están sometidos a determinadas exigencias del derecho europeo) en 4 expedientes no constaba en el Perfil de Contratante, o se hizo extemporáneamente, el envío del anuncio de formalización al Diario Oficial de la UE.

Por otro lado, la Junta cumple lo dispuesto por la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en cuanto a la publicación de sus contratos, excepto por lo referido a los desistimientos, renuncias y licitaciones desiertas del SACYL y las prórrogas y terminaciones de todos los contratos.

En segundo bloque de conclusiones aborda la regularidad de los procedimientos de contratación y, en esta línea, en el análisis de los 150 contratos se observó que, con carácter general, los órganos de contratación de la Junta ejercen sus funciones con respeto a los principios de libertad de acceso y no discriminación e igualdad de trato en las licitaciones, aunque se verificaron incumplimientos puntuales.

Así, por ejemplo, dentro de la muestra de formalizaciones de 120 expedientes, en cuanto a la determinación de los parámetros que permitan identificar las ofertas con valores anormales o desproporcionados, en 24 de aquellos no se realizó de acuerdo con lo establecido o existieron otros errores formales.

En cuanto a la adjudicación y formalización de los contratos, por ejemplo, en 4 expedientes existieron incumplimientos o irregularidades en las actuaciones de las mesas de contratación; en 11 no queda suficientemente motivada la puntuación asignada a los criterios de adjudicación cuantificables mediante juicios de valor, y en otros 8 se observan incidencias en la adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco.

Dentro de la muestra de ejecución de los contratos basada en el análisis de 30 expedientes se anotó, por ejemplo, que en 13 había deficiencias en la documentación relacionada con el inicio y ejecución, certificaciones mensuales, o se produce fuera de plazo. También, que en 16 casos no se inicia en plazo establecido.

En cuanto a la fase de extinción de los contratos, en 22 expedientes no existe acta de recepción o la que existe no cuenta con las formalidades y en los plazos previstos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

 En función de los expedientes examinados, Amilivia señaló que en opinión del Consejo de Cuentas la Administración autonómica “cumple razonablemente con la legalidad aplicable a la contratación adjudicada en el ejercicio 2022, excepto por las limitaciones relacionadas en el informe y las siguientes salvedades que afectan a los principios de publicidad y de transparencia de los procedimientos, ya referidas en 4 de las 11 conclusiones”.

En cuanto a las salvedades, en primer término, tanto la definición de la clasificación o los medios establecidos para acreditar la solvencia económica y financiera o la técnica y profesional, como la determinación de los parámetros para identificar las ofertas con valores anormales o desproporcionados, no se adecúan al principio de proporcionalidad o no cumplen los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público.

En segundo lugar, la falta de motivación en la puntuación asignada a los criterios de adjudicación cuantificables mediante juicios de valor, al no justificar las diferencias de valoración entre las ofertas; introducir aspectos no previstos inicialmente en el pliego de cláusulas administrativas particulares; o no aportar los informes técnicos de valoración de las ofertas.

En tercer lugar, el abono de anticipos a cuenta por operaciones preparatorias y acopios, no se ha calculado conforme a la normativa, se ha producido una paralización de la ejecución o se ha incumplido notoriamente el plan de devolución. Además, no se han acreditado suficientemente las causas de las modificaciones de los contratos u otras incidencias relacionadas con los modificados.

Y finalmente, la falta del acta de recepción o, si existe, el no contar esta con las formalidades y en los plazos señalados en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Teniendo en cuenta los resultados del trabajo y la opinión emitida, el Consejo de Cuentas realiza 9 recomendaciones.

•      Entre ellas, la Administración autonómica debería establecer un protocolo que garantice el envío de la documentación preceptiva al perfil de contratante, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, especialmente las Consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; y la Gerencia Regional de Salud.

•      La Administración autonómica, especialmente la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, también debería establecer medios proporcionales y que se adecuen a los requisitos señalados en la normativa, para acreditar la solvencia económico-financiera o la técnica y profesional de los licitadores.

•      Los órganos de contratación, en la elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y los servicios jurídicos en sus informes, deberían incidir en la objetividad de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor y también en la definición y ponderación de los criterios valorables mediante la aplicación de fórmulas, especialmente en los referentes a la oferta económica.

•      Asimismo, los órganos de contratación deberían garantizar que los parámetros seleccionados para identificar las ofertas con valores anormales o desproporcionados, y en especial los de las Consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio; de Movilidad y Transformación Digital; de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; y los de la Gerencia de Servicios Sociales, se ajusten a lo señalado en la normativa.

•      Los miembros de las mesas de contratación deberían asegurarse de que queda constancia en las actas de todas sus actuaciones y de que los informes de los órganos de asesoramiento estén suficientemente desarrollados conforme a los criterios de adjudicación definidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Además, deben velar porque se tramite el procedimiento contradictorio en las exclusiones de candidatos, cuando se presuma que una oferta puede ser anormal o desproporcionada.

•      Por otra parte, los órganos de contratación, en particular los de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, deberían garantizar que los expedientes incluyan toda la documentación relacionada con el inicio y ejecución del contrato, así como extremar los esfuerzos para que estos se cumplan en plazo.

•      La Administración autonómica, especialmente la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y el Instituto Tecnológico Agrario, debería calcular el importe de los anticipos a cuenta por operaciones preparatorias y acopios, de acuerdo con la normativa, así como su seguimiento para asegurar su aplicación en los periodos de tiempo establecidos o, en su caso, la devolución de los importes.

•      Como penúltima recomendación, por los órganos de contratación, especialmente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, debería verificarse la correcta recepción del objeto del contrato, con la elaboración de la correspondiente acta, en los plazos previstos, así como una liquidación y certificación final.

•      Finalmente, las Consejerías de Presidencia; de Economía y Hacienda; y de Sanidad, deberían completar las actuaciones que les competen, sobre la posible imposición de penalidades a los contratistas, en relación con los contratos basados en acuerdos marco de servicios de limpieza y vigilancia.