01/04/2016
Enrique Ortiz confiesa que financió ilegalmente al PPCV
Enrique Ortiz habría confesado la financiación ilegal del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), según adelanta esta mañana la Cadena Ser. En su escrito de defensa, remitido a la Audiencia Nacional, los abogados del empresario alicantino admitirían las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción y del PSOE, según recoge la emisora.
Mediante facturas falsas, podría haber financiado con hasta 350.000 euros las campañas de las elecciones de 2007 y 2008. Tras esta revelación, el promotor se convierte en el primer empresario que reconoce la presunta financiación fraudulenta de los populares valencianos.
Ortiz, que reconocería integramente la financiación ilegal del PPCV, pide que se rebaje de cuatro años a 15 meses la petición de pena de prisión. El escrito, al que la Cadena Ser asegura que ha tenido acceso, también solicitaría que la pena de cárcel sea sustituida por el pago de una multa y, en caso de que no se atienda su solicitud, "suplica" que el tribunal acuerde la "suspensión de las pena privativa de libertad".
Hace algo más de un mes, el 26 de febrero, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata abrió juicio oral contra 20 personas por delitos electorales, falsedad en documento mercantil y delitos contra la Hacienda Pública. Los hechos que se juzgarán en esta pieza se centran en la financiación del Partido Popular de la Comunidad Valencia (PPCV) entre 2007 y 2008, en concreto por las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.
Entre los 20 acusados, además de Enqrique Ortiz, figuran los responsables de Orange Market y otras empresas del grupo Correa, como el propio Francisco Correa, Pablo Crespo o Álvaro Pérez; cinco ex altoscargos del PPCV como Ricardo Costa, Vicente Rambla, exvicepresidente de la Generalitat con Francisco Camps, David Serra o Yolanda García. Y varios empresarios radicados en la Comunidad Valenciana, como Vicente Cotino, que pudieron financiar, en connivencia con Orange Market, al PPCV.
Según los indicios del juez, sufragaban pagos de servicios adeudados por el PPCV a Orange Market mediante contratos "que presuntamente no tendrían una sustantividad real a modo de contratación de servicios". Estas empresas, entre las que se encontraría el Grupo Ortiz, pertenecían a grupos empresariales beneficiarios de contratos con la Administración Pública Valenciana.
Alicante-Barcelona
La investigación de todos estos años permite concluir, según el juez De la Mata, la existencia de una forma de pago de "carácter dual" por parte del Partido Popular valenciano, abonándose parte de los mismos con dinero oficial (denominado "Alicante" en algunas conversaciones y documentos ) y otra parte presuntamente en dinero "con fondos ajenos al circuito económico financiero oficial (dinero en B denominado "Barcelona). Estas cantidades engrosarían la denominada 'caja B' de Orange Market y la del grupo.
En el desarrollo de esas campañas electorales los acusados no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral prevista legalmente. Con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, " los acusados integrados en el PPCV, cada uno con distintas funciones, contrataron a la mercantil Orange Market servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros. En ambos casos, tales pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad".
las provincias
Mediante facturas falsas, podría haber financiado con hasta 350.000 euros las campañas de las elecciones de 2007 y 2008. Tras esta revelación, el promotor se convierte en el primer empresario que reconoce la presunta financiación fraudulenta de los populares valencianos.
Ortiz, que reconocería integramente la financiación ilegal del PPCV, pide que se rebaje de cuatro años a 15 meses la petición de pena de prisión. El escrito, al que la Cadena Ser asegura que ha tenido acceso, también solicitaría que la pena de cárcel sea sustituida por el pago de una multa y, en caso de que no se atienda su solicitud, "suplica" que el tribunal acuerde la "suspensión de las pena privativa de libertad".
Hace algo más de un mes, el 26 de febrero, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata abrió juicio oral contra 20 personas por delitos electorales, falsedad en documento mercantil y delitos contra la Hacienda Pública. Los hechos que se juzgarán en esta pieza se centran en la financiación del Partido Popular de la Comunidad Valencia (PPCV) entre 2007 y 2008, en concreto por las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008.
Entre los 20 acusados, además de Enqrique Ortiz, figuran los responsables de Orange Market y otras empresas del grupo Correa, como el propio Francisco Correa, Pablo Crespo o Álvaro Pérez; cinco ex altoscargos del PPCV como Ricardo Costa, Vicente Rambla, exvicepresidente de la Generalitat con Francisco Camps, David Serra o Yolanda García. Y varios empresarios radicados en la Comunidad Valenciana, como Vicente Cotino, que pudieron financiar, en connivencia con Orange Market, al PPCV.
Según los indicios del juez, sufragaban pagos de servicios adeudados por el PPCV a Orange Market mediante contratos "que presuntamente no tendrían una sustantividad real a modo de contratación de servicios". Estas empresas, entre las que se encontraría el Grupo Ortiz, pertenecían a grupos empresariales beneficiarios de contratos con la Administración Pública Valenciana.
Alicante-Barcelona
La investigación de todos estos años permite concluir, según el juez De la Mata, la existencia de una forma de pago de "carácter dual" por parte del Partido Popular valenciano, abonándose parte de los mismos con dinero oficial (denominado "Alicante" en algunas conversaciones y documentos ) y otra parte presuntamente en dinero "con fondos ajenos al circuito económico financiero oficial (dinero en B denominado "Barcelona). Estas cantidades engrosarían la denominada 'caja B' de Orange Market y la del grupo.
En el desarrollo de esas campañas electorales los acusados no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral prevista legalmente. Con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, " los acusados integrados en el PPCV, cada uno con distintas funciones, contrataron a la mercantil Orange Market servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros. En ambos casos, tales pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad".
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