25/04/2016
La UE reclama al Gobierno que ponga en marcha las desalinizadoras de la Comunitat
El Ejecutivo de Zapatero se gastó 540 millones en cinco plantas que funcionan bajo mínimos por la falta de demanda
El pasado febrero un grupo de europarlamentarios de la comisión de peticiones del Parlamento Europeo invitados por la Plataforma en Defensa del Tajo se plantaron en distintas localidades toledanas para estudiar la situación del río. El borrador del informe que han elaborado se centra en dos puntos, según recoge Europa Press. Por un lado, reclaman el incremento del caudal ecológico y por otro, instan al Gobierno a poner en marcha las cinco desalinizadoras construidas por el Programa Agua y que en la actualidad funcionan bajo mínimos.
El Gobierno de Rodríguez Zapatero impulsó la construcción de las plantas en 2004 (Oropesa, Moncófar, Sagunt, Mutxamel y Torrevieja) con un coste de 540 millones y hasta ahora sólo dos están en marcha y muy por debajo de su capacidad total de producción. El principal problema es que no encuentran clientes por su alto coste.
Los regantes, y sólo gracias a las subvenciones del decreto de sequía, comprarán este año 30 hectómetros cúbicos de la desalinizadora de Torrevieja. La de Mutxamel funciona a un ritmo mucho menor mientras que las de Oropesa, Moncófar y Sagunt todavía no se han puesto en marcha.
El retraso de su puesta de funcionamiento ha supuesto que se pierda la subvención de 55 millones de euros que la UE concedió para construir la planta de Torrevieja, que supuso una inversión de 300 millones.
La situación se puede volver a repetir, ya que si las dos desalinizadoras de Castellón no se ponen en marcha en menos de un año perderán la ayuda europea de 35 millones.
Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente subrayaron ayer que el informe de los europarlamentarios viene a coincidir con las demandas que está realizando el Consell para impulsar el uso de las desalinizadoras en la Comunitat.
En una carta remitida al Ministerio el pasado mes de febrero Elena Cebrián insistía en esta línea y animaba al Gobierno a utilizar energías alternativas para minimizar impacto medioambientales y costes.
En cambio, la interpretación que los regantes es bien distinta. Consideran que se trata de un nuevo ataque contra el trasvase Tajo-Segura.
Para ellos la desalinización no es una solución aceptable por su alto coste (hasta 10 veces más cara que el agua del trasvase) y por la escasa calidad del agua, ya que para el riego tendría que ser mezclada con la procedente del trasvase. Incluso desde algunos municipios se está cuestionando el uso para abastecimiento urbano, ya que se prevé que dispararía el recibo de los vecinos.
Dinamitar el Tajo-Segura
Los regantes consideran que el aumento de caudal que reclaman los eurodiputados en el informe es un torpedo contra la línea de flotación del trasvase al Segura.
El incremento del caudal ecológico hasta los 500 o 600 hectómetros cúbicos haría imposible continuar con los trasvases. En este sentido, el presidente de los regantes valencianos, José Andújar, subrayó que los embalses del Tajo se encuentran al 70% de su capacidad, «pero nunca lo dicen. Siempre se refieren a que Entrepeñas y Buendía están al 25%». Pero entre sólo estos dos almacenan cerca de 550 hectómetros cúbicos más que las reservas del Segura.
Los regantes apuntaron que el río tiene agua de sobra tanto en la cabecera como en el cauce medio y denunciaron que hay una campaña para acabar con este trasvase. En este sentido, Andújar se refirió al escrito dirigido al Congreso el jueves por 17 entidades que sólo cuestiona la transferencia del Tajo sin mencionar ninguna de las otras que hay en España.
La comisión que visitó el Tajo en febrero estaba compuesta por 11 eurodiputados, 8 de ellos integrantes de la comisión de peticiones de la Eurocámara. De ellos, cinco forman parte de los grupos de Izquierda Unitaria, de Los Verdes y del movimiento de Beppe Grillo. Los otros tres pertenecen a los populares europeos.
Estuvieron acompañados por tres eurodiputados españoles, dos socialistas y uno del PP. Entre ellos se encuentra Sergio Gutiérrez perteneciente al PSOE de Castilla-La Mancha cuyo gobierno está frontalmente en contra del Tajo-Segura.
las provincias
El Gobierno de Rodríguez Zapatero impulsó la construcción de las plantas en 2004 (Oropesa, Moncófar, Sagunt, Mutxamel y Torrevieja) con un coste de 540 millones y hasta ahora sólo dos están en marcha y muy por debajo de su capacidad total de producción. El principal problema es que no encuentran clientes por su alto coste.
Los regantes, y sólo gracias a las subvenciones del decreto de sequía, comprarán este año 30 hectómetros cúbicos de la desalinizadora de Torrevieja. La de Mutxamel funciona a un ritmo mucho menor mientras que las de Oropesa, Moncófar y Sagunt todavía no se han puesto en marcha.
El retraso de su puesta de funcionamiento ha supuesto que se pierda la subvención de 55 millones de euros que la UE concedió para construir la planta de Torrevieja, que supuso una inversión de 300 millones.
La situación se puede volver a repetir, ya que si las dos desalinizadoras de Castellón no se ponen en marcha en menos de un año perderán la ayuda europea de 35 millones.
Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente subrayaron ayer que el informe de los europarlamentarios viene a coincidir con las demandas que está realizando el Consell para impulsar el uso de las desalinizadoras en la Comunitat.
En una carta remitida al Ministerio el pasado mes de febrero Elena Cebrián insistía en esta línea y animaba al Gobierno a utilizar energías alternativas para minimizar impacto medioambientales y costes.
En cambio, la interpretación que los regantes es bien distinta. Consideran que se trata de un nuevo ataque contra el trasvase Tajo-Segura.
Para ellos la desalinización no es una solución aceptable por su alto coste (hasta 10 veces más cara que el agua del trasvase) y por la escasa calidad del agua, ya que para el riego tendría que ser mezclada con la procedente del trasvase. Incluso desde algunos municipios se está cuestionando el uso para abastecimiento urbano, ya que se prevé que dispararía el recibo de los vecinos.
Dinamitar el Tajo-Segura
Los regantes consideran que el aumento de caudal que reclaman los eurodiputados en el informe es un torpedo contra la línea de flotación del trasvase al Segura.
El incremento del caudal ecológico hasta los 500 o 600 hectómetros cúbicos haría imposible continuar con los trasvases. En este sentido, el presidente de los regantes valencianos, José Andújar, subrayó que los embalses del Tajo se encuentran al 70% de su capacidad, «pero nunca lo dicen. Siempre se refieren a que Entrepeñas y Buendía están al 25%». Pero entre sólo estos dos almacenan cerca de 550 hectómetros cúbicos más que las reservas del Segura.
Los regantes apuntaron que el río tiene agua de sobra tanto en la cabecera como en el cauce medio y denunciaron que hay una campaña para acabar con este trasvase. En este sentido, Andújar se refirió al escrito dirigido al Congreso el jueves por 17 entidades que sólo cuestiona la transferencia del Tajo sin mencionar ninguna de las otras que hay en España.
La comisión que visitó el Tajo en febrero estaba compuesta por 11 eurodiputados, 8 de ellos integrantes de la comisión de peticiones de la Eurocámara. De ellos, cinco forman parte de los grupos de Izquierda Unitaria, de Los Verdes y del movimiento de Beppe Grillo. Los otros tres pertenecen a los populares europeos.
Estuvieron acompañados por tres eurodiputados españoles, dos socialistas y uno del PP. Entre ellos se encuentra Sergio Gutiérrez perteneciente al PSOE de Castilla-La Mancha cuyo gobierno está frontalmente en contra del Tajo-Segura.
las provincias
