25/07/2016
La justicia abre la puerta a que Bankia responda por la quiebra del Banco de Valencia
Las herencias envenenadas que dejaron los gestores anteriores del grupo BFA-Bankia aún pueden seguir deparando sorpresas más que desagradables a sus sucesores, designados por el Gobierno actual en funciones y encabezados por José Ignacio Goirigolzarri. El último frente reabierto -en la entidad ya contaban con que podría traerle problemas, pero oficialmente no tenían constancia judicial de ello- es el del Banco de Valencia, que fue presidido por José Luis Olivas, corresponsable junto a Rodrigo Rato del 'titanic' financiero en que Bankia terminó convirtiéndose hasta su rescate. Las diligencias penales donde se investiga la actuación aparentemente irregular de los antiguos responsables del Banco de Valencia fueron abiertas en la primavera de 2013 y se centran en varios delitos, fundamentalmente societarios, entre ellos administración desleal y de falsedad contable. La primera lista de imputados (ahora 'investigados'), dictada en noviembre por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, incluyó a 13 personas, entre ellas Olivas, exvicepresidente de Bankia -así como expresidente de Bancaja y Banco de Valencia-; Domingo Parra, exconsejero delegado de esa entidad; y Aurelio Izquierdo, consejero que terminó siendo presidente del banco.
Pero la instrucción estuvo bloqueada algo más de un año, algo difícil de entender tratándose de un banco que recibió una inyección de 5.500 millones de las arcas públicas -a través del FROB- para evitar su quiebra. Ni el Banco de España ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores aportaron a la causa los peritos demandados por el juez -quien, a su vez, instaba a las acusaciones a financiar su coste si no querían que las diligencias se paralizaran-, al igual que tampoco lo hizo Hacienda.
Tan solo contó con la colaboración de los técnicos de la Intervención General del Estado (IGAE), a los que en última instancia se unió un inspector del supervisor bancario para revisar varias operaciones inmobiliarias y de crédito bajo sospecha. Pero el juez aún no ha podido citar a esos peritos para que ratifiquen sus conclusiones preliminares, al igual que tampoco lo ha hecho con los miembros del Banco de España que revisaron en su día las cuentas del Banco de Valencia. Primero esgrimió que no disponía «aún» de los «medios técnicos e informáticos necesarios» para grabar las comparecencias, y más tarde alegó que no contaba con un lugar suficientemente amplio para dar cabida durante las declaraciones a todas las partes personadas.
La causa, no obstante, sí se ha ido moviendo en los últimos meses -en diciembre, el magistrado la declaró «compleja» para poder ampliar la instrucción 18 meses más-, aunque haya sido casi a cuentagotas. Y una de las últimas resoluciones judiciales precisamente abre la puerta a que Bankia sea declarada responsable civil subsidiaria del agujero de Banco de Valencia. Tras desestimar en un primer momento esa posibilidad, Pedraz cambió de criterio a principios de junio y en un breve auto decidía la personación de Bankia Habitat «en calidad de defensa». Entre los querellados iniciales del caso ya figuraba un consejero nombrado por dicha sociedad, José Luis Quesada.
La auditora, responsable
Bankia, no obstante, no estaría sola si al final este caso termina en un juicio. La auditora Deloitte también figura, a priori, como responsable civil subsidiaria a raíz de la imputación de su socio Miguel Monferrer, quien supervisó la revisión de las cuentas del Banco de Valencia en 2009 y 2010. En sus informes no mencionó nada de las «numerosas deficiencias en la gestión del riesgo de crédito, particularmente en las refinanciaciones» que la IGAE sí apreciaría años después al revisar los mismos estados contables a petición del juez.
La responsabilidad primera correspondería a los propios directivos del grupo en aquella época. Según el informe de los dos inspectores del Banco de España que actúan como peritos judiciales en el 'caso Bankia', y que también revisaron en parte las cuentas de la entidad levantina, «su deterioro tenía que ser conocido necesariamente por los miembros del consejo de administración de BFA y Bankia originarios de Bancaja», que era el principal accionista de Banco de Valencia. Aquellos expertos concluyeron que los estados financieros de la sociedad al cierre de 2010 «ya no expresaban su imagen fiel», entre otras cosas porque había ocultado unas pérdidas de 922 millones.
Pedraz, en otro auto de junio, considera «verosímil, sin perjuicio de establecer claramente una futura calificación jurídica», que su consejo formulara «a sabiendas» unas cuentas «falsas». Esta condición devendría, según los querellantes, de «no valorar sus activos conforme a la normativa» y de «ocultar pérdidas con trascendencia significativa en los resultados», todo ello «con la finalidad de engañar a los mercados». El final de la instrucción, aún en mantillas, confirmará o estas sospechas indiciarias.
las provincias
Pero la instrucción estuvo bloqueada algo más de un año, algo difícil de entender tratándose de un banco que recibió una inyección de 5.500 millones de las arcas públicas -a través del FROB- para evitar su quiebra. Ni el Banco de España ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores aportaron a la causa los peritos demandados por el juez -quien, a su vez, instaba a las acusaciones a financiar su coste si no querían que las diligencias se paralizaran-, al igual que tampoco lo hizo Hacienda.
Tan solo contó con la colaboración de los técnicos de la Intervención General del Estado (IGAE), a los que en última instancia se unió un inspector del supervisor bancario para revisar varias operaciones inmobiliarias y de crédito bajo sospecha. Pero el juez aún no ha podido citar a esos peritos para que ratifiquen sus conclusiones preliminares, al igual que tampoco lo ha hecho con los miembros del Banco de España que revisaron en su día las cuentas del Banco de Valencia. Primero esgrimió que no disponía «aún» de los «medios técnicos e informáticos necesarios» para grabar las comparecencias, y más tarde alegó que no contaba con un lugar suficientemente amplio para dar cabida durante las declaraciones a todas las partes personadas.
La causa, no obstante, sí se ha ido moviendo en los últimos meses -en diciembre, el magistrado la declaró «compleja» para poder ampliar la instrucción 18 meses más-, aunque haya sido casi a cuentagotas. Y una de las últimas resoluciones judiciales precisamente abre la puerta a que Bankia sea declarada responsable civil subsidiaria del agujero de Banco de Valencia. Tras desestimar en un primer momento esa posibilidad, Pedraz cambió de criterio a principios de junio y en un breve auto decidía la personación de Bankia Habitat «en calidad de defensa». Entre los querellados iniciales del caso ya figuraba un consejero nombrado por dicha sociedad, José Luis Quesada.
La auditora, responsable
Bankia, no obstante, no estaría sola si al final este caso termina en un juicio. La auditora Deloitte también figura, a priori, como responsable civil subsidiaria a raíz de la imputación de su socio Miguel Monferrer, quien supervisó la revisión de las cuentas del Banco de Valencia en 2009 y 2010. En sus informes no mencionó nada de las «numerosas deficiencias en la gestión del riesgo de crédito, particularmente en las refinanciaciones» que la IGAE sí apreciaría años después al revisar los mismos estados contables a petición del juez.
La responsabilidad primera correspondería a los propios directivos del grupo en aquella época. Según el informe de los dos inspectores del Banco de España que actúan como peritos judiciales en el 'caso Bankia', y que también revisaron en parte las cuentas de la entidad levantina, «su deterioro tenía que ser conocido necesariamente por los miembros del consejo de administración de BFA y Bankia originarios de Bancaja», que era el principal accionista de Banco de Valencia. Aquellos expertos concluyeron que los estados financieros de la sociedad al cierre de 2010 «ya no expresaban su imagen fiel», entre otras cosas porque había ocultado unas pérdidas de 922 millones.
Pedraz, en otro auto de junio, considera «verosímil, sin perjuicio de establecer claramente una futura calificación jurídica», que su consejo formulara «a sabiendas» unas cuentas «falsas». Esta condición devendría, según los querellantes, de «no valorar sus activos conforme a la normativa» y de «ocultar pérdidas con trascendencia significativa en los resultados», todo ello «con la finalidad de engañar a los mercados». El final de la instrucción, aún en mantillas, confirmará o estas sospechas indiciarias.
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