El Consejo de Cuentas requiere a la Diputación y al Consejo de El Bierzo garantizar el ejercicio de sus competencias con los pequeños municipios

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, requiere a la Diputación de León y al Consejo Comarcal de El Bierzo que lleven a cabo el impulso y refuerzo adecuados en el ejercicio de sus respectivas competencias sobre la prestación de apoyo y asistencia a los pequeños municipios, en sus ámbitos territoriales.

El presidente del órgano fiscalizador autonómico lo subrayó esta tarde en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, en su comparecencia para la presentación de dos informes sobre el sector público local, correspondientes a la provincia de León: el análisis del nivel de prestación y asistencia de la Diputación de León y del Consejo Comarcal de El Bierzo a los pequeños municipios en la etapa 2019-2022.

Con esta decimotercera comparecencia del año, hasta la fecha son 72 las celebradas durante el actual mandato, con 151 informes de los 304 presentados por el Consejo de Cuentas en toda su serie histórica, es decir, la mitad del total. Amilivia apuntó que en lo que va de año se han aprobado 13 informes y la previsión es terminar otros 10 antes de fin de año, hasta sumar 23 en 2025.

Las auditorías presentadas hoy tratan, por un lado, de comprobar la eficacia de las actuaciones orientadas a asegurar la prestación integral y adecuada de los servicios de competencia municipal. Por otro, verificar si se han desplegado las acciones necesarias para implementar las competencias funcionales y materiales que les atribuye la normativa a ambas instituciones, con especial incidencia en aquellas dirigidas a los municipios de menos de 20.000 habitantes, es decir, la gran mayoría de los 211 existentes en la provincia.

Como resultado de los trabajos, que se desglosan en un total de 131 conclusiones, el Consejo de Cuentas recomienda a ambas instituciones impulsar adecuadamente las actuaciones necesarias que permitan garantizar el respeto del principio de legalidad en los ámbitos donde este órgano autonómico de control externo ha observado determinados incumplimientos, que son señalados en las dos auditorías.

En el caso de la Diputación, se anotan cinco actuaciones. La aprobación de presupuesto anual y rendición de cuentas por parte de aquellos entes en los que participa la institución en los supuestos que así venga establecido en la normativa aplicable, como la Agrupación Europea de Cooperación Territorial León-Braganza, así como también la aprobación y contenido de la relación de puestos de trabajo, plantilla orgánica, anexo de personal y registros de personal.

En los otros tres apartados se remarca que la institución provincial debería impulsar la planificación estratégica de subvenciones; el cumplimiento de las obligaciones de transparencia mediante la comunicación a las correspondientes instancias de la información relativa a subvenciones, convenios y costes efectivos; así como la coordinación de servicios obligatorios, cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios.

A mayores, la Diputación debería, priorizar el ejercicio de estas competencias sobre cooperación con los ayuntamientos, asegurando la prestación integral y adecuada de los servicios de competencia municipal en todo el territorio provincial bajo los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales.

 Además, el Consejo de Cuentas recomienda la adaptación de su funcionamiento y dimensionamiento a los cambios introducidos en el ordenamiento jurídico derivados de las modificaciones legales sobre racionalización y sostenibilidad de la Administración.

Por otra parte, debería mejorar la regulación del plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal y otros planes o instrumentos específicos de asistencia y cooperación para la realización de inversiones, actividades y servicios municipales, en la que se incluyan las adecuadas medidas de planificación estratégica.

Con respecto al Consejo Comarcal berciano, las recomendaciones pasan también, por un lado, por el impulso de actuaciones que garanticen el respeto del principio de legalidad, especialmente en los ámbitos de la aprobación y contenido de la RPT, oferta de empleo público, plantillas y anexos de personal y registro; canalización de subvenciones a través de planificación estratégica; cumplimiento de la transparencia en la información sobre subvenciones, costes efectivos, contratos y convenios; y cumplimiento de la rendición de cuentas, así como de los plazos legales de la aprobación de presupuestos.

Por otra parte, debería introducir mejoras en la regulación de los planes de juntas vecinales, en la que se incluyan las adecuadas medidas de planificación estratégica.

Además, en coordinación con la Diputación, debería priorizar el ejercicio de sus competencias a lo establecido en la legislación básica y autonómica sobre régimen local y las leyes reguladoras de los distintos sectores de acción pública en las materias que señala dicha normativa.

Los informes recogen, respectivamente, una recomendación dirigida a la Comunidad Autónoma. En primer lugar, que debería dictar medidas para asegurar la coordinación de los diversos planes provinciales, de acuerdo con lo previsto en la normativa. Además, que la Comunidad debería también adaptar la normativa sobre régimen local a la legislación básica, teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en 2013 por la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Conclusiones sobre la Diputación leonesa. En primer lugar, sobre el ámbito territorial y estructura organizativa de la provincia, hay que recordar que su sector público local lo conforman, además de la Diputación, 211 ayuntamientos, 39 mancomunidades y 1.228 entidades locales menores.

En el periodo fiscalizado, el Palacio de los Guzmanes tenía 5 entes dependientes y adscritos: el Instituto Leonés de Cultura (ILC), los consorcios de Gersul, el de Gestión del Aeropuerto y el del Patronato Provincial de Turismo, así como la Agrupación Europea de Cooperación Territorial León-Braganza.

En los ejercicios fiscalizados, reconoció obligaciones por 154 millones de euros  por los servicios prestados y las actividades realizadas por las diversas áreas de la institución. Por su parte, los derechos reconocidos (aportaciones de los usuarios y subvenciones recibidas) suman 85,9, lo que representa un déficit de financiación global, para todo el periodo analizado, del 44%.

Las actividades que mayores recursos absorben en el análisis realizado son el Servicio de Ayuda a Domicilio (45,5 millones); Centro Nuestra S. del Valle (23,8); Colegio Santa M. Madre Iglesia (17); Estación Invernal San Isidro (14,3); Gestión tributaria y recaudación (13,2) y Residencia María Luisa (13,1).

Durante el periodo fiscalizado, formalizó 447 contratos por 29,6 millones y suscribió 258 convenios con entidades locales.

El análisis presupuestario pone de manifiesto que el presupuesto consolidado se situó entre los 133,5 millones en 2019 y los 152,7 en 2022, liquidando en superávit todos los ejercicios, salvo 2021. Como dato actualizado, cabe añadir que en el ejercicio 2023 alcanzó los 182 millones en ingresos y 149 en gastos, con un resultado presupuestario de 33 millones.

El remanente de tesorería para gastos generales alcanzó en 2022 los 161,6 millones y los fondos líquidos de tesorería llegaron en ese ejercicio a los 220,3. También como datos actualizados, cabe apuntar que en 2023 alcanzó los 196 millones en remanente de tesorería y los 258 en fondos líquidos, al tiempo que permanece sin endeudamiento.

Del total de los gastos en el periodo 2019-2022, que suma 567 millones de euros, el 34% (195 millones), corresponde a transferencias a las entidades locales, absorbiendo la administración general de infraestructuras, con el 89%, la gran mayoría de las transferencias concedidas.

En materia de personal, la Diputación incluyó solo la entidad principal y el Instituto Leonés de Cultura (1.188 y 53 puestos, respectivamente al cierre de 2022), con un 46% de vacantes. Los servicios relacionados con el apoyo a la prestación de servicios municipales (asistencia, cooperación, prevención y extinción de incendios y gestión, inspección y recaudación tributaria) aglutinan sobre el 14% de los efectivos de la RPT.

Con respecto a las funciones de coordinación de los servicios públicos municipales de carácter obligatorio desarrolladas por la institución, se concluye que no ha realizado el análisis de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios en la forma y con el alcance previstos en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, y que tampoco lleva un control sobre la forma de prestación y coste efectivo de los servicios municipales.

En los 4 años fiscalizados concedió 113,7 millones de euros en subvenciones a los municipios dentro del marco del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal. La institución carece de una normativa específica reguladora del Plan de obras y servicios, concretándose dicha regulación en una ordenanza de subvenciones aprobada en 2009 y modificada posteriormente.

Otro apartado de conclusiones es el referido a la prestación de servicios y el ejercicio de actividades en los municipios de la provincia. Al respecto, tampoco ejerce las competencias sobre los servicios de asistencia en los planes económicos-financieros de las entidades locales, ni las de contratación centralizada, ni tampoco desarrolla las funciones respecto a la concesión de créditos por la Caja de Crédito.

En relación con la prevención y extinción de incendios, el Pleno aprobó en 2022 la memoria para la creación y gestión de este servicio, en la que se contemplaban 17 áreas de intervención, sin perjuicio de los convenios formalizados con los ayuntamientos de León y Ponferrada, y con las administraciones de territorios limítrofes para su prestación en favor de municipios menores de 20.000 habitantes.

La Junta financia desde 1985 los servicios de asistencia y asesoramiento establecidos por las diputaciones y por la Comarca de El Bierzo mediante una línea de ayudas. El importe de estas para la Diputación leonesa en el periodo analizado se cifró en 1,5 millones. Específicamente, el coste del personal funcionario de habilitación de carácter nacional para las funciones de Secretaría-Intervención del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación representó el 46,9% de dichas ayudas.

Sobre los costes efectivos de los servicios prestados por la Diputación en los municipios, declaró al Ministerio de Hacienda 308,4 millones a lo largo del periodo analizado, siendo las funciones relacionadas con la evaluación de situaciones de necesidad social y la atención a personas en situación o riesgo de exclusión las que mayores recursos demandaron, con una suma de 162,5 millones.

Finalmente, respecto al ejercicio de otras competencias con incidencia en el ámbito municipal y a servicios de carácter supramunicipal, informó ejercer como competencia delegada la relacionada con la administración y aprovechamiento de bienes patrimoniales de las corporaciones locales, pero sin aportar datos sobre el coste de este servicio.

En cuanto a las competencias atribuidas por la normativa sectorial, una de las ejercidas es la de servicios sociales, con 62,5 millones para el periodo 2020-2023.

Conclusiones sobre el Consejo Comarcal. En el contexto territorial, 38 de los 211 municipios de la provincia se encuentran ubicados en El Bierzo, en los que se encuadran además 284 entidades locales menores. Amilivia destacó que la institución no ha rendido ninguna de las cuentas generales de los 4 ejercicios fiscalizados. La última remitida, la de 2018, fue rendida superando ampliamente el plazo legal, el 7 de noviembre de 2024. Actualizando la información que contiene el informe, tampoco han sido remitidas hasta la fecha las relativas a los ejercicios 2023 y 2024, lo que supone una vulneración sistemática de la normativa.

Por otra parte, a la fecha de conclusión de la auditoría, tampoco había suministrado al Ministerio de Hacienda la información sobre el coste efectivo de los servicios, con el alcance y contenido establecidos en la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, lo que impidió su análisis.

Con respecto a su estructura organizativa, desarrolla sus actividades a través de sus propios servicios internos, sin perjuicio de fórmulas de colaboración vía convenios administrativos con la Comunidad Autónoma y con la Diputación y, en algún caso, a través de su contratación con empresas externas.

Dispone de un ente dependiente (organismo autónomo Patronato de Turismo de la Comarca del Bierzo) y de dos consorcios adscritos (Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses y el del Tren Turístico Ponfeblino).

El Consejo no remitió a la Plataforma de Rendición de Cuentas de las entidades locales la información contractual de ninguno de los 4 ejercicios fiscalizados, incumplimientos que se producen desde 2016. Consultada la Plataforma de Contratación del Sector Público, en la etapa 2018-2023, adjudicó 9 contratos por 1,8 millones, en su gran mayoría para prevención de incendios forestales.

Por otro lado, remitió a la citada Plataforma, fuera del plazo legal, la relación anual de convenios de 2022 con certificación negativa de no haberse formalizado ninguno. El listado incluye 4 convenios suscritos en 2019, 2020 y 2021 con la Diputación por 935 euros para la concesión de subvenciones al funcionamiento del banco de tierras y de otras ayudas para financiar actividades relacionadas con las competencias delegadas de asistencia y cooperación técnica, jurídica y económica en los municipios. Al respecto, el servicio del banco de tierras no tiene la consideración de competencia propia ni delegada.

En el apartado de dotación de personal, la institución carece de una RPT consolidada y actualizada (el número de puestos recogidos en el anexo de personal totalizaba 53 efectivos y otros 7 en el Patronato de Turismo). El 38% de las plazas se encontraban vacantes, además el Consejo no había constituido el Registro de Personal establecido por la normativa como antecedente necesario para la determinación de las nóminas.

En lo referente al análisis presupuestario, los presupuestos de 2019, 2021 y 2022 se aprobaron fuera del plazo legal y el de 2020 no llegó a aprobarse, siendo prorrogado el anterior. El promedio anual fue de 4 millones anuales.

Por otro lado, su remanente de tesorería para gastos generales pasó de 659.128 euros en 2019 a 487.384 en 2022; los fondos líquidos de tesorería pasaron de 1,7 millones en 2017 a 2,8 en 2022. Del total de los gastos en el periodo 2019-2022 (20,6 millones), el 19,5%, es decir, 4 millones, corresponde a transferencias a entidades locales, en su mayoría en el marco de los planes de juntas vecinales.

Las conclusiones referidas a la coordinación de los servicios municipales obligatorios subrayan que el Consejo no realizó el análisis de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su demarcación territorial. En materia de subvenciones, tampoco consta la aprobación de un plan estratégico.

En lo relativo a la prestación de servicios en los municipios, no ejerce varias de las competencias atribuidas por la normativa estatal de carácter básico a las diputaciones o entidades equivalentes como la gestión de la recaudación tributaria, el apoyo a la gestión financiera, administración electrónica y contratación centralizada en los municipios con menos de 20.000 habitantes.

La Junta de Castilla y León, por su parte, financia desde hace 40 años los servicios de asistencia y asesoramiento establecidos por las diputaciones y por la Comarca de El Bierzo mediante una línea de ayudas. Las concedidas al Consejo Comarcal se elevaron a 200.843 euros para cada uno de los ejercicios analizados, sobre un presupuesto anual de 236.286 euros.