06/04/2016
Seis diputados valencianos trabajaron para la fundación encubierta de Chávez
Ni todos los miembros de CEPS son de Podemos ni todos los podemistas integraron la fundación subvencionada millonariamente por el régimen liderado por Hugo Chávez en Venezuela. Pero tan cierto como eso es que importantes dirigentes que actualmente destacan en la esfera política valenciana están vinculados a lo largo de su trayectoria con el Centro de Estudios Políticos y Sociales, y también es verdad que notables miembros de Podemos en la Comunitat forman parte de ese listado.
Como asociación, la institución surgió en 1993. En noviembre de 2000 se constituyó en fundación. A partir de 2003 comenzó a suscribir sustanciosos contratos de colaboración que permitieron a CEPS ingresar cerca de siete millones de euros para promover en España iniciativas políticas afines al gobierno boliviariano de Chávez, según adelantó ayer el diario ABC.
Entre los políticos de la Comunitat que son miembros de la fundación, tuvieron puestos de responsabilidad en CEPS o se beneficiaron de sus convenios de colaboración con Venezuela destacan ocho: Joan Ribó, alcalde de Valencia; los diputados en el Congreso Ángela Ballester, Rubén Martínez y Txema Guijarro; los diputados autonómicos Antonio Montiel, Fabiola Meco e Isaura Navarro, así como Ignacio Blanco, candidato de EU a la Generalitat en las pasadas elecciones autonómicas y ahora integrado en el equipo de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra.
Los seis diputados (tres autonómicos y otros tantos de ámbito nacional) han trabajado en beneficio de la institución y en función de los convenios que durante sus 23 años de historia CEPS ha firmado con diferentes países latinoamericanos. Blanco fue Director de Proyectos de la fundación entre 1999 y 2000, mientras que el alcalde Ribó ha presentado y participado en conferencias organizadas por la entidad.
Los fines de CEPS, recogidos en el Protectorado de Fundaciones, organismo dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, señalan que la fundación pretende «promover el debate y la investigación en el ámbito político-social con el objetivo de lograr una sociedad más justa y solidaria mediante la redistribución de la riqueza, el fomento de la democracia participativa y las garantías efectivas de protección de los derechos humanos». Igualmente, también asegura que su intención es promover «la democracia y el respeto a los derechos humanos», así como cooperar «al diseño de políticas públicas, a la formación de la ciudadanía y a la promoción de un sistema educativo de calidad acorde con los valores de una sociedad democrática y solidaria», además de apostar por «la integración pacífica y la cooperación política, social y económica de los pueblos, especialmente en Europa». Hasta aquí lo registrado en el Ministerio de Educación. Lo reflejado en los documentos que ABC recoge en su edición de ayer señala, no obstante, que el objetivo de la millonaria ayuda del Gobierno de Venezuela a CEPS no era tan genérico.
El ministro del Poder Popular para las Finanzas, Rafael Isea, redactó un informe titulado ‘Punto de cuenta al Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela’, con fecha 28 de mayo de 2008, y aprobado por el propio Chávez donde se señala: «Adicionalmente, según lo acordado en el referido consejo de ministros, el consiguiente apoyo económico que significará para la Fundación CEPS esta contratación permitirá estrechar lazos y compromisos con reconocidos representantes de las escuelas de pensamiento de izquierdas, fundamentalmente anticapitalistas, que en España puedan crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún más afines al gobierno boliviariano».
El documento ministerial solicita la aprobación de recursos para contratar a la institución con sede en Valencia durante el periodo 2008-2010, si bien el informe desgrana las colaboraciones con CEPS, remontándose hasta 2003. Durante los cuatro primeros años de esta fructífera relación, Venezuela invirtió en la actividad de la fundación 2,68 millones de euros, para 2008 se pedía a Chávez liberar 1,65 millones más, mientras que entre 2009 y 2011 se financió las actividades de CEPS con 2,83 millones. En total, 7,16 millones de euros entre 2003 y 2011, según sostiene ABC.
El alcalde de Valencia, Joan Ribó, es miembro de CEPS, según confirmaron ayer a este periódico fuentes de la fundación, que recalcan que entre los colaboradores con a la institución no sólo hay miembros de Podemos, pues también se dan «personas que pertenecen a otras fuerzas políticas como el PSOE, IU, Compromís o que no tienen adscripción política manifiesta». En el caso de Ribó, así como el de Isaura Navarro (que ofreció asesorías al gobierno venezolano en 2008 en virtud de los convenios firmados por el Ejecutivo chavista y CEPS), son miembros de Compromís y antes los fueron de EU. Ribó consta como participante en diferentes conferencias y actividades organizadas por la fundación, en las que algunos casos ofició de presentador del ponente.
El diputado nacional Rubén Martínez Dalmau es uno de los fundadores de CEPS. Profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de Valencia, integró la candidatura de Compromís/Podemos en las elecciones nacionales por Alicante, lo que le valió el escaño que ahora ocupa. Anteriormente, trabajó como consultor en varios países latinoamericanos. Otro miembro del Congreso, Txema Guijarro, que ocupó el número cinco por Valencia en la candidatura de podemistas y nacionalistas, también ha participado en numerosas actividades en Latinoamérica en representación de la fundación CEPS. Guijarro tiene raíces familiares en Castellón, sus padres tienen casa en Alcossebre, si bien entre 2008 y 2014 trabajó como asesor político y demoscópico en varios países de Suramérica, el mismo tiempo que militó en CEPS. Ángela Ballester también es diputada nacional por la misma candidatura y declara ingresos provenientes de su actividad en CEPS por valor de 17.000 euros, fue responsable en la fundación del área de Sensibilización y Cooperación del área de América Latina. El síndic en Les Corts de Podemos, Antonio Montiel, por su parte, fue en su momento responsable del área de Cooperación para la Democracia Local de la fundación y también realizó labores de asesoramiento en Latinoamérica. Por último, Fabiola Meco, diputada autonómica del partido morado, ocupa puestos de responsabilidad en CEPS desde hace años. Meco, actualmente, es tesorera de la fundación.
las provincias
Como asociación, la institución surgió en 1993. En noviembre de 2000 se constituyó en fundación. A partir de 2003 comenzó a suscribir sustanciosos contratos de colaboración que permitieron a CEPS ingresar cerca de siete millones de euros para promover en España iniciativas políticas afines al gobierno boliviariano de Chávez, según adelantó ayer el diario ABC.
Entre los políticos de la Comunitat que son miembros de la fundación, tuvieron puestos de responsabilidad en CEPS o se beneficiaron de sus convenios de colaboración con Venezuela destacan ocho: Joan Ribó, alcalde de Valencia; los diputados en el Congreso Ángela Ballester, Rubén Martínez y Txema Guijarro; los diputados autonómicos Antonio Montiel, Fabiola Meco e Isaura Navarro, así como Ignacio Blanco, candidato de EU a la Generalitat en las pasadas elecciones autonómicas y ahora integrado en el equipo de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra.
Los seis diputados (tres autonómicos y otros tantos de ámbito nacional) han trabajado en beneficio de la institución y en función de los convenios que durante sus 23 años de historia CEPS ha firmado con diferentes países latinoamericanos. Blanco fue Director de Proyectos de la fundación entre 1999 y 2000, mientras que el alcalde Ribó ha presentado y participado en conferencias organizadas por la entidad.
Los fines de CEPS, recogidos en el Protectorado de Fundaciones, organismo dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, señalan que la fundación pretende «promover el debate y la investigación en el ámbito político-social con el objetivo de lograr una sociedad más justa y solidaria mediante la redistribución de la riqueza, el fomento de la democracia participativa y las garantías efectivas de protección de los derechos humanos». Igualmente, también asegura que su intención es promover «la democracia y el respeto a los derechos humanos», así como cooperar «al diseño de políticas públicas, a la formación de la ciudadanía y a la promoción de un sistema educativo de calidad acorde con los valores de una sociedad democrática y solidaria», además de apostar por «la integración pacífica y la cooperación política, social y económica de los pueblos, especialmente en Europa». Hasta aquí lo registrado en el Ministerio de Educación. Lo reflejado en los documentos que ABC recoge en su edición de ayer señala, no obstante, que el objetivo de la millonaria ayuda del Gobierno de Venezuela a CEPS no era tan genérico.
El ministro del Poder Popular para las Finanzas, Rafael Isea, redactó un informe titulado ‘Punto de cuenta al Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela’, con fecha 28 de mayo de 2008, y aprobado por el propio Chávez donde se señala: «Adicionalmente, según lo acordado en el referido consejo de ministros, el consiguiente apoyo económico que significará para la Fundación CEPS esta contratación permitirá estrechar lazos y compromisos con reconocidos representantes de las escuelas de pensamiento de izquierdas, fundamentalmente anticapitalistas, que en España puedan crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún más afines al gobierno boliviariano».
El documento ministerial solicita la aprobación de recursos para contratar a la institución con sede en Valencia durante el periodo 2008-2010, si bien el informe desgrana las colaboraciones con CEPS, remontándose hasta 2003. Durante los cuatro primeros años de esta fructífera relación, Venezuela invirtió en la actividad de la fundación 2,68 millones de euros, para 2008 se pedía a Chávez liberar 1,65 millones más, mientras que entre 2009 y 2011 se financió las actividades de CEPS con 2,83 millones. En total, 7,16 millones de euros entre 2003 y 2011, según sostiene ABC.
El alcalde de Valencia, Joan Ribó, es miembro de CEPS, según confirmaron ayer a este periódico fuentes de la fundación, que recalcan que entre los colaboradores con a la institución no sólo hay miembros de Podemos, pues también se dan «personas que pertenecen a otras fuerzas políticas como el PSOE, IU, Compromís o que no tienen adscripción política manifiesta». En el caso de Ribó, así como el de Isaura Navarro (que ofreció asesorías al gobierno venezolano en 2008 en virtud de los convenios firmados por el Ejecutivo chavista y CEPS), son miembros de Compromís y antes los fueron de EU. Ribó consta como participante en diferentes conferencias y actividades organizadas por la fundación, en las que algunos casos ofició de presentador del ponente.
El diputado nacional Rubén Martínez Dalmau es uno de los fundadores de CEPS. Profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de Valencia, integró la candidatura de Compromís/Podemos en las elecciones nacionales por Alicante, lo que le valió el escaño que ahora ocupa. Anteriormente, trabajó como consultor en varios países latinoamericanos. Otro miembro del Congreso, Txema Guijarro, que ocupó el número cinco por Valencia en la candidatura de podemistas y nacionalistas, también ha participado en numerosas actividades en Latinoamérica en representación de la fundación CEPS. Guijarro tiene raíces familiares en Castellón, sus padres tienen casa en Alcossebre, si bien entre 2008 y 2014 trabajó como asesor político y demoscópico en varios países de Suramérica, el mismo tiempo que militó en CEPS. Ángela Ballester también es diputada nacional por la misma candidatura y declara ingresos provenientes de su actividad en CEPS por valor de 17.000 euros, fue responsable en la fundación del área de Sensibilización y Cooperación del área de América Latina. El síndic en Les Corts de Podemos, Antonio Montiel, por su parte, fue en su momento responsable del área de Cooperación para la Democracia Local de la fundación y también realizó labores de asesoramiento en Latinoamérica. Por último, Fabiola Meco, diputada autonómica del partido morado, ocupa puestos de responsabilidad en CEPS desde hace años. Meco, actualmente, es tesorera de la fundación.
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