25/07/2016
Quince procesados por una estafa de cuatro millones con falsas ofertas de trabajo y sexo
El Grupo de Delitos Telemáticos de la de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apresó en un primer momento a once personas en el marco de la ‘Operación Telemensaje’ en abril del año 2015. Fruto de las pesquisas iniciadas por la alarma general puesta de manifiesto, sobre todo en foros de internet, los investigadores dieron con la firma Ocioterapia SL, con domicilio social en Valencia, pero registrada en la Avenida Doctor Gadea de Alicante. Cuando los agentes acudieron a requerir documentación para indagar el posible fraude se toparon con que la sede, que parecía haberse mudado a Sueca, se encontraba cerrada desde hacía años.
Los perjudicados recibían los anzuelos en sus teléfonos en forma de textos como que «te estoy escribiendo por WhatsApp. Dime si te llegan mis mensajes. ¿Me agregaste el otro día?», «ponte en contacto conmigo para la segunda entrevista de trabajo» o como «hola, esas fotos calentitas que tanto te gustan… ¿tienes internet en el móvil para verlas?». Los usuarios, engañados y confundidos, contestaban al número de tarificación especial desconociendo que los mensajes estaban cargados de pagos adicionales.
Además de este ‘modus operandi’, los investigadores detectaron que con la campaña de las falsas entrevistas de trabajo, los afectados recibían una llamada perdida. Una vez la devolvían, un contestador invitaba a la persona a enviar un SMS para concertar las entrevistas trampa. Un gancho utilizado en una de las épocas de mayor paro que atraviesa el país.
La trama se encontraba perfectamente organizada desde la cúspide de la pirámide hasta los testaferros, al menos cinco de los imputados. En medio, un equipo de abogados colegiados, asesores financieros, informáticos y ‘chateadoras’ encargadas de responder cada mensaje de los estafados formaban el presunto entramado criminal desmantelado por la Guardia Civil. Además, los jefes de la red se valieron de su equipo para crear toda una serie de empresas pantalla que les valía para zafarse de las denuncias interpuestas de las víctimas, según la investigación sumarial.
De ese modo, los encausados habían logrado esquivar a la Justicia a base de pequeños pleitos por juicios de faltas por los que resultaban condenados los hombres de paja de la trama y las mercantiles pantalla. Así, amasaron un patrimonio que les permitió llevar un tren de vida de viviendas de lujo, joyas o los vehículos más potentes del mercado.
Poco importaban los destinatarios de los mensajes SMS, ya que el envío indiscriminado se hacía desde el centro operativo de la banda en Alicante, un ‘call center’ en el que, según la Guardia Civil, los cabecillas explotaban a los empleados. Muchas de estas personas carecían de recursos económicos. Las campañas fraudulentas se lanzaban de forma tan masiva y usaban todo tipo de artimañas de modo que, incluso, un hijo de uno de los principales investigados cayó en la trampa gestada por su padre.
Recurrida ante la Audiencia
En un auto fechado en diciembre del año pasado, pero que se ha dado a conocer ahora, el instructor advierte los suficientes indicios de delito como para mantener los cargos a los quince investigados. Por ello, el Juzgado de Instrucción 5 solicita al Ministerio Público que formule la acusación formal y la petición concreta de penas, la apertura de juicio oral o, en su caso, el sobreseimiento provisional del caso. No obstante, según las fuentes consultadas, la resolución se encuentra recurrida por las defensas en la Audiencia Nacional, motivo por el que la causa se mantiene en suspenso.
La investigación, a la que ha tenido acceso este diario, revela el empleo de una veintena de empresas a las que se transfería buena parte de los jugosos ingresos. Gracias a «una compleja serie de transacciones» con el único fin de generar confusión y «complicar el rastreo documental», los reos supuestamente dividían las cantidades obtenidas con las cientos de miles de microestafas. No obstante, la trama debía lograr crear apariencia de legalidad que solo conseguían gracias a más transacciones.
¡Todos sacaban su parte. De hecho, a los hermanos le detectan más de 400.000 euros en el transcurso de la investigación judicial, pero no son los únicos a los que cazan con un abultado saldo bancario. El letrado presuntamente implicado se llevaba 2.000 euros mensuales. Así, al jefe de los informáticos le pillan con 79.000 euros recibidos por presuntamente crear las campañas de estafa. Igualmente, a su subalterno le encuentran casi 52.000 euros por los servicios prestados para las firmas investigadas.
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