17/12/2015
El TSJ frena el traslado de tres juzgados a Valencia hasta que no se pongan al día
El informe inicial del CGPJ que proponía la supresión de una sala de instrucción en la capital enervó a los jueces
La creación de tres juzgados de lo Penal en Alzira, Torrent y Paterna se ha demostrado que no fue una buena idea. Sobre el papel, apuntaba bien. El objetivo era reducir los desplazamientos de los ciudadanos.
La propuesta fue concebida durante la etapa en la Conselleria de Justicia de Fernando de Rosa -hoy presidente de la Audiencia- y se materializó con Paula Sánchez de León. No obstante, el hecho de abarcar un amplio territorio, ha terminado por saturarlos.
Por ejemplo, el órgano de Paterna señalaba a tres años vista por el colapso. Esta situación incluso fue denunciada por el fiscal de siniestralidad laboral de Valencia. Los constantes refuerzos tampoco lograron situar estos juzgados en un nivel aceptable de trabajo. Urgía adoptar decisiones.
Una inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado mes de septiembre propuso una primera solución. El plan era traerlos a Valencia y repartir el trabajo actual entre los once penales que juzgan o bien que los recién llegados no cogieran nuevos asuntos. A cambio, había que eliminar uno o dos juzgados de Instrucción, según el dictamen del CGPJ.
Esta propuesta no fue acogida con agrado -como era previsible- por los titulares de los órganos de Instrucción y los Penales de Valencia. Las últimas juntas de jueces de estos juzgados, celebradas hace menos de un mes, se desarrollaron en un ambiente ciertamente crispado.
¿El motivo de este malestar? El presumible incremento en la carga de trabajo. Las estadísticas, en realidad, no están de su lado. Los juzgados de Instrucción se encuentran por debajo del módulo, el baremo que establece el Poder Judicial como óptimo para un órgano.
No obstante, también existe una gran diferencia entre la carga de cada juzgado. El TSJ informó ayer de que se tramitan actualmente 38 macrocausas. En algún supuesto, uno de estos asuntos podría por sí solo mantener plenamente ocupado a un instructor.
El informe del Poder Judicial no era vinculante. De hecho, se pedía al TSJ que se pronunciara con su propio análisis. Y así se hizo. El encargado de este trabajo fue un magistrado de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos Cerón. Su informe se vio en la reunión de la Sala de Gobierno del TSJ el pasado lunes. Respaldaba la idea de trasladar los juzgados a Valencia, pero discrepaba acerca de la desaparición de algún juzgado de Instrucción. En cambio, proponía la creación de un servicio común para las ejecutorias de Penal y el apoyo de dos Jueces de Adscripción Territorial (JAT). Dos profesionales que dependen directamente de la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva.
No hubo acuerdo en este sentido. Durante la reunión se añadieron nuevas ideas. Finalmente ayer se dio el visto bueno. No sólo se pacta la creación de este servicio común y se sustituyen los JAT por dos plazas de magistrado. Además, se adoptó el compromiso de posponer el traslado hasta que estos juzgados se liberen el atasco de asuntos. Es decir, llegarán a Valencia cuando consigan reducir el retraso y situarse en un nivel similar al de la capital del Turia.
La idea del servicio común resulta básica. Cada uno de los cuatro juzgados penales de ejecutorias que hay en la capital (que ahora se encargan de hacer cumplir las sentencias que dictan los once penales de enjuiciamiento) recibirían también los asuntos de Alzira, Paterna y Torrent. Una media de 673 causas más al año.
Para la Sala de Gobierno esta cantidad es «inasumible y llevaría a una situación de paralización de la ejecución penal» si no se crea esta nueve medida que debería estar dotado, «desde su creación», con una plaza de magistrado. El informe aborda también la incidencia que el triple cambio de sede tendrá en los catorce juzgados del mismo orden que existen en la capital. Así, estos profesionales verán incrementado el número de asuntos que reciben. Sobre este punto «la Sala considera que hay que contar previamente con un Juzgado de lo Penal más para atender debidamente la carga de trabajo». Ahora, el informe será enviado a la Comisión Permanente del Poder Judicial, que debería dar el visto bueno.
las provincias
La propuesta fue concebida durante la etapa en la Conselleria de Justicia de Fernando de Rosa -hoy presidente de la Audiencia- y se materializó con Paula Sánchez de León. No obstante, el hecho de abarcar un amplio territorio, ha terminado por saturarlos.
Por ejemplo, el órgano de Paterna señalaba a tres años vista por el colapso. Esta situación incluso fue denunciada por el fiscal de siniestralidad laboral de Valencia. Los constantes refuerzos tampoco lograron situar estos juzgados en un nivel aceptable de trabajo. Urgía adoptar decisiones.
Una inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado mes de septiembre propuso una primera solución. El plan era traerlos a Valencia y repartir el trabajo actual entre los once penales que juzgan o bien que los recién llegados no cogieran nuevos asuntos. A cambio, había que eliminar uno o dos juzgados de Instrucción, según el dictamen del CGPJ.
Esta propuesta no fue acogida con agrado -como era previsible- por los titulares de los órganos de Instrucción y los Penales de Valencia. Las últimas juntas de jueces de estos juzgados, celebradas hace menos de un mes, se desarrollaron en un ambiente ciertamente crispado.
¿El motivo de este malestar? El presumible incremento en la carga de trabajo. Las estadísticas, en realidad, no están de su lado. Los juzgados de Instrucción se encuentran por debajo del módulo, el baremo que establece el Poder Judicial como óptimo para un órgano.
No obstante, también existe una gran diferencia entre la carga de cada juzgado. El TSJ informó ayer de que se tramitan actualmente 38 macrocausas. En algún supuesto, uno de estos asuntos podría por sí solo mantener plenamente ocupado a un instructor.
El informe del Poder Judicial no era vinculante. De hecho, se pedía al TSJ que se pronunciara con su propio análisis. Y así se hizo. El encargado de este trabajo fue un magistrado de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos Cerón. Su informe se vio en la reunión de la Sala de Gobierno del TSJ el pasado lunes. Respaldaba la idea de trasladar los juzgados a Valencia, pero discrepaba acerca de la desaparición de algún juzgado de Instrucción. En cambio, proponía la creación de un servicio común para las ejecutorias de Penal y el apoyo de dos Jueces de Adscripción Territorial (JAT). Dos profesionales que dependen directamente de la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva.
No hubo acuerdo en este sentido. Durante la reunión se añadieron nuevas ideas. Finalmente ayer se dio el visto bueno. No sólo se pacta la creación de este servicio común y se sustituyen los JAT por dos plazas de magistrado. Además, se adoptó el compromiso de posponer el traslado hasta que estos juzgados se liberen el atasco de asuntos. Es decir, llegarán a Valencia cuando consigan reducir el retraso y situarse en un nivel similar al de la capital del Turia.
La idea del servicio común resulta básica. Cada uno de los cuatro juzgados penales de ejecutorias que hay en la capital (que ahora se encargan de hacer cumplir las sentencias que dictan los once penales de enjuiciamiento) recibirían también los asuntos de Alzira, Paterna y Torrent. Una media de 673 causas más al año.
Para la Sala de Gobierno esta cantidad es «inasumible y llevaría a una situación de paralización de la ejecución penal» si no se crea esta nueve medida que debería estar dotado, «desde su creación», con una plaza de magistrado. El informe aborda también la incidencia que el triple cambio de sede tendrá en los catorce juzgados del mismo orden que existen en la capital. Así, estos profesionales verán incrementado el número de asuntos que reciben. Sobre este punto «la Sala considera que hay que contar previamente con un Juzgado de lo Penal más para atender debidamente la carga de trabajo». Ahora, el informe será enviado a la Comisión Permanente del Poder Judicial, que debería dar el visto bueno.
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