Hacienda propone un nuevo modelo de financiación que asigna 271 millones de euros más al año para Castilla y León

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado hoy la propuesta de nuevo modelo de financiación, que recoge los criterios de reparto de los recursos públicos entre las comunidades autónomas. El nuevo modelo se estima que aportará en 2027, año en el que se espera que entrará en vigor, 20.975 millones más de los que obtendrían las comunidades si se mantuviera el modelo vigente. Los recursos totales que este modelo distribuirá en 2027 se estiman en 224.507 millones. En el último año liquidado, que corresponde a 2023, las comunidades autónomas recibieron 152.484 millones del sistema de financiación.

En el caso de Castilla y León el modelo propuesto supondría incrementar en 271 millones al año los recursos que recibe con el sistema de financiación vigente en la actualidad.

Castilla y León es la comunidad que más se beneficia del criterio de población ajustada, que es un 9,7% más elevada que su población real. En concreto, es el territorio que más recursos recibe por la variable de superficie y está entre las primeras en la de dispersión, lo que supone tener en cuenta la despoblación.

Asimismo, Castilla y León también se beneficia de la solidaridad interterritorial, encontrándose entre las comunidades que más recursos perciben de la nivelación horizontal, así como de la nivelación vertical, es decir, de la aportación del Estado. Además, también obtiene financiación del nuevo fondo climático.

En una rueda de prensa en la sede del Ministerio de Hacienda, Montero ha destacado que el modelo propuesto es beneficioso para el conjunto del sistema autonómico porque aumenta los recursos autonómicos para blindar el Estado de Bienestar, refuerza y amplia la solidaridad interterritorial, incrementa la autonomía y corresponsabilidad fiscal, respeta y recoge las singularidades territoriales, garantiza el principio de suficiencia para que todas las comunidades puedan ofrecer servicios públicos de calidad en todo el territorio y reduce las distancias en financiación por habitante.

Montero ha explicado las bases de este nuevo modelo de financiación, cumpliendo así la promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de plantear una financiación más amplia y justa para las CCAA reconociendo a la vez las singularidades de cada territorio. Dicha propuesta ha sido remitida al conjunto de gobiernos autonómicos para su conocimiento, con el fin de que sea debatida y analizada el próximo miércoles en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) extraordinario.

Montero ha destacado que la propuesta refleja “un gran trabajo del equipo del Ministerio de Hacienda, que ha recogido y analizado infinidad de propuestas de parlamentos autonómicos, de expertos o de centros de estudios” para idear un modelo de financiación que responde al “interés general” y que incorpora “unos principios rectores justos, claros y transparentes”. Por este motivo, ha reclamado a las CCAA que acudan a la reunión del CPFF con “espíritu constructivo”.

Bases y principios del nuevo modelo

El nuevo modelo de financiación autonómica incorpora nuevos criterios de reparto, mejoras metodológicas y se circunscribe a principios que para el Ejecutivo son prioritarios: • Se incluye una nueva propuesta de población ajustada que contempla nuevas variables que dan respuesta al reto de la despoblación e incorpora una estratificación más precisa de los grupos de población.

• Incremento de la capacidad tributaria, que eleva la autonomía y la corresponsabilidad fiscal y refuerza el principio de suficiencia.

• Se amplia, refuerza y garantiza la solidaridad interterritorial a través de un mecanismo de nivelación horizontal equitativo, objetivo y transparente.

• La nivelación vertical también queda garantizada con una aportación adicional de la Administración central que permitirá elevar la inversión en sanidad y educación pública y en políticas sociales.

• La mayor autonomía también se refleja en la posibilidad de que las comunidades reciban la recaudación del IVA generado por las pymes en sus territorios.

• El modelo se adapta a las nuevas realidades al incluir un fondo para hacer frente al desafío del cambio climático

• Garantía de statu quo, por el que ninguna CCAA recibe menos que con el anterior modelo. 

• Mecanismo complementario de financiación.

La mejora de la financiación en el caso de la Castilla y León se explica porque es la comunidad que más se beneficia del criterio de población ajustada. También se encuentra entre los territorios que obtienen más recursos de la solidaridad interterritorial, es decir, de la nivelación horizontal, así como de la nivelación vertical, esto es, de la aportación del Estado. Además, recibe financiación del nuevo fondo climático.

Nuevos criterios en la población ajustada

Junto a la mayor aportación del Estado al sistema, uno de los elementos fundamentales del nuevo modelo es el criterio de población ajustada. Este determina el número de habitantes de cada comunidad autónoma ponderando variables que influyen en el coste de los servicios y las necesidades de financiación.

Así, el reparto de los recursos autonómicos se define en función de las características demográficas, socioeconómicas y geográficas de las comunidades autónomas. Por ejemplo, el gasto sanitario será mayor en una comunidad muy envejecida, mientras que otra comunidad tendrá mayores necesidades en educación si tiene mayor proporción de habitantes en edad escolar.

Como ha recordado María Jesús Montero, el Gobierno abrió el pasado mes de febrero con las comunidades un proceso de negociación para actualizar los criterios que determinan la población ajustada. Finalmente, no fue posible alcanzar un consenso y fueron las propias comunidades quienes reclamaron al Ejecutivo que presentara una propuesta, tal y como ha ocurrido. Tras la incorporación de las mejoras metodológicas, las grandes variables que configuran la propuesta mejorada de población ajustada del Gobierno es la siguiente:

Población padrón. Una de las variables más relevantes. Supone el 30% de la ponderación de la población ajustada.

Población protegida equivalente. Pretende representar el gasto sanitario, partida presupuestaria más amplia en el ámbito autonómico. Su peso es del 38%. Para su cálculo, se divide en 20 grupos de edad, dejando atrás los siete del modelo vigente. Esto permite una mayor fiabilidad en la delimitación de los recursos necesarios para los distintos grupos de población. Es decir, los costes sanitarios se aproximan en función de la edad de los beneficiarios.

Educación. Para determinar el gasto educativo se tiene en cuenta el número de habitantes entre 0 y 17 años, cuya ponderación alcanza el 17%. Y, además, se introducen otra dos nuevos criterios, como son el número de habitantes entre 18 y 24 años y el número de alumnos universitarios que se trasladan a estudiar a otras comunidades. Esto reconoce el coste que supone que una comunidad acoja a estudiantes de otras regiones en su sistema educativo. Estas variables suman una ponderación del 3,5%.

Servicios sociales. La base es la población mayor de 65 años, que utiliza mucho más los servicios vinculados a la sanidad o la dependencia. La novedad es que se desglosa en dos tramos, entre 65 y 79 años y mayores de 80 años. La ponderación de esta variable es del 7%. Otra novedad es la adición del número de parados sin prestación, con un peso del 1,5%, como representativa de la pobreza y la exclusión social.

Junto a estos elementos relevantes para determinar la población ajustada, el modelo incluye otros que inciden en el coste de los servicios públicos. Y que ayudarán especialmente a las autonomías que afrontan el reto de la despoblación:

• Superficie. Los kilómetros cuadrados de cada comunidad suponen un 1,6% de la ponderación.

• Dispersión. Tiene un peso del 0,5%. Se determina en función de las entidades singulares de población habitadas.

• Insularidad. Supone un 0,5% en el cálculo.

• Costes fijos. Se trata de un nuevo criterio defendido por numerosas CCAA. Cuenta con una ponderación del 0,4%, beneficia especialmente a comunidades afectadas por la despoblación y reconoce la dificultad existente en algunas comunidades para alcanzar economías de escala debido a su escasa población.

En el ámbito de la población ajustada, Castilla y León es la comunidad más beneficiada, especialmente en las variables de superficie y dispersión, lo que supone tener en cuenta la despoblación.

Incremento de la capacidad tributaria

La mayor parte de los recursos de las comunidades autónomas proceden de los impuestos cedidos y la propuesta presentada por el Gobierno contempla incrementar la capacidad tributaria de todas las comunidades, lo que se traducirá en más ingresos y autonomía. Actualmente, la capacidad tributaria de las comunidades se determina por la recaudación normativa de los siguientes impuestos:

• El 50% del IRPF y el IVA. • El 58% de los impuestos especiales sobre el tabaco, el alcohol, la cerveza e Hidrocarburos.

• El 100% de Impuestos como Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Especial sobre Determinados Medios de Transporte, tributos sobre el juego y el Impuesto sobre la Electricidad. 

Este nuevo modelo de financiación plantea un incremento de esa capacidad tributaria, facilitando así que dispongan de más ingresos y una mayor autonomía fiscal. En concreto, los recursos aumentarán en casi 16.000 millones en 2027.

La modificación más significativa es el incremento de la cesión por IRPF e IVA. Con el nuevo modelo, por IRPF se cedería el 55% y por IVA el 56,5%. Además, se incluirán dentro de los recursos del sistema de financiación los impuestos sobre el Patrimonio, sobre los depósitos bancarios, sobre actividades del juego y sobre el depósito de residuos en vertederos. 

Nivelación horizontal

Como ha señalado Montero, el modelo refuerza y amplía la solidaridad interterritorial. Esto se traduce en garantizar que todas las comunidades alcancen un 75% de la media de recursos por habitante ajustado determinada a partir de su capacidad tributaria.

De esta manera, las comunidades con financiación por habitante ajustado por debajo de la media recibirán más recursos, mientras que las que están por encima de la media aportarán para el bien común del sistema. Esto sirve para, por un lado, garantizar la solidaridad interterritorial y, por otro, reducir las distancias en financiación por habitante.

Nivelación vertical

Este parámetro es el que visibiliza de manera más evidente el compromiso del Gobierno y el Estado con las comunidades autónomas y el Estado de Bienestar. Con una aportación de 19.000 millones, el objetivo inicial es reducir en 2/3 la distancia de cada CCAA respecto a la que tiene más recursos, que es la Comunidad de Madrid. Este cálculo permitirá que aquellas comunidades más alejadas reciban más recursos frente a las que gozan de una mejor posición.

Los recursos que el Estado aporta inicialmente a la nivelación vertical procederán del 5% del rendimiento del IRPF y de una transferencia adicional hasta lograr reducir en 2/3 la distancia de todas las comunidades respecto a la que tiene mayores recursos. 

Resto de elementos

Todos los parámetros anteriores suponen el 99% de los recursos autonómicos, que han quedado asignados tras determinar la capacidad tributaria y establecer los mecanismos de nivelación horizontal y vertical. El modelo contempla otros elementos, pero con menor importancia económica.

• Mecanismo IVA Pymes. Para avanzar en una mayor autonomía y corresponsabilidad fiscal, a la vez que se incentiva el desarrollo económico, las CCAA podrán recibir una parte de la recaudación de IVA generada por las pymes en su territorio. Con esta medida, que deberá ser solicitada por las autonomías, se reconoce el esfuerzo de las comunidades autónomas en el impulso y apoyo a las pequeñas y medianas empresas. La cantidad surge de calcular la diferencia que existe en la comunidad entre el peso relativo del IVA liquidado por las pymes de ese territorio y el índice de consumo. Si el IVA de las pymes supera el índice de consumo, la comunidad recibirá una transferencia positiva por la diferencia. En caso contrario, el importe será negativo. 

Un aspecto relevante es que los fondos de esta fase no son competitivos, por lo que un aumento de recursos en un territorio no implica detraerlos de otro.

• Fondo climático. Ante los desafíos de la crisis climática, se dotará al sistema de financiación de un fondo climático de unos 1.000 millones. Dos tercios del mismo se repartirán entre las autonomías del litoral mediterráneo, las más afectadas por su exposición al calentamiento del Mar Mediterráneo y su efecto sobre el clima. El tercio restante lo recibirán el resto de comunidades. El reparto se realizará bajo el criterio de población ajustada.

• Garantía de statu quo. Existirá un elemento de cierre para garantizar el statu quo, por lo que ninguna comunidad, al inicio de la aplicación del sistema, recibirá menos recursos de los que habría obtenido con el modelo anterior. Este mecanismo se financiará con aportaciones de la Administración central, que aportará a este fin unos 400 millones, que beneficiarán especialmente a Cantabria y Extremadura.

El statu quo es el último elemento del modelo de financiación y que actúa como cierre. En cualquier caso, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda ha desgranado otros aspectos de la propuesta relacionadas con la gestión tributaria y con la financiación de las competencias no homogéneas. 

Mecanismo complementario de financiación

El modelo propuesto establece que la financiación de las competencias no homogéneas pueda proceder de un mayor porcentaje de IVA cedido. Esa cesión adicional se fijará en el año base en función de las que tenga asignada cada comunidad autónoma.

Se trata de un mecanismo opcional. Por lo tanto, si las comunidades lo desean podrán optar por recibir como hasta ahora la financiación de las competencias no homogéneos a través de una transferencia evolucionada por el índice de los ingresos del Estado (ITE).

Como sucede en el caso del IVA Pymes, nuevamente se da a la opción de elegir, lo que refuerza la autonomía de las comunidades y refleja la flexibilidad del nuevo modelo de financiación.

Mayores responsabilidades en la gestión de impuestos

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda ha señalado que la intención del Ejecutivo es reformular el funcionamiento del modelo actual, en el que las comunidades reciben unas entregas a cuenta en función de la previsión de la recaudación tributaria. Un modelo en el que hasta dos años más tarde no se realiza la liquidación definitiva. 

“Queremos abordar con las comunidades una negociación para que las liquidaciones sean antes y se realicen de forma más ágil”, ha señalado en la rueda de prensa en el Ministerio. Bajo esta premisa, Montero ha anunciado que “las comunidades que así lo deseen podrán acogerse a un sistema de caja común o compartida en el que los ingresos del IRPF y otros impuestos llegarán de manera simultánea a la administración estatal y autonómica”. La decisión de participar en este nuevo sistema de pagos se manifestará por cada comunidad en la Comisión Mixta con el Estado y podrá ser modificada cada cinco años.

En la línea de potenciar la cooperación y la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, la vicepresidenta también ha anunciado la intención del Ejecutivo de poner en marcha un nuevo “modelo de gestión en red del sistema impositivo”. El objetivo es que las comunidades autónomas puedan ir asumiendo más competencias gestoras, siempre en coordinación con el Estado. 

Un modelo que reduce las diferencias entre comunidades

Montero ha destacado que este modelo mejora la equidad en la medida en que las diferencias entre la comunidad con más y con menos recursos por habitante ajustado pasa de 1.500 euros con el modelo actual a 477 euros con el sistema propuesto antes de la fase de statu quo. Tras la corrección para que ninguna comunidad reciba menos dinero que con el anterior modelo, las diferencias se sitúan en 700 euros. Es decir, menos de la mitad que el diferencial que arroja el modelo vigente. 

La vicepresidenta primera ha insistido en la idea de que la propuesta del Gobierno beneficia a todas las comunidades autónomas. Y ha avanzado la voluntad del Ejecutivo de habilitar un tramo específico en el Fondo de Compensación Interterritorial para reforzar la financiación de las CCAA y garantizar una aportación adicional a todas las comunidades autónomas que se sitúen por debajo de la media en la financiación por habitante. Montero ha defendido que esta medida tiene una lógica económica evidente. “Si una comunidad está por debajo de la media en financiación por habitante significa que es menos dinámica económicamente y ello se mejora a través de más recursos, pero también con mejores inversiones e infraestructuras”, ha concluido.

Montero ha concluido que las principales fortalezas del modelo son que incrementa los recursos para fortalecer el Estado de Bienestar, respeta las singularidades territoriales, refuerza y garantiza la solidaridad interterritorial, eleva la autonomía y la corresponsabilidad fiscal y hace compatible la coexistencia de mecanismos de negociación multilateral y bilateral.